Redacción Canal Abierto | Luego de reclamos y contra reclamos la compañía que tenía al ex vicejefe de Gabinete Mario Quintana como uno de sus dueños consiguió que la Corte Suprema de Justicia de la Nación atienda su pedido contra las inhibiciones bonaerenses después de perder en todas las instancias judiciales en la provincia.

La semana pasada se realizó la primera de las audiencias públicas en las que los supremos escucharon a quince amigos del tribunal, con argumentos a favor (seis) y en contra (nueve) de la llegada de Farmacity al territorio de María Eugenia Vidal.

La jornada estuvo presidida por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, ya que los ministros Carlos Rosenkrantz, presidente del tribunal, y Horacio Rosatti se excusaron por tener una relación previa con la compañía: Rosenkrantz fue letrado de la empresa y su ex socio, Gabriel Bouzat, es quien ejerce la defensa en la actualidad. 

Hoy se realizará el segundo y último encuentro y será el turno de las exposiciones de la empresa, de la Fiscalía de Estado de la provincia, y del Colegio de Farmacéuticos.

La firma argumenta, entre otras cuestiones, que sus farmacias funcionan hace más de veinte años en catorce provincias y la Ciudad de Buenos Aires, con un empleo directo de 6.000 personas. De acuerdo con los números de la empresa cada apertura de local implica, en promedio, la creación de 25 empleos formales.

El ex ministro Ginés González García, las asociaciones de consumidores, el CELS, el experto en sociedades Ricardo Nizen (quien dijo que esta empresa no debería tener farmacias en la provincia ni en ningún otro lado, porque es una sociedad fraudulenta que tiene acciones en el exterior), constitucionalistas como el doctor  Andrés Gil Domínguez, Alberto Bianchi, y el Grupo Argentino Para el Uso Racional de Medicamentos, hablaron en contra.

Por su parte, Lucas Grossman, rector de la Universidad San Andrés presidida por Rosenkrantz, fue uno de los oradores a favor de la compañía.

Isabel Reynoso, titular del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, puso el acento en el perjuicio que provocaría el pedido de Farmacity: “La provincia tiene 307.000 kilómetros cuadrados, y hay farmacias en pueblos, en barrios, donde no hay otros servicio, y eso acerca la farmacia a la gente”.

“Cuando se desregula, como en Chile, estos grupos económicos ponen droguerías y fábricas, entonces se aprovechan del monopolio y levantan los precios”, dijo la especialista en el programa Sobre La Hora, que se emite por Radio Cooperativa. “Los oradores a favor de la empresa hablaban de comercio, de competencia, pero nunca de salud pública”, concluyó Reynoso.

En abril de este año la Procuraduría de la Nación emitió un dictamen en el que consideró inconstitucional la ley provincial que le prohíbe a Farmacity ser titular de farmacias en la provincia de Buenos Aires. La red Farmacity Sociedad Anónima reclamaba desde hace años poder instalarse en suelo bonaerense.

La Corte debe pronunciarse sobre la causa que inició Farmacity, que busca declarar inconstitucional la ley que le prohíbe operar en la provincia de Buenos Aires.

Se espera que, tal como sucedió durante la primera audiencia, los grupos de farmacéuticos bonaerenses se concentraran en los alrededores del Palacio de Justicia, ubicado en Talcahuano al 550, en la Ciudad de Buenos Aires, para expresar su desacuerdo, acompañados por trabajadores y pequeños empresarios de Entre Ríos, Santa Fe, Jujuy, La Rioja, entre otros, para defender el modelo sanitario de farmacia pública.

El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, insistió en sus críticas al juez de la Corte Carlos Rosenkrantz, por haberle negado participar en la audiencia inicial: “Nos censuró por nuestra postura contra Farmacity. Como ex apoderado de la empresa, el juez decidió dejar sin voz a millones de personas, ya que busca permitir que se cree un monopolio que lleve a la ruina a las farmacias bonaerenses”.

Con el poder del gobierno nacional y de parte de la propia Corte detrás, el resto de los jueces supremos debe definir entre abrir las puertas a un negocio fabuloso para la empresa de los socios del Presidente, o garantizar la continuidad del alcance del sistema público de salud, del que las farmacias son el primer eslabón.

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