Redacción Canal Abierto|  Este martes, el Ministerio de Hacienda anunció tres nuevas medidas para acrecentar el ajuste y seguir reduciendo el déficit fiscal. Fueron tomadas en el marco de la visita de la misión del Fondo Monetario Internacional, encargada de realizar la primera evaluación trimestral del acuerdo.

Con el fin de lograr un ahorro fiscal de $ 65.500 millones durante este año y el próximo, el Gobierno suspendió por seis meses la baja de las retenciones para aceites y harinas de soja; la eliminación del Fondo Federal Solidario para las provincias, que representaba el 30% de la recaudación de los derechos de exportación a la soja; y la reducción del 66% del monto total pagado en concepto de reintegros a la exportación, de acuerdo con un esquema diferenciado por producto.

Las medidas estarán contenidas en tres decretos que serán publicados en el Boletín Oficial, mediante los cuales se generará un ahorro fiscal estimado de $ 12.500 millones para lo que resta de 2018 y $ 53.000 millones para el 2019.

Sin embargo, el economista Claudio Lozano, advirtió que esto sólo representa la tercera parte del ahorro entre el período 2018/2019 prometido por el Gobierno al FMI en el acuerdo firmado para el crédito stand-by.

“Lo que el Gobierno prometió al fondo es aproximadamente $ 69 mil millones este año, más $ 214 mil millones en 2019. Y está claro que están teniendo dificultades porque han hecho algo que no estaban dispuestos a hacer, y que obviamente es correcto que se haga, que es frenar la baja en las retenciones a la soja”, sostuvo Lozano.

Sobre esto también expresó que “es un verdadero disparate que en el contexto de un dólar que saltó de $20 a comienzo de año a $31 hoy, no se hayan recompuesto retenciones con niveles más importantes, no sólo en la soja sino en otros productos también”.

La diferencia que se establece sobre el alcance de las medidas, hablan también de los lineamientos planteados en el acuerdo con el Fondo, sobre todo cuando se establece un freno de seis meses a la baja de las retenciones, pero  la eliminación del FFS es definitiva.

“El objetivo planteado en el acuerdo es reducir, prácticamente de manera absoluta, la obra pública. Se estima una caída de aproximadamente un 85% respecto a los valores que alcanzó en el 2017. Obviamente esto va a tener un impacto muy fuerte en las provincias porque viene de la mano de otro compromiso con el FMI, que es reducir en un 74% las transferencias no automáticas que estas reciben”, advirtió el economista.

Con la eliminación del Fondo Federal Solidario, los estados provinciales dejarán de recibir $ 35.000 millones entre este agosto y diciembre de 2018.

De acuerdo a la distribución de este dinero hasta el año pasado, la provincia más perjudicada será Buenos Aires, que recibía $ 4.023 millones, seguida de Santa Fe con $1.638 millones, Córdoba con $1.627 millones, y Chaco con $914 millones.

Las provincias que menos erogación reciben son Tierra del Fuego ($226 millones), Chubut y Santa Cruz ($290 millones).

En un informe elaborado desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, se realizó una estimación de cuál es el ajuste que las provincias tienen que hacer en este marco, más la reducción del déficit y la puesta en marcha de un superávit que también exige este acuerdo.

“Básicamente, está planteando una reducción del gasto de aproximadamente $172 mil millones para el conjunto de los estados provinciales –explicó Lozano, coordinador del estudio-. Para ponerlo en términos concretos, la Nación tiene que hacer un esfuerzo fiscal equivalente a $630 mil millones, dominantemente en términos de reducción de gasto, mientras que las provincias tienen que hacer un esfuerzo adicional cercano a los $100 mil millones”.

Teniendo en cuenta estos datos, la cifra de ajuste total que deben reducir las provincias deriva en un cuadro de recesión y caída de la actividad económica más profundo y casi permanente.

Se habla de permanente porque ante la caída de salarios, del empleo y del gasto público, la actividad económica también bajará. Esto a su vez produce una reducción en la recaudación que obliga a volver a ajustar el gasto. Además, al ser este un país endeudado, cada vez que se cierra un año, la deuda vuelve a crecer.

“El país no tiene dólares para cancelar siquiera un solo dólar de los que debe. Consecuentemente, la deuda crece y el déficit se mantiene o se incrementa, obligando a hacer el ajuste un año otra vez», sostuvo Lozano.

La última vez que un gobierno se propuso obtener un déficit cero fue en 1998, en el marco del fin de la convertibilidad. “El resultado fue que la Argentina cayera durante cuatro años en materia de actividad económica, que perdiera cerca de 20 puntos en el PBI entre 1998 y 2002, y que la cantidad de gente que quedó sumida en la pobreza superara el 50%”, manifestó el economista.

Y agregó que “el Gobierno está poniendo a los argentinos en un escenario de confrontación y conflictividad social creciente, que indudablemente está asociado a las definiciones en materia de seguridad que están tomando también”, refiriéndose a la incorporación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna, la instalación de bases militares estadounidenses en Posadas, Neuquén y Ushuaia, y a la capacitación de las fuerzas policiales de la mano del Comando Sur de los Estados Unidos.

Finalmente, advirtió que “claramente hay una combinación entre la profundización del ajuste salvaje y la generación de condiciones para la militarización de la democracia”.       

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