Redacción Canal Abierto | Se cuentan por decenas los hechos represivos y de mutilación de derechos adquiridos en Jujuy desde la asunción de Gerardo Morales en diciembre de 2015. Incluso pareciera que la provincia sirviera de laboratorio para la aplicación de las medidas mas  antipopulares e ilegítimas, incluso aquellas que ni el Gobierno nacional osa aplicar.

Ahora fue el turno de la salud pública, con una medida de claro tinte xenófobo.

El Gobierno jujeño confirmó la semana pasada su intención de cobrar a los extranjeros la atención en los hospitales públicos. Lo hizo el ministro de Salud, Gustavo Bouhid, quien sin pudor declaró: “Tenemos muchos ciudadanos extranjeros que son derivados desde su país de origen a los hospitales de Jujuy para que la provincia se haga cargo de tratamientos oncológicos, que son muy caros, demandan mucho dinero al Estado y no hay bolsillo que aguante”.

“La situación no es justa”, reconoció el funcionario, aunque agregó: “por lo menos tenemos que tener la posibilidad de cobrar un seguro, para que no le saquemos al ciudadano jujeño parte del dinero que disponemos para su atención”.

Por su parte, el cónsul de Bolivia en Jujuy, Nelson Guarachi Mamani, salió a repudiar la idea: «La vemos con muchísima tristeza, después de haber sido un Estado tan grande y que siempre tuvo una orientación humanitaria en el pasado, no se vea con los mismos ojos la situación de los inmigrantes hoy es triste”.

Estudiosos del derecho ya anticiparon que, en caso de aplicarse, se trataría de una medida inconstitucional. Al parecer, ni Morales ni su ministro tuvieron tiempo de leer el breve preámbulo de la Constitución Argentina, donde luego de reconocer los derechos de los ciudadanos aclara el universo al que comprende: “…y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino…”.

Gestión Morales: represión, cercenamiento de derechos sociales y demás atropellos

– Días atrás la referente social Milagro Sala celebró su cumpleaños en la cárcel tras 165 días de reclusión. Tras su detención por organizar un acampe de 33 días contra el plan de regulación de cooperativas, numerosas organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos vienen reclamando su liberación. El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas consideró que su encarcelamiento era arbitrario, pronunciamiento que luego respaldó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

– En diciembre de 2017, la policía de Jujuy desató una cacería por las calles de San Pedro y La Esperanza, apresando a 24 trabajadores del Ingenio La Esperanza en la vía pública. Los propios vecinos denunciaron el carácter arbitrario y violento del accionar policial, intimidando a la población y a los familiares de los trabajadores.

– En una movida claroscura, Gerardo Morales armó una justicia con mayoría como lo hiciera Menem en la década del 90´. A propuesta suya designó a tres miembros del partido radical, siendo dos de ellos, Pablo Baca y Beatriz Altamirano, diputados que en un mismo día votaron la ampliación del número de miembros del Superior Tribunal para horas más tarde asumir como jueces. El tercero en asumir, Federico Otaola, fue diputado por el radicalismo en 1983. Y en cuarto lugar, la Dr. Laura N. Lamas, una conocida aliada de Morales. La nueva presidenta del STJ, la ex diputada radical Clara de Langhe de Falcone, fue funcionaria de Cultura en la Municipalidad de San Pedro durante el gobierno de facto. Una situación que comparte con Sergio Jenefes (hno. del ex vicegobernador) quien fue denunciando por organismos de DDHH por su participación en dos cargos como funcionario durante la última dictadura militar.

– En abril de 2017, y contrariando las leyes vigentes, efectivos de la fuerza de seguridad ingresaron a la Universidad Nacional de Jujuy sin orden de allanamiento, por denuncias de vecinos que se quejaban por ruidos molestos. A las pocas horas, el gobernador justificó el operativo en la institución, en el que detuvo a dos estudiantes.

– En noviembre de 2017 docentes y estudiantes movilizaron en la capital jujeña contra el cierre de cinco carreras dispuesto por la resolución N° 7239 que suscribió la ministra de Educación Isolda Calsina.

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