Redacción Canal Abierto | El intento del Gobierno de eliminar más de 500 sindicatos se topó con un freno judicial: un fallo del juez Raúl Ojeda detuvo la disposición del Ministerio de Trabajo que pedía la suspensión de las personerías, porque limita la autonomía sindical más allá de lo establecido en la legislación.
A cargo del juzgado de Trabajo Nº 72, Ojeda hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el Sindicato de Guardavidas de Buenos Aires y suspendió la resolución de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales 17/17, que establecía la actualización del Registro Especial de Asociaciones Sindicales y excluía de él a aquellas que no tuvieran actividad operativa.
El fallo, además, solicita informes por parte del Ministerio a cargo de Jorge Triaca –para lo que otorga un plazo de cinco días- que expliquen la disposición de abril de este año. Durante ese plazo, el juzgado dio curso a la medida interina y suspendió la resolución, lo que aplica a todos los sindicatos afectados, que también presentaron amparos.
En el pedido del Sindicato de Guardavidas se recuerda que el Estado “debe abstenerse de limitar la autonomía de las asociaciones sindicales, más allá de lo establecido en la legislación vigente” y que no se encuentra entre sus facultades la de remover del Registro a asociaciones sindicales “sin considerar condición alguna”.
Durante la gestión de Cambiemos, el accionar sobre las organizaciones sindicales ya lleva seis sindicatos intervenidos, presiones confesas a dirigentes gremiales, y desde la justicia laboral denuncian que las disposiciones para nuevas personerías se han reducido notablemente desde diciembre del 2015.