Redacción Canal Abierto | La sexta Audiencia de la Causa Las Marías sirvió esta mañana para completar la incorporación de prueba pendiente. El fiscal Flavio Ferrini aportó, entre otros documentos, la denuncia Conadep de Genara Díaz, esposa del desaparecido, e informes de los libros históricos del Ejército.

El acusado por el secuestro y desaparición del obrero Marcelo Peralta es el militar retirado Héctor María Torres Queirel (de anteojos en la foto de portada), dueño de un establecimiento rural que le alquilaba a la empresa yerbatera Las Marías.

La audiencia de hoy fijó para mañana la inspección judicial a la Estancia María Aleida, del imputado, que también fue intendente del facto de la localidad Gobernador Virasoro.

Participarán los familiares, la fiscalía, la querella de la Secretaría de Derechos Humanos, y el abogado defensor del represor.

Consultada por Canal Abierto, la coordinadora de la Red de Derechos Humanos de Corrientes, Hilda Presman, destaca que “allí se podrá determinar que a un campo que es propiedad privada no puede libremente ingresar un grupo de tareas del ejército a la madrugada, pasar por el predio, por el casco de la estancia, abrir tranqueras y levantar peones”.

(Queirel) “no puede haber desconocido el operativo, ni como intendente ni como dueño del lugar, por eso le caben responsabilidades por este hecho”, asegura Presman, a pesar de que la defensa del imputado intenta declararlo inocente aduciendo que alquilaba el campo a terceros.

Los alegatos darán inicio el martes 21 de agosto, tras una lectura del acta de inspección ocular del día 17. Se espera que el dictado de sentencia se concrete antes del fin de semana.

El fiscal Ferrini junto a los familiares y los organismos de derechos humanos han insistido durante el proceso en visibilizar la ausencia del empresario Adolfo Navajas Artaza. Han denunciado que los jueces del Tribunal Oral Federal de Corrientes evitan que se hable en las audiencias sobre el rol de la empresa productora de yerba mate Taragüí y su dueño.

Presman coincide en que “es lo que más cuesta y además hemos visto que todo el tiempo se ha tratado de que no esté presente en el debate”, y completa el panorama explicando que

“este es un juicio que vino debilitado, porque el responsable empresarial Navajas Artaza fue retirado desde el inicio en 2008, con complicidad judicial, después de que 20 jueces y conjueces se apartaran de la causa para no tomarla”.

En todos estos años otros acusados han fallecido o fueron apartados por razones de salud, y a esta última etapa solo llegó la imputación del único acusado por un solo hecho investigado.

“De cualquier manera creemos que lo principal es que en la soledad y en las dificultades para establecer la complicidad empresarial, judicial y política, y por las características de las víctimas -que son todos peones rurales con escasa llegada a medios y al poder-, haber llegado a poner en el banquillo de los acusados al ex intendente de facto de Gobernador Virasoro e instalar la condena social, es fundamental para dejar instalada la responsabilidad empresarial”, destaca la referente provincial de los derechos humanos.

El debate investiga la desaparición del delegado de Fatre (hoy Uatre) Peralta, ocurrido el 29 de julio de 1977 en la estancia María Aleida, donde vivía y sigue viviendo Torres Queirel.

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