Redacción Canal Abierto | “Imaginate que de repente vos estás en tu casa haciendo tu vida y te acusan de un crimen espantoso que no cometiste, te encierran, te someten a un juicio y se desmorona toda tu vida por algo con lo que no tenés nada que ver”. Esa secuencia de hechos, narrada por su abogado, fue a grandes rasgos lo que le ocurrió a Marcos Bazán.
El 4 de agosto de 2017, el cuerpo de Anahí Benítez (16) fue encontrado en la Reserva Natural Santa Catalina, en Lavallol, Lomas de Zamora, en el Conurbano bonaerense sur. Rápidamente el crimen tomó relevancia mediática y dos días después, Marcos Bazán, que vivía a 200 metros del lugar, fue encarcelado y procesado como autor del femicidio.
Tres años después, en junio de 2020, el Tribunal Oral Criminal (TOC) Nº 7 de Lomas de Zamora, condenó a Bazán a perpetua. Pero desde que fue encarcelado tanto organismos de derechos humanos como el movimiento feminista sostuvieron que era lo que comúnmente se conoce como un perejil: un inocente inculpado injustamente.
“Primero lo encarcelan a Marcos, después arman un montaje de cuestiones sospechosas”, explica Manuel Garrido, abogado de Marcos y miembro de la ONG Innocence Project, en diálogo con Canal Abierto.
Durante el juicio que terminó por ser declarado nulo, las pericias arrojaron que no había ADN, ni mensajes que vincularan a Bazán con el femicidio del que se lo acusaba. Múltiples testigos —amigos de la víctima y del procesado—declararon que Marcos y Anahí no se conocían y fueron imputados por falso testimonio porque sus versiones “no encajaban con la hipótesis de la acusación”. “Las pruebas que no iban en dirección de lo que decía la Fiscalía eran consideradas falsas”, sostiene Garrido.
Cinco años y dos meses en prisión preventiva por un crimen que no cometió fue el saldo para Marcos Bazán de un error judicial que lo absolvió en un segundo juicio. Su caso no es el único. En esta entrevista, su historia.
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[mks_toggle title=»Innocence Project» state=»open»]Innocence Project Argentina es una fundación creada por Enrique Piñeyro tras las repercusiones de su film documental El Rati Horror Show (2013), que contaba la historia de Fernando Carrera, condenado erróneamente debido a una causa armada en su contra.
El caso, reflejado en el film, puso en evidencia la discrecionalidad de la policía para el uso ilegítimo de la fuerza letal, el fraguado de causas y la anuencia judicial para incorporar esas pruebas como válidas, que tuvieron como consecuencia condenas injustas a personas inocentes en una estructura judicial deficiente.
Tras el estreno, la productora del film recibió numerosos llamados de personas que sufrían la misma problemática. El cineasta, entonces, convocó a un equipo de especialistas para crear una ONG local en base el modelo de Innocence Project de Estados Unidos. La fundación norteamericana nació en 1992 con la misión de liberar a personas encarceladas o condenadas a la pena capital por crímenes que no cometieron y de reformar el sistema penal responsable por las condenas injustas.
Manuel Garrido es presidente y director de la fundación argentina. Fue fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, jefe de la Oficina Anticorrupción y diputado nacional en Argentina, jefe de Investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y fiscal internacional en la Misión de apoyo de la OEA contra la Impunidad de la Corrupción en Honduras (MACCIH). Es profesor titular de Derecho Penal en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires.[/mks_toggle]
Entrevista: Gladys Stagno