Redacción Canal Abierto | El noveno tramo por delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA llega a su etapa final. La semana pasada, el CELS hizo su alegato como parte de la querella unificada con el abogado Pablo Llonto que representa a familiares de víctimas y a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, solicitando al Tribunal Oral Federal 5 que condene a 25 años de prisión a Gonzalo Sánchez, alias Chispa u Omar, un ex oficial de Prefectura Naval que integró el Grupo de Tareas 3.3.2.
Sánchez es el único imputado en esta causa. Fue identificado por sobrevivientes en los primeros años de democracia, pero estuvo prófugo durante quince años y recién fue procesado en 2020, luego de que Brasil otorgara su extradición. Está acusado por 179 desapariciones forzadas cometidas desde fines de diciembre de 1976 hasta diciembre de 1978. Por las limitaciones que impuso el Superior Tribunal Federal de Brasil al conceder la extradición, no está siendo juzgado por torturas ni homicidios.
Diecinueve del total de casos en los que está imputado se vinculan a la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo, por hechos que padecieron tanto niños nacidos en cautiverio como sus padres mientras se encontraban privados ilegítimamente de la libertad y los cuales en su mayoría continúan desaparecidos.
Durante el año 1977, “Chispa” Sánchez prestaba servicios en el Servicio de inteligencia de la Prefectura Naval Argentina, fuerza de seguridad que dependía operacionalmente de la Armada Argentina. De acuerdo a las pruebas de la causa, actuaba como enlace entre ambas fuerzas.
Los testimonios de decenas de sobrevivientes identificaron a Sánchez como uno de los que intervenía en los operativos de secuestro. Además estaba presente durante la aplicación de torturas. Los testimonios lo ubican en diferentes lugares del centro clandestino de detención como el sótano, “capucha”, “el dorado” y “la pecera”. También señalan que tuvo a su cargo el traslado de personas secuestradas a lugares fuera de la ESMA como quintas y domicilios particulares, y que comentaba sobre las diferentes formas de exterminio, incluso la que luego se conoció como los vuelos de la muerte.
Días antes se había concretado el alegato del Ministerio Público Fiscal, que también pidió 25 años de prisión.
El fiscal Félix Crous, a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, y la auxiliar fiscal de esa dependencia, Marcela Obetko, consideraron al imputado como autor de la privación ilegítima de la libertad triplemente agravada por haber sido por cometido por funcionario público, por mediar violencias y amenazas y por su duración de más de un mes, perpetrado en forma reiterada.
El juicio —iniciado el 22 de octubre del año pasado— está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5, integrado por la jueza Adriana Palliotti y los magistrados Daniel Obligado y Germán Castelli, mientras que como cuarto juez se encuentra Néstor Guillermo Costabel.
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El caso Walsh
Como oficial, Sánchez supo integrar la patota que secuestró al escritor y periodista Rodolfo Walsh, capturado en el barrio de San Cristóbal el 25 de marzo de 1977, un día después de haber escrito su célebre “Carta Abierta a la Junta Militar”.
En su declaración, Patricia Walsh, hija Rodolfo, se centró en reconstruir el operativo del secuestro el desamparo posterior. Relató que el 26 de marzo de 1977 viajó a San Vicente para conocer la casa a la que hacía poco se había mudado su padre. Fue junto con su marido y sus dos hijos, uno con menos de un mes de vida. Además, en el camino, pasaron a buscar a Lilia Ferreyra, compañera de Rodolfo. Ese día se iba a producir el primer encuentro entre Rodolfo y su nieto más pequeño. Al llegar al lugar, hallaron la vivienda destruida: había sido allanada, saqueada y atacada a tiros por el Grupo de Tareas de la ESMA. Una vecina les contó que los militares habían disparado durante horas y se habían llevado pertenencias, entre ellas el auto de Lilia Ferreyra.
Según la crónica de la agencia ANCCOM, Patricia sostuvo durante su exposición que la demora en llegar les salvó la vida. Escaparon por el campo y regresaron a Buenos Aires, donde comenzó un recorrido marcado por el miedo y la falta de respuestas. Intentó presentar un habeas corpus, pero encontró negativas incluso en su propio entorno familiar. El primer recurso fue presentado por Lilia Ferreyra; tiempo después, y con enormes dificultades, Patricia pudo presentar el suyo.
Explicó que los represores pudieron llegar a la casa de San Vicente tras robar documentos de una operación inmobiliaria que su padre, Rodolfo Walsh, llevaba en su maletín al momento de su secuestro el día anterior (el 25 de marzo de 1977). También se llevaron su cédula falsa y un cuento inédito, “Juan se iba por el río”. “Además de genocidas, fueron ladrones”, señaló.
