Redacción Canal Abierto | En el capítulo argentino de su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, Amnistía cuestiona duramente las políticas del gobierno nacional orientadas a la materia. El relevamiento señala, entre otras críticas, que la represión a la protesta social se instaló como una tendencia preocupante en nuestro país.

Se trata de un análisis de 159 países. En el contexto local, el reporte da cuenta de una creciente criminalización de la protesta social y a la libertad de expresión. Se destacan detenciones indiscriminadas e incluso muertes -como las de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado- que tuvieron lugar en el contexto de reclamos sociales.

En la presentación, el reconocido organismo con presencia en los 5 continentes, señala que “Manifestaciones a lo largo del año registraron picos de violencia inusitada. En la marcha de diciembre contra la reforma previsional hubo más de 120 detenidos, cientos de heridos y al menos cinco personas aún permanecen detenidas arbitrariamente según denunciaron algunos de sus familiares en las oficinas de Amnistía Internacional Argentina”.

Represión de la protesta

En conversación con Canal Abierto, Paola García Rey, Directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía en nuestro país, explica: “había cierto consenso respecto del valor del reclamo frente a las autoridades, y este consenso se ha ido corroyendo con los años. Hace dos años por ejemplo se lanzó un protocolo que regula la protesta social pero que básicamente lo que hace es criminalizar y reprimir a quienes utilizan las calles para reivindicar derechos, y muchas veces se intenta instalar una disputa entre el derecho a reclamar y el derecho a circular, y nosotros decimos que es un falso binomio porque justamente hay muchísimos sectores que el único lugar que encuentran para hacerse oír es en la calle”.

El informe rescata situaciones de violencia institucional sucedidas en la marcha del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), las represiones a la protesta de docentes en el Congreso, a  la marcha de septiembre por Santiago Maldonado, y los brutales ataques de las fuerzas de seguridad contra las protestas de diciembre en rechazo al recorte jubilatorio.

García Rey completa el panorama recordando que “el rol del Estado es proteger a las protestas pacificas y, eventualmente, intervenir solo en casos donde hay disturbios. Esa responsabilidad del Estado hoy esta invertida, pareciera que su rol es reprimir y callar la protesta. Y además preocupa el uso de la herramienta penal para silenciar estas voces”.

Amnistía destacó que en enero de 2017, la policía local y miembros de la Gendarmería Nacional Argentina, “una policía federal militarizada”, cerraron todos los puntos de acceso a la tierra indígena habitada por la comunidad mapuche Pu Lof en Chubut.

“la defensa abroquelada del Ministerio de Defensa del operativo que devino en la desaparición de Santiago Maldonado, o el caso del policía Chocobar, y la intervención de los ministerios en los procesos judiciales, afectan la institucionalidad”, asegura la abogada especializada.

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Mujeres: Derechos sexuales y reproductivos

El texto sostiene que en Argentina “las mujeres y las niñas seguían afrontando obstáculos para acceder a un aborto legal cuando el embarazo ponía en peligro su salud o cuando era consecuencia de una violación”. Aclara que la despenalización plena del aborto estaba pendiente de aprobación en el Congreso.

El reclamo por el aborto legal, seguro y gratuito se ha instalado en los medios masivos de comunicación últimamente, pero es un tema central en la lucha de un amplio espectro de organizaciones de mujeres y de derechos humanos, del que AI forma parte.

“Argentina presenta una paradoja muy particular, es un país que en principio tiene cierta progresivamente en sus leyes, porque habilita por causales el aborto en algunas circunstancias (riesgo la vida o salud de la mujer, o en casos de violación) pero en la práctica estos derechos no se pueden ejercer porque son muchas las restricciones para acceder al aborto legal”, destaca la referente de la organización, que además lamenta: “las mujeres todavía sufren la amenaza de ir a la cárcel a la hora de ejercer sus derechos sexuales y reproductivos y eso muchas veces significa que una mujer tiene que elegir entre la vida o la libertad”.

En un apartado especial dedicado a “Violencia contra las mujeres”, se destaca que, según datos de la sociedad civil, entre enero y noviembre del año pasado se registraron al menos 254 femicidios. En tanto, el informe denuncia que el Instituto Nacional de las Mujeres y el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres “para el período 2017-2019 parecían carecer de los recursos necesarios para su implementación plena”.

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Pueblos originarios

El documento sostiene que “la mayoría de las comunidades indígenas aún no contaban con un reconocimiento legal de sus derechos sobre la tierra, pese a que la Constitución reconocía su derecho a tierras ancestrales y a los recursos naturales”.

Dice Paola García Rey a este sitio: “el año pasado ha tenido muchísimo protagonismo el conflicto con las comunidades mapuches, por el caso de Santiago Maldonado, pero también por las represiones que han sufrido muchas veces las comunidades en el sur del país, que las enfrentan con grandes hacendados o poderes empresariales muy importantes, como Vaca Muerta o Benetton. Hemos tenido una victoria parcial, que ha sido renovar la Ley de Emergencia Territorial, que busca que el Estado haga un revelamiento en todo el país de cuáles son los territorios en donde están asentadas las comunidades indígenas, y eso va a permitir reconocer, demarcar y entregar suelos ancestrales a los pueblos originarios”, sin embargo, alerta que se trata de una ley amenazada por intereses de privados que “de ninguna manera quieren que éste relevamiento se haga, porque determinaría la ilegalidad en la que se encuentran muchos hacendados en muchas provincias”.

“el desafío es que la Ley se implemente, porque se viene prorrogando hace mas de 10 años, y tener leyes que no se implementan es lo que genera las tensiones que desembocan en episodios de violencia”, concluye la Directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía  Internacional Argentina.

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Libertad de expresión /discurso del odio

La presentación del Informe 2017/2018 dice  que hay una tendencia en diferentes partes del mundo en propagar noticias falsas con el fin de manipular a la opinión pública. Esta práctica va unida a los ataques contra las instituciones que trabajan para promover derechos humanos o constitucionales y que, en oportunidades, son críticas con los gobiernos. Estados Unidos, Turquía, Filipinas, España y Argentina entre varios otros, son ejemplo de ello.

En los últimos años en Argentina este fenómeno se ha agudizado y ha alcanzado niveles de ataques significativos a la libertad de expresión. Defensores de derechos humanos y periodistas, entre otros, fueron agredidos con ciberataques que combinaron cuentas falsas, trolls (cuentas que publican mensajes agresivos o despectivos) y bots (cuentas con interacciones automatizadas).

Inmigrantes y refugiados.

Amnistía cuestiona duramente el decreto de Macri que modificó la ley de migraciones de 2004 para “limitar los derechos de entrada y residencia y potencialmente acelerar las deportaciones”.

En tanto, al recordar la promesa del Presidente de recibir 3000 refugiados sirios destaca que “el sistema de recepción de solicitantes de asilo seguía siendo lento e insuficiente”.

El informe completo se puede leer en este link 

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