Redacción Canal Abierto | “Un cura violó a una niña de siete años en un hospital luego de que fue operada para extirparle las amígdalas. Otro niño tomó un vaso de jugo y se despertó recién al día siguiente, con el ano sangrando y sin memoria de lo ocurrido”.

Estos son dos de los casos precisados en un informe realizado por la agencia de abusos sexuales a menores del gobierno de Estados Unidos. En la investigación se hallaron más de mil víctimas que sufrieron acosos y violaciones de parte de 300 curas católicos durante 70 años.

El informe de 1.400 páginas sobre los casos ocurridos en todas las diócesis del estado de Pensilvania es la investigación más exhaustiva hasta ahora en la Iglesia católica estadounidense.

El testimonio de decenas de víctimas-incluidos los que no declararon antes por miedo o que los archivos se perdieron- y más de medio millón de documentos lograron la inculpación de dos curas. Sin embargo, como la mayoría de los crímenes ocurrieron hace tanto tiempo, muchos abusadores han muerto y gran parte de los delitos han prescripto.

El texto también revela la existencia de una suerte de “manual de instrucciones” para cubrir los abusos.  Eufemismos para hablar de los casos, investigaciones deficientes, los traslados de curas a otras diócesis en vez de expulsiones, son algunos de los ejemplos del modus operandi de los eclesiásticos.

Dentro de los acusados, se destaca el caso de un sacerdote que violó a una niña, la embarazó y organizó su aborto. Sobre esto trascendió también una carta escrita por un obispo. “Este es un momento muy difícil en tu vida y me doy cuenta de lo mal que te sientes. Yo también comparto tu pesar”. Sin embargo, esa carta no iba dirigida a la menor violada, sino al clérigo que la violó.

En el clima de debate por la legalización del aborto en Argentina, diputados y senadores utilizaron como argumento su cercana relación con la Iglesia, sobre todo la católica. Pero en otros testimonios, las víctimas del reverendo Edward Graff, quien se desempeñó como sacerdote durante 45 años, manifestaron que cuando lo interpelaron para saber por qué abusaba de ellos, les respondió que estaba bien porque él era “un instrumento de Dios”.

Durante 2017 trascendió un informe similar en el país, realizado por periodistas de la Agencia Nacional de Noticias Télam. El caso contra el padre Julio César Grassi en 2002 abrió las puertas a nuevas denuncias de abuso sexual por parte de miembros de la Iglesia.

Desde allí se denunciaron cuatro casos por año, de los cuales sólo tres fueron sancionados con la expulsión del sacerdocio. 59 curas y tres monjas fueron denunciados. Ocho recibieron condena judicial.

Otra investigación periodística que tuvo repercusión mundial fue la que llevó adelante el equipo de Spotlight, del Boston Globe, en la que se identificaron a más de 90 sacerdotes como autores de actos de pedofilia.

El equipo logró demostrar cómo la jerarquía católica local, con el cardenal Bernard Law a la cabeza, había encubierto de forma sistemática, y a menudo cínica, los abusos sexuales cometidos por sacerdotes en Boston y sus alrededores durante varias décadas.

Los registros de la Iglesia sirvieron para revelar que Law había trasladado durante años a sacerdotes agresores de una parroquia a otra sin alertar a los padres ni a la policía.

«El ‘nunca más’ a la cultura del abuso, así como al sistema de encubrimiento que le permite perpetuarse, exige trabajar entre todos para generar una cultura del cuidado que impregne nuestras formas de relacionarnos, de rezar, de pensar, de vivir la autoridad, nuestras costumbres y lenguajes y nuestra relación con el poder y el dinero», expresaba el Papa Francisco el mes pasado en el marco de la investigación de 70 clérigos chilenos a los que se les aducen más de cien casos de violaciones.

Sin embargo, cuando hay abusos en la Iglesia, el silencio y la protección parecen ser la única solución.

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