Redacción Canal Abierto | En el predio comprendido entre Bolívar, Perú y Caseros, en el corazón histórico de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno comandado por Horacio Rodríguez Larreta otorgó un permiso de obra a la empresa TGLT para construir el Astor San Telmo, un mega emprendimiento inmobiliario de más de media manzana, resistido por los vecinos y reñido con la ley. La Justicia acaba de darles la razón.
“La ilegalidad del permiso otorgado al mamotreto Astor San Telmo se enmarca en el Plan de Renovación del Casco Histórico que está impulsando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) y que pretende transformarlo en un gran polo gastronómico a cielo abierto expulsando a los residentes permanentes del barrio”, explicó Jonatan Baldiviezo, abogado de la causa que asociaciones ciudadanas y el Observatorio del Derecho a la Ciudad impulsaron contra los permisos de obra.
El edificio planificado, que el GCBA autorizó tendría una altura aproximada de 30 metros, cuando en esta zona, según las normas urbanísticas, sólo se permiten 22 metros la avenida Caseros y 13 metros sobre la calle Bolívar.
Historia del fallo
La historia arranca en noviembre de 2019, cuando desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad y la asociación Basta de Demoler impulsaron una causa para anular los permisos, que nunca debieron darse.
La causa se ampara en que el proyecto violaba la norma correspondiente a los parámetros urbanísticos del Área de Protección Histórica N°1, correspondiente al casco histórico porteño. La Justicia declaró entonces, en un fallo de primera instancia, que los permisos de obra eran ilegales y los declaró nulos, pero el Gobierno porteño y la constructora TGLT —adquirida por Caputo S.A.— apelaron.
Más tarde, el 27 de julio de 2020, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo confirmó la sentencia y rechazó las apelaciones de la empresa TGLT (que se fusionó con la constructora Caputo S.A., propiedad de Nicolás Caputo, “hermano de la vida” del expresidente Mauricio Macri) y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA).
La causa fue elevada al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que el 29 de junio de 2022, con tres votos contra dos, decidió rechazar los recursos planteados por las autoridades porteñas y la constructora contra la sentencia de segunda instancia.
Finalmente, hace unos días el mismo Tribunal rechazó los recursos extraordinarios federales planteados por el GCBA y TGLT contra la sentencia que había convalidado la nulidad de los permisos de obra, esta vez de forma unánime.
“En la Ciudad existe una práctica sistemática por parte de la Dirección General de Interpretación Urbanística para autorizar emprendimientos inmobiliarios violando el Código de Planeamiento Urbano o el ahora vigente Código Urbanístico, con el único objetivo de permitir una mayor capacidad constructiva en los inmuebles y ganancias para los desarrolladores inmobiliarios sin considerar los derechos ambientales y culturales de los porteños. El caso del Astor San Telmo es un caso ejemplar —detalló Baldiviezo—. Con el nuevo Código Urbanístico esta práctica ha mutado a lo que se llaman convenios urbanísticos, excepciones inmobiliarias que consiguen las desarrolladoras a través de leyes en la Legislatura porteña dando como contraprestación un monto de dinero”.