Redacción Canal Abierto| Esta mañana la Ministra de Seguridad de la Nación se presentó ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Senado para brindar respuestas sobre la desaparición de Santiago Maldonado, el joven cuyo paradero se desconoce desde hace 16 días, cuando fue visto por última vez durante la brutal represión desatada por Gendarmería Nacional en el desalojo del Lof de Resistencia Chusamén.
Santiago Maldonado es artesano, tiene 28 años, vive en El Bolsón, y fue visto por última vez el martes 1 de agosto mientras era perseguido y golpeado por la Gendarmería durante la brutal represión que la fuerza de seguridad llevó adelante en el lof mapuche Cushamen, en Chubut. Desde entonces, su familia y amigos lo buscan intensamente y se suceden los habeas corpus interpuestos por organismos de derechos humanos y por la defensoría oficial federal.
Desde el Gobierno, la primera respuesta tardó casi una semana en llegar y vino de boca del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, en un programa radial. “Estamos al tanto y seguimos el tema con preocupación”, sostuvo brevemente. Lo siguió Mauricio Macri, cuando al ser consultado durante una conferencia post electoral el Presidente se mantuvo al margen de la respuesta sobre la desaparición de Santiago Maldonado.
Este miércoles 16 de agosto fue el turno de Patricia Bullrich. La Ministra de Seguridad de la Nación tiene a su cargo a la Gendarmería, fuerza federal sindicada por varios testigo como la responsable de la desaparición de Maldonado. En esta oportunidad, la funcionaria macrista no fue disonante respecto de la postura del Gobierno y se deslindó de toda responsabilidad: “No tenemos indicios de que la Gendarmería haya actuado con violencia y haya tenido algún detenido, pero tampoco nos cerramos a qué pudo haber sucedido algo”, afirmó.
En la comparecencia ante los legisladores, Bullrich buscó cambiar el eje que apunta al desmedido accionar de los efectivos de seguridad. Incluso llegó a indicar que la familia de Santiago Maldonado se habría interpuesto a las medidas de búsqueda ordenadas por el juez que interviene en la causa.
“Todas la hipótesis tienen que abrirse, ésa es nuestra responsabilidad como Estado”, lanzó la Ministra en un nuevo intento por quitar el foco en la principal sospecha. Además, se encargó de caracterizar a las comunidades que reclaman sus tierras como “violentas”, buscando legitimar la violenta represión.
El operativo de Gendarmería en el que desapareció el joven fue ordenado por el juez Otranto en el marco de un conflicto de larga data que sostiene la comunidad por la propiedad de unas tierras que reclaman como patrimonio ancestral.
Además de los senadores que integran la comisión, se hicieron presentes representantes de organismos de derechos humanos.
