Redacción Canal Abierto | “Tenía una veintena de cargos en su contra. Se oponía a muchas iniciativas del Gobierno bonaerense”. Así justificaba el diario Clarín la destitución del juez Luis Arias, quien a través de numerosas resoluciones se opuso no sólo a embestidas contra los trabajadores por parte del gobierno de María Eugenia Vidal, sino también durante el sciolismo.
Hasta ayer titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de La Plata, Arias fue destituido por el voto de Nueve de los 11 integrantes del jurado, entre ellos los tres legisladores oficialistas, el presidente del organismo que es también el titular de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, y todos los abogados representantes de la colegiatura bonaerense.
Según la acusación, el magistrado habría incurrido en faltas genéricas previstas por la ley de enjuiciamiento, y que sin lugar a dudas sirvieron como vagas excusas para el apartamiento. Sin embargo, todo indica que las razones de fondo responden a decisiones adoptadas por Arias en causas sobre derecho a la vivienda, derechos de personas privadas de la libertad y sucesos en torno a las inundaciones de 2013 y el número de víctimas.
Los cargos aluden a decisiones adoptadas en causas sobre derecho a la vivienda, derechos de personas privadas de la libertad y sucesos en torno a las inundaciones de 2013 y el número de víctimas.
Quienes siguen el día a día judicial bonaerense advierten que la destitución es todas luces un mensaje político (y por qué no, mafioso): cuestionar al poder es peligroso, pisar jardines ajenos también. Hacerlo puede costar caro, y Arias es un ejemplo de ello.
Un juez incómodo para el poder
Consultado por Canal Abierto sobre cuáles de sus decisiones lo empujaron a esta situación, Arias señaló: “Yo creo que hubo varias situaciones que fueron molestas, que perjudicaron tanto intereses políticos como económicos; tiene que ver con una decisión judicial mía que suspendió el decreto de necesidad urgencia que eliminó el AFSCA y modificó la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y en ese momento, fines de 2015, un juez federal revocó pero la Cámara confirmó mi decisión. Luego, no se pudo cumplir porque en el Congreso de la Nación, la Comisión Bicameral, convalidó esos decretos.”
El magistrado no sólo cosechó enemigos en el macrismo. También fue una piedra en el zapato para el Gobierno de Daniel Scioli. Entre otras cosas, revocó la decisión del gobernador de pagar el aguinaldo de los estatales en cuotas en 2012 e investigó la cantidad real de muertes producidas en la inundación de la ciudad de La Plata que el ejecutivo bonaerense había cerrado en 52, y luego de su investigación la Justicia convalidó que los decesos fueron 89. En esa ocasión Arias señaló a la prensa: “lo que está en juego no es la cantidad de víctimas sino el derecho a la verdad colectiva”.
También durante la era kirchnerista dispuso una prohibición de las detenciones de menores de la Policía Bonaerense por averiguación de antecedentes y también terminó con el uso de álbumes de sospechosos en las comisarías.
Con el cambio de administración y la sorpresiva llegada de Vidal a la provincia, Arias no tardó en incomodar a la nueva administración. Enumeremos: falló contra los tarifazos; dictaminó que era inconstitucional el traslado de los comedores escolares a los municipios; hizo lugar a las presentaciones de los gremios en medio del conflicto docente y dejó sin efecto la conciliación obligatoria que había dispuesto el ejecutivo bonerense para frenar el paro docente de 2017.
Consultado sobre si esta era una medida disciplinaria para todo el poder judicial, aseveró: “Es un mensaje que se quiere dar. Cuando suspendí el aumento tarifario, había 50 jueces que estábamos decidiendo lo mismo respecto a las tarifas provinciales y nacionales. Hoy no existe ningún juez que suspenda las tarifas. Algún juez como Alejo Ramos Padilla de Dolores, resolvió la prohibición de cortar el servicio, pero no la suspensión de las tarifas. Hoy dejarle una demanda a un juez para la suspensión de los aumentos de tarifas de los servicios públicos es dejarle una bomba con la mecha encendida”.