Redacción Canal Abierto | Cada aniversario redondo de la llegada de Raúl Alfonsín a la Casa Rosada -y aquellas primeras luces del amanecer democrático- llega con la (valiosa) tentación de una nueva e imprescindible revisión de las cuentas pendientes que el joven y perfectible sistema todavía arrastra en nuestro país.

La pobreza estructural, la legalización del aborto, la lentitud de los mecanismos para seguir recuperando la identidad de los hijos de desaparecidos apropiados y el poder de los cárteles de medios que nublan las virtudes del sistema electoral son solo algunas de esas deudas que las democracias en general deberán tener en cuenta cuando se decidan a reinventarse y blindarse contra los males de estos tiempos. Sin embargo, semejante abstracción trae consigo una consecuencia tan brutal como concreta: esas deudas son impagables porque su saldo deficitario se mide en vidas.

En el drama de la violencia institucional, que en algunos casos lleva el alias de «represión», por acción u omisión siempre es posible y necesario encontrar alguna responsabilidad del Estado.

Fuerzas de seguridad autogobernadas que actúan como brazo armado del poder político y sus intereses; fuerzas de seguridad autogobernadas que disponen del poder suficiente para enfrentar al poder político; mafia judicial con jueces cómplices; impericia, falta de instrumentos, falta de interés de los gobiernos y los tribunales para resolver casos y reparar en la medida de lo posible a las víctimas y sus familiares, son algunos de los planos que deben tenerse en cuenta a la hora del debate que atravesó y atraviesa a todos los períodos presidenciales desde 1983 hasta hoy.

El de los desaparecidos en democracia es un reclamo de los organismos que nunca cesó en estas tres décadas y media, pero que recientemente recobró visibilidad con el caso de Santiago Maldonado, que reúne todas la pruebas para la carátula “desaparición forzada seguida de muerte”, a pesar de lo que vomiten los medios que siempre ocultaron desapariciones y justificaron la represión.

Es pertinente aclarar que, aun con cuerpos que no aparecen, no todas las desapariciones implican necesariamente la participación del aparato estatal o alguna de sus instituciones al servicio de un plan criminal. Pero en todos los casos sí existe la responsabilidad del Estado de investigar, descubrir qué fue lo que sucedió, buscar y encontrar el cuerpo, juzgar y castigar a los responsables, contener y reparar a las víctimas indirectas y familiares. Y responder ante la sociedad.

Este listado incompleto y resumido incluye algunos de los casos que aun reclaman justicia. Varios con sentencias en organismos multinacionales. Algunos de alto impacto mediático nacional y hasta internacional. Otros ocultados. Algunos vinculados a las fuerzas oscuras de la dictadura, otros de crímenes entre particulares. Redes de trata de mujeres, asesinatos policiales, empresariales, familiares; con juicios y condenados, o sin siquiera imputados. Todos, absolutamente todos, son parte de la deuda interna impagable que crece como gemela no querida de la democracia, el menos malo de los sistemas de gobierno.

1983

Cecilia Viñas: Madre del nieto recuperado Javier Penino Viñas, apropiado por Jorge Vildoza, prófugo y Ana María Grimaldos detenida en 2012. Fue secuestrada el 13 de julio de 1977, cuando estaba embarazada, y llevada a dar a luz a la ESMA. En diciembre de 1983, es decir, con las primeras elecciones democráticas ya celebradas, llamó a su casa de Mar del Plata y habló con Cecilia, su madre, quien supo así que el niño había nacido sano. Las llamadas se repitieron hasta abril de 1984. Fueron grabadas y se comprobó su autenticidad.

1984

Lito Gutiérrez: Fue detenido, asesinado y desaparecido por la Policía de Neuquén, en el barrio Jardín. Hubo cuatro policías directamente involucrados que fueron condenados a la cárcel. Y otros cuatro que recibieron condenas excarcelables.

1989

Francisco Provenzano, Iván Ruiz, Carlos Samojedny, José Díaz: Militantes del MTP, desaparecidos desde el 28 de enero de ese año en la represión a la toma del cuartel de La Tablada.

1990

Adolfo Garrido y Raúl Baigorria: Fueron desaparecidos en el Parque General San Martín de Mendoza. El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emitió resolución concluyendo que Garrido y Baigorria fueron detenidos el 28 de abril por una comisión policial, sometidos a torturas y muertos por sus captores, identificados como Miguel Muñoz, Luicio Sosa y Carlos Sosa. El año pasado, la CIDH criticó al fiscal que sigue el caso que lleva 27 años si resultados y ordenó al Estado argentino mantener la investigación.

