Redacción Canal Abierto | Días atrás el diario El País de España destapó un nuevo escándalo en torno a la radicación de cuentas offshore por parte de funcionarios jerárquicos del Gobierno de Mauricio Macri. Esta vez fue el turno del subsecretario general de Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, quien –según la investigación- habría ocultado 1,2 millones de dólares en Andorra, país que hasta hace un año era considerado paraíso fiscal.

A las pocas horas el caso se volvió aún más turbio cuando el funcionario intentó explicar el origen de los fondos en la cuenta a nombre de Line Action, empresa británica de intermediación de jugadores de fútbol y que hasta 2014 tuvo a Díaz Gilligan como director general. En una entrevista con el periódico español, sostuvo que el dinero no era suyo, aunque reconoció su participación en la firma: “Francisco Casal tenía problemas en su país (Uruguay) y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía”.

A confesión de parte, relevo de pruebas: o bien hubo una maniobra de evasión y fuga de capitales al no declarar los 1,2 millones de dólares que eran suyos, o Díaz Gilligan prestó su nombre como testaferro para su amigo “Paco” Casal, quien en 2013 había llegado a zanjar un extenso litigio judicial con la DGI (Dirección General Impositiva) uruguaya.

Inmediatamente llovieron las críticas, pedidos de explicaciones y hasta de renuncia desde distintos sectores políticos, propios y ajenos. El más duro quizás fue nada menos que el jefe del interbloque Cambiemos en Diputados, Mario Negri, quien salió a reclamar su separación del cargo. «Debería pedir su separación del cargo, ir a la Justicia y aclarar su proceder”, afirmó.

Los «lilitos» Fernando Sánchez y Paula Oliveto se pronunciaron en un sentido similar. Sánchez, secretario de Fortalecimiento Institucional e integrante de la Jefatura de Gabinete, dijo que en una situación similar hubiera pedido licencia: «Si se comprueba que hubo evasión de impuestos, sería un problema muy serio». La diputada nacional por CABA fue más allá: «Yo hubiera renunciado para ayudar al Presidente”.

Por su parte, el ex embajador de Argentina en Ecuador, Luis Juez fue tajante en relación a la floja explicación que dio sobre el origen del dinero: «Es una pelotudez decir que le estabas cuidando la plata a un amigo en un paraíso fiscal, yo le diría que se busque un abogado».

Si bien Díaz Gilligan adelantó que este lunes presentará una explicación ante la Oficina Anticorrupción (OA), su titular Laura Alonso anticipó en redes sociales: “El viernes la OA notificó electrónicamente al funcionario del pedido de aclaraciones. Según la ley de procedimientos administrativos, tiene 10 días hábiles para responder”.

De todas formas, no todo fue escarnio para el segundo de Fernando de Andreis, actual secretario general de la Presidencia. En un principio el jefe de Gabinete, Marcos Peña, sostuvo sobre el caso: “no habrá protección para nadie. Si alguien hizo algo mal, tendrá que responder ante la Justicia y no vamos a apañar a nadie”. No obstante, luego escudó: “No estamos hablando de fondos públicos, ni estamos hablando de corrupción, como ocurría antes”.

“Errores”, corrupción y offshores, medidos con distintas vara

Luego de que se hiciera público el caso Díaz Gilligan, el propio Marcos Peña fue el primero en salir a defender al Gobierno en su conjunto: «Son dos o tres casos sobre miles».

Mas allá de lo que depare a futuro al funcionario, quienes usualmente son los voceros del Gobierno y sus aliados no defendieron tan categóricamente al  subsecretario general de Presidencia como sí lo hicieron en otros casos. Entre ellos, los casos que mas resonancia tuvieron fueron los de Mauricio Macri o Luis Caputo.

En los últimos días el ministro de Finanzas también se vio involucrado en un escándalo offshore cuando fue público el hecho de que, al asumir en 2015, ocultó en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami.

Noctua, la empresa con sedes en Delaware y Miami con la que Caputo manejó inversiones millonarias de terceros, acumuló más de u$s356 millones en 2017. Así lo demuestran los documentos de la Securities and Exchange Commission (SEC), la comisión de valores de los Estados Unidos, a los que accedió el equipo argentino de Paradise Papers.

A su vez, en abril de 2016 se conoció una denuncia por «omisión maliciosa de datos» en las declaraciones juradas del presidente Mauricio Macri y el intendente de Lanús Néstor Grindetti. Los acusaban de ocultar empresas off shore cuando ambos eran funcionarios del Gobierno porteño.

En el caso de Macri, según la documentación difundida, se le atribuye figurar como director junto a su padre Franco Macri y a su hermano Mariano de la empresa offshore creada en Bahamas, «Fleg Trading LTD» que habría sido disuelta en el 2009.

En el caso de Grindetti, figura como titular de un poder del estudio Mossack Fonseca para operar «Mercier International» y otro para operar una cuenta en el banco suizo Clariden Leu Ag.

Un dato alarmante es que, según un informe Oficina Nacional de Investigación Económica estadounidense, Argentina es el 5º país del mundo con mayor parte de su PBI en cuentas offshore.

En fín, ni Macri, Caputo o Grindetti son los primeros (ni los últimos) argentinos con cuentas offshore en paraísos fiscales. Sin embargo, ninguno de ellos sufrió la inquisición política y mediática que merecidamente viene acorralando a Díaz Gilligan, quien puede llegar a convertirse en el primer gran “mártir” de la corrupción en la era Cambiemos.

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