Redacción Canal Abierto | La Auditoría de Asuntos Internos del ministerio de seguridad bonaerense desafectó a los cinco policías que prestaban funciones durante la masacre de Esteban Echeverría.
El pasado 15 de noviembre, diez jóvenes perdieron la vida luego de que la Comisaría 3ª de Esteban Echeverría se incendiara. Los relatos coinciden en que la policía, primero, cortó la luz en los calabozos cuando un grupo de detenidos se negó a apagar la música. Esa decisión, sumada a las degradantes condiciones de alojamiento como la falta de colchones, derivó en una protesta con fuego por parte de los detenidos. Fue allí cuando los efectivos deliberadamente cerraron el suministro de agua a los calabozos que habría evitado las muertes.
“Nosotros venimos denunciando ante las autoridades judiciales y del poder ejecutivo, las condiciones en general en la provincia de Buenos Aires de las personas que están privadas de su libertad. Respecto de la Comisaría 3ª de Esteban Echeverría, unos días antes denunciamos ante el comité departamental del departamento judicial de Lomas de Zamora, que es quien monitorea los lugares de detención, y alertamos que estaba superpoblada, clausurada y con personas detenidas y que no tenía elementos para combatir incendios”, señaló en diálogo con Canal Abierto, Rodrigo Pomares Coordinador del Área de Justicia y seguridad democrática de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
La medida, de carácter cautelar (no los expulsa de las fuerzas) alcanza al subcomisario Jesús David Muñoz, la oficial inspectora Edith Giselle Juárez, el oficial subayudante Emilio Adolfo Caña, el sargento Daniel Calderón, y el oficial Eric Alexander Blanco.
“Permite que en el marco del sumario los policías no estén cumpliendo funciones mientras se realiza la investigación y eso tiene un efecto inmediato. Por otro lado, aunque se trata de la instancia administrativa, se evalúa el desempeño de los policías. Para nosotros refuerza una hipótesis respecto de las faltas que venían cometiendo los empleados de la dependencia policial en los momentos previos a ocurrir el hecho y además, que se permitía el ingreso de sustancias ilegales, pastillas y elementos corto punzantes”, advirtió Pomares.
El hacinamiento en comisarías bonaerenses, llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington. Hoy, se realizará una reunión organizada de forma urgente, de la que formarán parte, Juan Pablo Gomara, de la Defensoría de Casación bonaerense, Paula Litvachky, por el Centro de Estudios Legales y Sociales y Roberto Cipriano por la CPM. Llevarán los reclamos de medidas cautelares sobre seis comisarías bonaerenses, tres de Lomas de Zamora y tres de La Matanza e incorporaron la comisaría 3ª de Echeverría.
Por lo pronto, el próximo 15 de diciembre se cumplirá un mes de la masacre y habrá una movilización a las 17 en la Plaza Mitre Monte Grande.