Andrés Núñez: Secuestrado y torturado hasta morir en la Brigada de investigaciones de La Plata. En 1995 se encontró el cuerpo enterrado en el campo de un primo de uno de los policías. Fueron imputados más de 30 policías y sobreseídos por prescripción del delito.

1992

Pablo Guardatti: Mendoza. Cuatro policías fueron detenidos, procesados y luego sobreseídos. Hay recomendación de la CIDH que encontró la responsabilidad del hecho en los agentes del Destacamento Policial 7° del barrio La Estanzuela. Desapareció mientras era trasladado al destacamento.

Pedro Brandan: Santiago del Estero. Desapareció el 6 de junio de ese año sin que se volviera a tener noticias suyas. Fueron imputados agentes de la policía provincial, pero el expediente se extravió en junio de 1997.

1993

Miguel Bru: Estudiante de periodismo detenido ilegalmente y torturado en la Comisaría 9º de La Plata. Su cuerpo nunca fue hallado. Fueron condenados el subcomisario Walter Abrigo y el sargento Justo López por tormento seguido de muerte.

1994

Héctor Gómez y Martín Basualdo: Entre Ríos. Eran amigos, salieron juntos hacia las oficinas centrales del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos en búsqueda de leche para el bebé de Héctor. Nunca más regresaron y algunos testigos aseguran haberlos visto cuando eran trasladados. Fueron acusados policías de la Comisaría 5º de Paraná, pero el juez Héctor Toloy cerro la causa sin investigar.

2001

Miguel Alfredo Vera: Le decían «el Gaucho». Habría sido asesinado por su propio hermano por un conflicto de herencia de tierras, a balazos en un campo ubicado a 130 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Su cuerpo nunca apareció. Se cree que lo enterró en el extenso terreno de 500 hectáreas propiedad de la familia.

2002

Elías Damián Gorosito: Entre Ríos. Está desaparecido desde el 13 de febrero de ese año, cuando -según testigos- fue detenido por personal policial. Fueron imputados el oficial ayudante Lisandro Rodríguez, el cabo Diego Javier Salvador y el cabo Jesús Salvador López. Los tres policías fueron absueltos en el juicio oral por desaparición forzada de personas agravada.

María de los Ángeles “Marita” Verón: Desaparecida desde el 3 de abril de ese año. Uno de los casos más resonantes de mujeres secuestradas por redes de trata. Trece integrantes del Clan Alé fueron condenados a penas de hasta 10 años en 2017, luego de haber sido absueltos en primera instancia.

2003

Iván Torres: Chubut. Fue visto por última vez la noche del 2 de octubre de ese año. La CIDH condenó al Estado argentino por la detención ilegal, tortura y desaparición forzada de Iván. Y lo obligó a investigar y castigar a los responsables.

2004

Andrea López: Según denuncias, se trata de otra de las miles de mujeres secuestradas por redes de trata.

Fernanda Aguirre: El 25 de julio de ese año, en San Benito, Entre Ríos, desapareció camino a su casa. El principal sospechoso apareció colgado en la celda de una comisaría luego de confesar que Fernanda había sido entregada a una red de trata de mujeres.

Diego Duarte: Desaparecido el 15 de marzo en el basural del CEAMSE  de José León Suárez. Fue aplastado por la descarga de un camión recolector de residuos por orden de un policía, mientras se escondía entre la basura para no ser golpeado por los agentes que custodiaban el basurero del organismo estatal.

2005

Ramona “Peli” Mercado: Desapareció en La Rioja el 26 de abril. No hay pistas de su paradero y la familia no tiene abogado que los representes. Responsabilizan al Estado por inacción y encubrimiento, ya que se presume que fue secuestrada por redes de trata.

Florencia Pennachi: Tenía 24 años. Había nacido en Neuquén. Entonces estudiaba en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA) y trabajaba en el Instituto de la Vivienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La noche del 16 de marzo se reunió con unos compañeros de estudio en su departamento de Palermo. Después, desapareció. La pista más fuerte apunta a una red de trata de mujeres.

2006

Otoño Uriarte: Desaparecida y asesinada en Fernández Oro, Río Negro. Su cuerpo apareció en 2007. Néstor Cau, Germán Antilaf, José Jafri, Maximiliano Lagos, Federico Saavedra y Juan Calfiqueo están acusados de secuestrar a Otoño, de abusar sexualmente de ella, de haberla herido hasta la muerte y de haber arrojado su cuerpo en un basural. El caso fue presentado ante la CIDH. La causa sigue abierta.

