Redacción Canal Abierto | Luego de que se no aprobara la ley de interrupción voluntaria del embarazo, rechazo en el que la Iglesia Católica tuvo una fuerte influencia, desde diferentes ámbitos se tomaron medidas tendientes a separar la Iglesia del Estado. Sin ir más lejos, durante agosto, más de cuatro mil personas iniciaron el trámite de apostasía colectiva (darse de baja como fiel católico) en todo el país.

En esta misma línea, aunque con algunas tibiezas, cinco diputados nacionales presentaron ante el Congreso un proyecto de ley en el que proponen que se remuevan símbolos e imágenes religiosas instaladas en espacios públicos o edificios pertenecientes al Estado Nacional.

Según las legisladoras y legisladores impulsores del proyecto, la iniciativa surge a raíz de que las imágenes religiosas de los edificios estatales son predominantemente del culto católico, apostólico, romano y no existe diversidad.

“El proyecto tiene como objetivo fomentar y fortalecer la libertad religiosa. Lo que pretendemos es tener un equilibrio equiparando toda la diversidad de culto que existe en la Argentina porque consideramos que eso abre el nivel de tolerancia que tiene que tener el Estado abrazando a las minorías”, afirma en diálogo con Canal Abierto, Karina Banfi diputada nacional por la Unión Cívica Radical e impulsora del proyecto.

Quienes acompañan la iniciativa son Fernando Iglesias, del Pro, y Brenda Austin, Alejandro Echegaray y Facundo Suárez Lastra, de la Unión Cívica Radical. Todos votaron a favor de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Desde mi partido temen que sea leído como una revancha por la ley de aborto pero nada tiene que ver. Es un proyecto que se viene trabajando hace muchos años. Hay un antecedente muy importante, hace un mes, en el colegio Carlos Pellegrini de la Ciudad de Buenos Aires. Los alumnos removieron una imagen de la Virgen que había en el colegio y fue recogida por la parroquia San José en un ámbito de mucho diálogo. Si empieza a ser una tendencia, la ley es fundamental para que haya una autoridad de aplicación preservando el patrimonio”, explica Banfi.

El texto presentado otorga un plazo de 90 días desde la fecha de promulgación de la eventual ley para adaptarse a los cambios, y deja expresamente prohibida cualquier tipo de exhibición de esos símbolos religiosos. Además, las imágenes religiosas que “formen parte del lenguaje arquitectónico” del espacio no serán retiradas.

“Buscamos mostrar que en el Estado no hay predominio de una religión sobre otras, sino que se involucra a todas las religiones, y es a eso a lo que se refiere el laicismo”, sentencia la diputada.

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