Redacción Canal Abierto | A casi un año y medio del hecho que dejó a Grillo al borde de la muerte, la causa judicial vuelve a quedar bajo la lupa. Esta vez no por un avance en la investigación sino por la denuncia pública de su familia, que acusa al Estado de ocultar pruebas fundamentales para reconstruir lo ocurrido durante la represión ordenada por la ex ministra de Seguridad que conduce Patricia Bullrich.
«Las comunicaciones existen, los registros están, pero nos los ocultan. ¿Por qué? ¿A quién están protegiendo? ¿Qué es lo que dicen esas cintas que no se puede escuchar?», señalaron en un comunicado difundido este jueves. Allí también revelaron que Gendarmería «omitió de manera insólita la hora exacta del ataque» en los reportes incorporados al expediente, una irregularidad que consideran incompatible con el funcionamiento de una fuerza federal.
La denuncia se suma a una larga serie de cuestionamientos sobre el comportamiento del Gobierno desde el mismo día del ataque. En las horas posteriores a la represión, el oficialismo defendió el operativo y buscó desligar de responsabilidades a las fuerzas de seguridad, mientras distintos funcionarios instalaron versiones falsas sobre lo ocurrido.
Sin embargo, el trabajo de reconstrucción realizado por el colectivo Mapa de la Policía, a partir del análisis sincronizado de decenas de registros audiovisuales, permitió reconstruir minuto a minuto la secuencia represiva, identificar al cabo primero Héctor Jesús Guerrero como el autor del disparo y demostrar que el proyectil fue lanzado en forma casi horizontal, en abierta violación de los protocolos de uso de lanzagases. Ese material fue incorporado a la causa y resultó clave para desmentir la versión oficial.
La nueva denuncia de la familia apunta ahora a otro aspecto de la investigación: el acceso a la prueba documental generada por la propia Gendarmería. Si efectivamente fueron omitidos horarios, registros o comunicaciones internas, la causa podría incorporar nuevas responsabilidades vinculadas a un eventual encubrimiento.
En el comunicado, los familiares también vincularon la búsqueda de justicia con la recuperación de Pablo. «Pablo está mejorando y para que su salud continúe en alza necesitamos aferrarnos a la luz de la verdad sobre lo que ocurrió esa tarde», expresaron, antes de concluir con una frase que resume el reclamo: «Confiamos en que la verdad saldrá a la luz. El que nada teme, nada oculta».
De la represión a la censura
Las controversias en torno al caso no se limitaron al operativo represivo ni a la investigación judicial. En mayo de este año, una muestra fotográfica de Pablo Grillo que iba a exhibirse en el Senado de la Nación fue cancelada horas antes de su inauguración, en un episodio denunciado por organismos de derechos humanos, periodistas y referentes de la cultura como un acto de censura.
La exposición reunía imágenes tomadas por el propio Grillo durante distintas coberturas de conflictos sociales y debía realizarse en una de las salas del Congreso. Sin explicaciones públicas convincentes, las autoridades del Senado dieron marcha atrás con la autorización cuando la muestra ya estaba montada.
El episodio fue interpretado como un nuevo intento de silenciar una causa que se convirtió en uno de los principales símbolos de la política represiva del gobierno de Javier Milei. Para la familia y las organizaciones que acompañan el reclamo de justicia, la cancelación de la muestra se inscribe en la misma lógica que hoy denuncian respecto del expediente judicial: la de obstaculizar la reconstrucción de la verdad y evitar que se conozcan las responsabilidades políticas y materiales del ataque contra Pablo Grillo.