Jorge Julio López: Ex militante peronista. Estuvo desaparecido entre 1976 y 1979 durante la dictadura, y desde septiembre de 2006, luego de haber declarado contra sus secuestradores, permanece desaparecido.

2007

María Auxiliadora Figueredo Guillem: Desaparecida desde febrero de ese año, en José León Suárez, Buenos Aires.

2008

Florencia Sire: Desaparecida en Río Grande.

María Cristina Quevedo Luquez y Nahuel Cristian Ezequiel Quevedo: La mujer y su hijo desaparecieron el 11 de diciembre en Villa Madero, Buenos Aires. Interviene la UFI Nº 7 Departamento Judicial de La Matanza.

María Victoria González Ríos: Desaparecida en junio en la Ciudad Autónoma de  Buenos Aires, en el barrio de Flores.

Sofía Herrera: Tenía 3 años. Sofía desapareció en un camping cercano a Río Grande, Tierra Del Fuego. No hay rastros ni imputados. El cuidador del camping, Alberto Urrutia, estuvo imputado. Sin embargo, ya fue sobreseído.

Mario Golemba: 27 años, desaparecido en Misiones. Era agricultor. El 27 de marzo salió de su casa y no regresó. Dos testigos afirman haberlo visto esposado en una comisaría. La Justicia misionera cajoneó el caso. Exigen la urgente intervención del Superior Tribunal de Justicia y que la carátula sea «desaparición forzosa»

2009

Luciano Arruga: Desaparecido el 31 de enero, luego de haber sido detenido por la policía bonaerense en Lomas del Mirador. Su cuerpo apareció en el cementerio de Chacarita como NN en 2014. Tenía 16 años.

Luciano González: Chubut. El poblador de 42 años -oriundo de Aldea Epulef- fue visto por última vez el 12 de marzo en Cerro Centinela, cuando fue detenido por la policía provincial luego de la represión en Corcovado.

María Luz Galarza: Desapareció el 28 de marzo, en la localidad de Los Cardales, Buenos Aires. Tenía 15 años.

2010

Evelyn Espinosa López: Estudiante de 17 años, desaparecida de la zona de Liniers, Ciudad de Buenos Aires. La denuncia por desaparición de persona fue radicada en el Juzgado Nº 46, Secretaría 134, Fiscalía 11. Intervinieron el Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes y la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas.

María Elena Moreno: Desapareció el 24 de abril de la esquina porteña de San Juan y Piedras. Tenía 19 años y vivía en situación de calle junto a su compañera Roxana, porque sus familias no aceptaban la relación. La denuncia fue radicada en la Fiscalía Nacional en lo criminal de Instrucción Nº 28.

Érica Soriano: Estaba embarazada y su cuerpo no apareció. Su esposo, Daniel Lagostena, fue detenido luego de que se conociera el resultado de una pericia psiquiátrica. La familia de la víctima siempre sospechó de él.

2011

Maria Cash: Permanece desaparecida desde junio de ese año. Fue vista por última vez en Salta.

Daniel Solano: Río Negro. Tenía 27 años y era trabajador “golondrina”. Permanece desaparecido desde el sábado 5 de noviembre, de 2011 cuando fue retirado a los golpes del local bailable Macuba Megadisco de la ciudad de Choele Choel por policías pertenecientes al grupo BORA.

2012

Facundo Rivera Alegre: Un joven de la provincia de Córdoba conocido como «El rubio del pasaje», que fue visto por última vez el 19 de febrero de 2012. Su madre, Viviana Alegre, es miembro de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Viviana tiene un hermano desaparecido durante la dictadura en el centro clandestino “El Pozo” de Banfield. Y su cuñada, embarazada de seis meses, desapareció en la ESMA.

César Monsálvez: Tenía 13 años. Su desaparición forzada ocurrió en Trelew, Chubut. César es sobrino de Bruno Rodríguez Monsalvez, una testigo de una muerte en una comisaría que fue asesinado el 26 de marzo de 2012.

2017

Marcelino Cheli Olaire: Qom de la comunidad La Primavera, de Formosa. Está desaparecido desde que lo internaron en un hospital a 140 kilómetros de su casa. Ni la familia ni la comunidad saben nada de él. En el hospital dijeron que había sido trasladado, pero no lo encuentran. La justicia investiga un posible caso de trata de personas.

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