En uno de los pasajes más contundentes de la jornada, Walsh se refirió a las palabras del imputado, quien en una audiencia anterior dijo ser pastor evangélico. “¿No cree que las personas tienen derecho a la sepultura?”, preguntó, haciendo alusión, no solo a su padre, sino a los tantos que aún hoy continúan desaparecidos.
Después del saqueo a la casa de San Vicente, la propiedad quedó un manos de la familia de uno de los policías que participó del operativo, hasta el día de hoy. Existen proyectos y reclamos para que el lugar sea expropiado y convertido en Sitio de Memoria.
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El rol de Gonzalo Sánchez en la ESMA
Crous y Obetko sostuvieron que Sánchez “participó de modo directo” en los crímenes que se cometieron en el centro clandestino de detención y detallaron que el acusado fue un destacado y notorio miembro del grupo operativo. Además, indicaron que cumplió la función de enlace entre la Prefectura y la Armada entre 1976 y 1978.
En esa misma línea, los fiscales citaron los juicios previos donde se juzgaron hechos cometidos en la ESMA y resultaron condenados otros integrantes de la fuerza que actuaron en el grupo de tareas como Jorge Manuel Díaz Smith y Juan Antonio Azic y mencionaron también a imputados fallecidos, entre ellos Héctor Antonio Febres y Roberto Carnot.
Asimismo, recordaron la condena de los pilotos Alejandro Domingo D´Agostino y Mario Daniel Arru de la Prefectura en los denominados “vuelos de la muerte” por el hecho del Grupo de la Iglesia Santa Cruz en un vuelo realizado en un avión Skyvan.
En relación con la responsabilidad del acusado, la fiscalía marcó que, según surgió de sus legajos, ingresó en la Prefectura a los 23 años, el 1 de enero de 1975, y que luego se desempeñó en dependencias de policía de seguridad e inteligencia de esa fuerza, en esa época bajo el comando de la Armada.
Los fiscales detallaron que, conforme surge de las calificaciones realizadas por sus superiores —oficiales de los Servicios de Inteligencia tanto de la Prefectura como de la Armada— Sánchez era “un miembro confiable, leal, con un excelente desempeño”. Sus evaluadores destacaron “su vocación para el servicio y el cumplimiento del deber y su disposición para cumplir con sus obligaciones”.
Tras esto, los representantes del MPF realizaron un análisis de numerosas pruebas documentales irrefutables, entre las que se encuentran:
- *Informe del 4 de septiembre de 1986 firmado por el Vicealmirante Ramón A. Arosa, Jefe del Estado Mayor de la Armada, relativo a 17 integrantes de la Armada Argentina y de la Prefectura Naval que fueron condecorados –según expresa textual: “con motivo de su desempeño en la guerra contra la subversión”, En este informe se detalla entre el personal condecorado por la Armada con la distinción Medalla al “Heroico Valor en Combate”, el Oficial Principal D. Gonzalo Sánchez – Prefectura Naval Argentina.
- *Resolución Nro. 745/78 “S” –COAR, de fecha 12 de septiembre de 1978, en la que figura el nombre de los oficiales condecorados por Emilio Eduardo Massera como integrantes del Grupo de Tareas. Allí consta que se condecoró sólo a dos oficiales de la Prefectura: Héctor Febres y Gonzalo Sánchez
- *Listado de nombres del personal integrante del Grupo de Tareas de la ESMA que el sobreviviente Ricardo Coquet, entregó a la justicia el 11 de febrero de 1987 y que ubica al imputado en el CCD ESMA.
- *Carta escrita por Domingo Maggio en 1978, donde la víctima relató que “la metodología aplicada por estos señores para desembrazarse de los miles de secuestrados fue cambiando… En la actualidad les colocan una fuerte inyección (somnífero), se los cubre en una lona y se los tira al mar. Estos dos últimos procedimientos usando un helicóptero. Todo esto fue contado por el oficial de prefectura CHISPA a uno de los secuestrados”.
- *El testimonio conjunto de Martí, Millia y Ozatinzky ante la Asamblea Nacional Francesa y la CADHU, donde ya se denuncia en 1979 que entre los oficiales de la prefectura Naval integrantes del Grupo de Tareas de la ESMA se encontraba el Arquitecto Naval Gonzalo Sánchez, (a) “Chispa” u “Omar”.
Los fiscales destacaron que al menos 33 sobrevivientes de la ESMA dieron cuenta de la presencia y desempeño de Sánchez en el centro clandestino. Los relatos coincidieron en las características físicas del imputado, la descripción de su temperamento, el rol que tenía en la ESMA, los comentarios que les hacía a los cautivos y sus opiniones. Además, los testigos señalaron que fue uno de los integrantes de Grupo de Tareas que les hizo saber a los cautivos cuál era el destino final de las víctimas: asesinadas mediante los “vuelos de la muerte” o ahorcadas en el Dorado.
Con información de fiscales.gob.ar y CELS
