Publicada el 21 de octubre de 2026
Redacción Canal Abierto | Entre el sinfín de causas cajoneadas en materia de evasión, fuga de divisas y otros delitos de guante blanco, la Justicia argentina sorprendió al confirmar la imputación y embargos por hasta 31 mil millones de pesos contra 14 exdirectivos de la oficina de «Clientela Privada Internacional» del BNP Paribas.
La maniobra consistía en facilitar el lavado y la salida de divisas de un sector minoritario pero sumamente acaudalado, operando a metros de la Casa Rosada (Avenida Leandro N. Alem 855).
La decisión fue adoptada por la Sala IV, integrada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, que rechazó los recursos de las defensas contra la actualización de las medidas cautelares dispuesta en mayo por el Tribunal Oral Federal 6.
Según la investigación, antes de recalar en cuentas de Suiza o Luxemburgo, los capitales realizaban escalas tácticas en paraísos fiscales caribeños como las Bahamas o las Islas Caimán. Esta última, la guarida donde el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, guarda sus dólares.
El Ministerio Público estimó en más de USD 1.000 millones el volumen global de fondos canalizados a través de ese esquema entre 2000 y 2008.
Sin embargo, operatorias de guante blanco como esta no se limitan a números abstractos ni a la falta de políticas públicas por consecuencia de la evasión fiscal. Pueden tener su correlato trágico, e incluso generar muertes.
El incendio en Barracas y la destrucción de pruebas
Una conexión no transitada por los tribunales remite directamente al 5 de febrero de 2014, fecha en la que diez personas —ocho bomberos y dos agentes de Defensa Civil— perdieron la vida en el devastador incendio del depósito de Iron Mountain, ubicado en el barrio porteño de Barracas.
En su momento, el fiscal a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) advirtió que el fuego no constituyó un episodio fortuito. Las llamas arrasaron sistemáticamente con información vital perteneciente a 43 empresas corporativas investigadas por presuntos ilícitos económicos.
Entre los registros incinerados figuraban aproximadamente 1.200 cajas del propio BNP Paribas, de las cuales al menos cinco contenían documentación comprometedora sobre transacciones con entidades radicadas en guaridas fiscales.
Impunidad estructural y corporativa
El listado de firmas cuyos archivos sufrieron el impacto de aquel fuego intencional incluyó a nombres pesados del establishment local e internacional como Mercado Libre, Edesur, JP Morgan y Sideco Americana (perteneciente al Grupo Macri).
Curiosamente, mientras miles de expedientes se convirtieron en cenizas, algunos legajos resistieron llamativamente intactos al fuego, dejando al desnudo una red de complicidades institucionales.
