Publicada originalmente el 29 de junio de 2026
Por Leo Vázquez | El 29 de julio de 1966, apenas un mes después del golpe de Estado que derrocó al presidente Arturo Illia, la dictadura encabezada por Juan Carlos Onganía concretó uno de los ataques más emblemáticos contra la universidad pública argentina. La intervención de las universidades nacionales y la violenta represión contra estudiantes, docentes e investigadores pasó a la historia como la Noche de los Bastones Largos, un episodio que simbolizó el intento de destruir la autonomía universitaria, disciplinar el pensamiento crítico y desmantelar un modelo científico que había convertido al país en una referencia regional.
Sesenta años después, el aniversario encuentra al sistema universitario atravesado por otra crisis. Si bien el contexto democrático impide cualquier comparación lineal con el terrorismo de Estado, universidades, sindicatos y organizaciones científicas advierten que el ajuste presupuestario, la pérdida del poder adquisitivo de docentes e investigadores y la paralización de programas de investigación ponen nuevamente en riesgo la producción de conocimiento y la permanencia de profesionales altamente calificados en el país.
En un informe especial de Canal Abierto publicado en junio, trabajadores e investigadores del CONICET, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Servicio Meteorológico Nacional y las universidades públicas describieron el impacto de los despidos, los recortes y las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno de Javier Milei.
El día que la dictadura entró a las universidades
El golpe de Onganía derogó los principios de la Reforma Universitaria de 1918, que garantizaban la autonomía de las universidades y el cogobierno de docentes, estudiantes y graduados. Frente a la intervención dispuesta por el régimen, autoridades universitarias y alumnos ocuparon distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires en señal de resistencia.
La noche del 29 de julio, efectivos de la Policía Federal irrumpieron en cinco facultades, desalojaron los edificios a golpes de bastón, detuvieron a cientos de personas y destruyeron laboratorios, bibliotecas y equipamiento científico. La imagen de profesores, investigadores y estudiantes obligados a atravesar una doble fila de policías mientras eran golpeados quedó grabada a fuego en la memoria como uno de los símbolos históricos de la violencia estatal contra la educación pública.
Las facultades de Ciencias Exactas y Naturales y de Filosofía y Letras fueron las más castigadas. Entre los detenidos estuvo el decano Rolando García, mientras que figuras como Manuel Sadosky, uno de los impulsores del desarrollo científico argentino, fueron desplazadas de sus cargos.
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Originalmente, este espacio eran las huertas jesuíticas. Posteriormente, fue sede del Consejo General de Educación de Sarmiento, el Instituto Topográfico (1821) y el Departamento General de Escuelas (1860). En el siglo XX, se levantó el edificio de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEyN), inaugurado en 1921. En su Aula Magna, Albert Einstein dictó una clase magistral en 1925. Fue escenario de “La Noche de los Bastones Largos” en 1966. El edificio universitario fue demolido en 1972 por ser considerado “no histórico” por la Comisión Nacional de la Manzana de las Luces, funcionando por décadas como una playa de estacionamiento. En la actualidad funciona como parte del museo histórico y conserva en sus paredes referencias y rastros de la memoria.
El año pasado, con motivo del aniversario de la Noche de los Lápices de 1976, otro hecho fatídico contra la educación, Canal Abierto registró allí una charla entre estudiantes de distintos puntos del país.
La fuga de cerebros
Las consecuencias trascendieron largamente aquella noche.
En los meses posteriores, cientos de docentes renunciaron o fueron cesanteados y 301 profesores universitarios emigraron, de los cuales 215 eran científicos. Muchos se incorporaron a universidades de América Latina, Estados Unidos y Europa, provocando uno de los mayores procesos de fuga de cerebros de la historia argentina. Equipos de investigación completos quedaron desmantelados y proyectos estratégicos fueron abandonados.
El golpe no sólo buscó controlar políticamente las universidades. También interrumpió un proceso de expansión científica que articulaba investigación, docencia y desarrollo tecnológico, con instituciones que comenzaban a consolidarse como referentes en la región.
Un aniversario atravesado por el presente
A seis décadas de aquellos hechos, el sistema universitario vuelve a expresar preocupación por su futuro.
Docentes, investigadores y autoridades universitarias sostienen que el desfinanciamiento, la pérdida salarial y la reducción de recursos para investigación están generando un escenario de creciente incertidumbre. Aunque hoy no existen intervenciones militares ni persecución política como las de 1966, advierten que el deterioro de las condiciones materiales produce efectos similares sobre el funcionamiento de las universidades y la continuidad de sus equipos académicos.
En ese contexto, distintas voces alertan sobre una nueva ola de emigración de investigadores y docentes hacia el exterior, impulsada por la falta de perspectivas laborales y la paralización de proyectos científicos.
A principios de julio, la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales advirtió que el ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei está provocando un nuevo proceso de “fuga de cerebros”. En un duro comunicado, la entidad cuestionó los despidos en la CNEA, el congelamiento del ingreso de investigadores al CONICET, el deterioro salarial y la paralización de proyectos científicos, y alertó que el desmantelamiento del sistema pone en riesgo capacidades estratégicas construidas durante décadas, al tiempo que empuja a cada vez más investigadores a buscar oportunidades en otros países.
La universidad pública como disputa
La Noche de los Bastones Largos permanece como uno de los episodios más representativos del enfrentamiento entre los proyectos autoritarios y la universidad pública.
Mientras tanto, el conflicto por el financiamiento universitario sigue abierto. Aunque la Corte Suprema dejó firme una medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a aplicar los artículos de la Ley de Financiamiento Universitario vinculados a la actualización de salarios docentes y no docentes y de las becas estudiantiles, rectores y gremios denuncian que el Ejecutivo aún no cumplió con esa resolución. Ante la posibilidad de que las liquidaciones salariales vuelvan a omitir esos incrementos, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) anticipó nuevas presentaciones judiciales y no descarta medidas de fuerza, mientras los sindicatos esperan la plena implementación de una norma que, casi un año después de su sanción, continúa sin ejecutarse en su totalidad.
Si en 1966 la violencia estatal buscó quebrar la autonomía universitaria mediante la represión directa, el debate actual gira en torno al impacto que tienen el ajuste presupuestario y el debilitamiento de las políticas públicas de ciencia y educación superior sobre instituciones que históricamente fueron motores de movilidad social, producción de conocimiento y desarrollo tecnológico.
Sesenta años después, la efeméride no sólo invita a recordar una de las páginas más oscuras de la historia universitaria argentina. También reabre la discusión sobre el lugar que ocupan la educación pública, la investigación científica y el conocimiento en el modelo de país que hoy se encuentra en disputa.
Con información de Universidades Hoy
