Redacción Canal Abierto | Doce días llevaba el corte de la Ruta Nacional 3 cuando Gendarmería reprimió con hidrantes, palos y gas pimienta a los trabajadores estatales que reclamaban por el pago de salarios adeudados y paritarias. El saldo fue de diez heridos, dos detenidos, un acampe que se mantiene a la vera de la ruta y un paro de 96 horas con un acatamiento casi total.
“Hay diez compañeros heridos, la mayoría con problemas en los ojos por el gas pimienta que nos han tirado a un centímetro de la cara. Tenemos quemaduras en el rostro, en los brazos, compañeros con golpes de cachiporra en las costillas y las piernas, y otros con la clavícula salida de lugar. Tuvimos dos compañeros presos: Andrea Mayorga, secretaria general de El Calafate, y el delegado Pablo Gómez, de Río Gallegos. Los liberaron cerca de 22 horas después”, relata Alejandro Garzón, secretario general de ATE Santa Cruz, uno de los gremios que declaró la huelga, junto a los docentes y los judiciales, luego de la represión de ayer.
Según trascendió, aunque la orden de desalojar la ruta -ejecutada por una fuerza nacional, como es la Gendarmería- fue del juzgado federal de Río Gallegos, a cargo del juez subrogante Aldo Suárez, en realidad partió de la propia ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, cruzada antipiquetes del gobierno de Cambiemos.
Como consecuencia del violento desalojo, ATE se declaró «en rebeldía», y el paro que comenzó hoy y durará toda la semana logró un acatamiento que los organizadores calculan en un 90% en una provincia que tiene múltiples frentes de conflicto abiertos.
Por un lado, los docentes, agrupados en Adosac, exigen el pago de los salarios en tiempo y forma y la reapertura de la paritaria. Por otro, los judiciales que iniciaron hace un mes una toma pacífica del edificio del Tribunal Superior de Justicia santacruceño en reclamo de los sueldos adeudados, luego de un acampe en el exterior del organismo que duró otros 35 días sin obtener respuestas.
Los jubilados, por su parte, sostienen hace más de un mes un acampe frente a la Caja de Previsión Social por el pago de haberes adeudados. Conflicto que acaba de agravarse tras una denuncia de la agrupación Jubilados Unidos al titular de la Caja, Ariel Ivovich, por haber golpeado, presuntamente, a un jubilado y dos abogados patrocinantes de un Recurso de Amparo interpuesto para el cobro.
En Río Turbio, se mantiene el reclamo por la reincorporación de los 70 despedidos en enero de Yacimientos Carboníferos Río Turbio; y los petroleros de la zona norte de la provincia se encuentran en conciliación obligatoria y estado de asamblea permanente por los más de 300 despidos de la empresa San Antonio Internacional, proveedora de YPF, producto de la disminución en las tareas de explotación y perforación que lleva adelante la petrolera estatal.
En lo que refiere a la ruta 3, los estatales agremiados en ATE se mantienen a la vera, en la entrada de Río Gallegos. Mientras, los gendarmes con toda la parafernalia antipiquete -que incluye camiones hidrantes, escudos, armas, y bastones- se encuentran apostados cerca de los manifestantes para garantizar el tránsito. “Estamos en la ruta sin ningún tipo de solución –agrega Garzón-. El gobierno provincial viene gobernando desde 1991 y gobernaron doce años el país. Tendrían que haber dejado un poco mejor Santa Cruz, porque siempre fuimos el patio trasero de la Argentina. Entendemos que ha habido tarifazo, que el gobierno provincial ha tenido que adecuar, pero los estatales que menos ganan tienen sueldos de $10 mil o $12 mil, mientras que la canasta para una familia tipo en Santa Cruz está entre $25 mil y $28 mil. La mayoría se ha endeudado, eligió entre pagar el alquiler o comer. Tenemos compañeros en situación de calle, desalojos, desnutrición”.
“No vemos que haya reacción de parte del gobierno provincial, más allá de que queda claro que hay un revanchismo político del gobierno nacional que manda plata de la coparticipación como adelanto y después se la saca, que está insistiendo en que haya reducción del gasto público, congelamiento de salarios y entrega de la Caja de Previsión. Estamos bajo un gobierno neoliberal que todas las políticas nacionales que toma repercuten en Santa Cruz”, resume.
Fotos: Jorge Riquelme
