Redacción Canal Abierto | Un amplio arco de organizaciones sindicales, políticas, sociales y de derechos humanos partirá el próximo lunes hacia Bolivia en una una misión humanitaria con el fin de relevar denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas que se vienen desarrollando en el país vecino desde hace cinco semanas.
La travesía, cuyo regreso está previsto para el jueves 18, fue anunciada en una conferencia de prensa realizada en la sede nacional de la CTA Autónoma. “La intención es llevar la solidaridad del pueblo argentino y poder observar y monitorear las violaciones de derechos humanos que se están dando en el contexto de las protestas”, señaló María José Cano, directora de Derechos Humanos de la organización anfitriona, quien integrará la comitiva.
La misión, según explicaron sus impulsores, surgió a partir del pedido expreso de organizaciones sociales, legisladores, dirigentes bolivianos y residentes bolivianos en Argentina, alarmados por los hechos recientes y que solicitaron “la presencia de una misión internacional que pueda constatar todas las violaciones a los derechos humanos que se están produciendo”
Entre las denuncias que, según los convocantes, llegan desde el país vecino, se mencionan al menos diez asesinatos, decenas de heridos por la represión —con denuncias de falta de asistencia médica—, la detención de dirigentes sindicales y territoriales, más de 300 detenciones consideradas arbitrarias, secuestros de dirigentes campesinos y de pueblos originarios, y el uso de fuerzas parapoliciales por parte del gobierno de Rodrigo Paz Pereira. Además, se denunció la existencia de presos políticos con acusaciones de torturas en los lugares de detención, así como la estigmatización de los manifestantes, a quienes el propio presidente habría calificado como «narcoterroristas». Los organizadores también manifestaron su preocupación por el intento de declarar el estado de excepción, que a su juicio profundizaría las restricciones a las libertades democráticas.
La delegación anunció que mantendrá un diálogo permanente con las organizaciones locales y que, al finalizar la misión, presentará un informe detallado con los testimonios relevados y las observaciones realizadas.
Además de María José Cano, la delegación estará integrada por Juan Marino, Matías Nicolás Gayol, Soledad Mosquera, Alejandrina Barry, Ailén Beraldo, Ingrid Natali Urrutia, Martín Illanez, Andre Reile, Arzamendio Facundo Nahuel, Matías Bohl y Cesar Villca Tupa, entre otros.
La misión cuenta con el respaldo de la CTA Autónoma y reúne a una amplia variedad de organizaciones argentinas, entre ellas: Partido Piquetero, Ademys, Izquierda Socialista, CEPRODH, PTS, Partido Comunista, Partido Obrero, PDT, MST, ATE, Movimiento Barrios de Pie, Liga por los Derechos Humanos, Coordinadora Americana por los derechos de los Pueblos, PCR, Federación Nacional Campesina, CISPREN, y Marcha por la Vida para Salvar Bolivia – Argentina, entre otras.
Organismos de derechos humanos argentinos —que han señalado la experiencia de la última dictadura en el país como antecedente— consideran que este tipo de misiones internacionales contribuyen a visibilizar prácticas represivas y a promover su cese.
