Redacción Canal Abierto | A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 669, el Gobierno nacional busca reducir las indemnizaciones por invalidez y muertes por accidentes de trabajo.

En concreto, según lo publicado este lunes en el boletín oficial, en adelante se tomará la tasa de variación del índice de Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) mientras que actualmente se hace con la tasa activa del Banco Nación.

“La única urgencia que hay es la de beneficiar a las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), es aberrante”, denunció en diálogo con Canal Abierto el presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, Matías Cremonte.

“A pocos días del derrumbe en Ezeiza, es una hipocresía que el Ejecutivo no impulse una ley o medidas para la prevención de accidentes, sino mejorar los beneficios de las aseguradoras”, recordó el letrado. La semana pasada, en el marco de los trabajados de ampliación del aeropuerto de Ezeiza, un derrumbe provocó la muerte de un obrero y trece heridos. Por estas horas la Justicia sospecha de una sobrecarga por el apuro para inaugurar una parte de la obra en la campaña electoral. La investigación podría complicar al propio ministro de Transporte, Guillermo Disetrich, y a directivos de TGLT, empresa que absorbió una porción de la constructora de Nicky Caputo, el “amigo de la vida” del presidente Macri.

Para tomar noción del perjuicio que podría implicar para los trabajadores, el RIPTE del año 2018 fue de 27,72%, en tanto que la tasa activa del Banco Nación fue del 40,63 por ciento. Así, por poner un ejemplo, en una hipotética sentencia favorable a un trabajador que reclamaba en 2018 unos 100 pesos por indemnización, si antes hubiera cobrado -en el mejor de los casos- 140,63 pesos, ahora sólo recibirá 127,7 pesos.

El texto justifica la medida presidencial por los supuestos «incrementos desmedidos» que resultan del actual índice con el que se calculan las indemnizaciones. «El ajuste de las obligaciones de las aseguradoras mediante la aplicación de tasas financieras ha llevado a desnaturalizar los derechos de los trabajadores beneficiarios del sistema», sostiene el decreto, y agrega que las indemnizaciones generan «rendimientos financieros disociados del daño a reparar».

“En el último tiempo, el gran negocio de las ART fue la especulación financiera, una de las actividades económicas con mayor rentabilidad”, aseguró Cremonte, quien además agregó: “se trata de un decreto inconstitucinonal que va a generar mayor litigiosidad para cobrar reparaciones más acordes”.

Por otro lado, según un informe elaborado por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, en el período de enero a diciembre de 2017 se registraron 580.328 incidentes y 743 muertes notificadas por las empresas. Y si bien los últimos datos de 2018 resultaron algo por debajo de esa cifra, los especialistas explican la merma producto de la fuerte parálisis del aparato productivo (el uso de la capacidad instalada se ubicó en 58,7% en julio de este año).

De todas formas, la cifra oficial no contempla casos de trabajadores en la informalidad o “en negro”, por lo que se cree que las cifras serían mucho más altas. Según estiman organizaciones gremiales como la Asociación Trabajadores del Estado, alrededor de 7.000 trabajadores mueren al año en Argentina por accidentes o enfermedades adquiridas en el ámbito laboral. Estas últimas, invisibilizadas por el sistema estadístico, representarían hasta un 80% del total.

Una alternativa 

En 2012, el entonces diputado nacional por Unidad Popular, Víctor De Gennaro, presentó el proyecto de la Ley de Prevención de Riesgos y Reparación de Daños en la Salud Laboral.

La iniciativa -que finalmente no logró sortear el lobby de las ART en el Congreso Nacional- buscaba erradicar el negocio que las empresas aseguradoras y el Estado hacen a costa de la vida los trabajadores, instrumentando un sistema solidario que contemplaba la generación de un Banco Nacional mantenido con el aporte destinado a las ART, que posibilitaría que cualquier trabajador de cualquier ámbito esté cubierto ante emergencias o enfermedades, y que se haría cargo de la reparación de los daños y perjuicios.

El proyecto proponía un cambio de paradigma hacia un sistema gestionado con participación de los trabajadores, que además serían protagonistas en el diseño y control de las acciones de prevención, que aseguraría la reparación integral y automática de los daños,  entre otras previsiones.

En enero de 2017, a tono con los reclamos empresarios, el gobierno de Mauricio Macri modificó por decreto la vigente Ley de riesgos del trabajo.  Así, los trabajadores que sufran accidentes estarán obligados a pasar por una comisión médica -que suele fijar reparaciones insuficientes- antes de recurrir a la Justicia, trabando sus posibilidades de reclamo y defensa. El Gobierno utilizó un DNU pese a que había una ley debatiéndose en el Congreso. De esa manera la precarización implica menos costos empresarios, y más riesgos laborales.

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