Redacción Canal Abierto| La cooperativa Calf, encargada del suministro eléctrico en la capital neuquina, adelantó que no le es viable afrontar el último incremento de costo de producción dispuesto por la Secretaría de Energía. El aumento del 55% eleva el costo al 1600% tomando como referencia marzo de 2016, cuando el gobierno de Macri definió el cambio de rumbo en su política energética, bajo el eufemismo de «sinceramiento tarifario».

A este incremento que dispone la empresa mayorista Cammesa se le suman la de impuestos y tasas municipales, que al ser proporcionales al costo también se ven afectadas en el mismo porcentaje.

Ante esta situación, Calf adelantó que realizará las presentaciones judiciales correspondientes para evitar pagar la nueva suba que entiende como «insostenible». Consultado por Canal Abierto, Carlos Ciapponi, presidente de la cooperativa cuenta que «el último resto de subsidio en tarifa social también fue dado de baja, adicionalmente a este incremento que se plantea trasladar al usuario. La situación es clara: se ha transformado al servicio eléctrico, que es un servicio esencial en un artículo de lujo, porque quien pagaba 100 pesos en marzo de 2016 hoy por el mismo consumo abona 1700 pesos. Si tenemos en cuenta que el promedio de consumo del servicio eléctrico era alrededor de 300 pesos hoy para por esa energía 5400».

Estos incrementos no se condicen con los que han tenido los salarios durante el año anterior, que quedaron muy por detrás del casi 50% de la inflación estimada. Si bien en los tres años del actual gobierno desde Calf fueron acompañando la política energética planteada, este último aumento pareciera ser la gota que colma el vaso. «Hasta acá vinimos acompañando las decisiones de la Secretaría de Energía con el sinceramiento de tarifas, pero esto llegó a un límite porque del presupuesto total de la distribuidora la compra de la materia prima supera el 70%. Esto hace inviable cualquier organización económica, máxime si se trata de una cooperativa que tiene un fin social y no tiene utilidades, ganancias ni acumula capital de trabajo» agrega Ciapponi.

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Para graficar la situación, Ciapponi cuenta que «estamos planteando esta situación porque adicionalmente a esto en un presupuesto de 180 millones mensuales, hoy se destinan 100 millones a la compra de materia prima. La energía también ha aumentado los cargos por potencia y los aportes a los fondos nacionales. Además tenemos el IVA, que impacta directamente, porque es un porcentaje sobre el valor a la energía, por lo que los impuestos han aumentado en la misma proporción, de 16 a 17 veces. Con esta situación son algo más de 100 millones de compra de energía y algo más de 30 millones de impuestos nacionales y alguna tasa municipal. Así que apenas da para pagar sueldos y prácticamente los costos operativos de funcionamiento no se pueden atender. Y no vamos a sacrificar calidad de servicios ni seguridad en la vía pública».
Al anunciar el giro en materia energética, el gobierno planteó que los tarifazos eran imprescindibles para poder realizar las inversiones en infraestructura necesarias para evitar un colapso. Transcurridos casi tres años de los primeros tarifazos, Ciapponi plantea que «no hemos visto que en el nivel de tensión superior que es el que maneja el Comahue en la jurisdicción de Neuquén y Río Negro haya hecho inversiones en este último año que tengan que ver con el dinero que ha salido de los usuarios de Neuquén capital que han ido a parar a la secretaría de nación. Así que estamos reclamando saber a qué se debe el aumento, a qué se va a destinar y el impacto que tiene en las finanzas de la distribuidora».

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El aumento desmedido de las tarifas lleva a que muchos usuarios no puedan pagarlas, lo que genera una suerte reacción en cadena que deja a las cooperativas en la incertidumbre sobre su funcionamiento en el futuro, pudiendo atender a las variables de calidad y seguridad. «Ya tuvimos por encima de un 10% de la morosidad y es lógico y entendible porque de las facturas de 5400 son de un hogar de clase media baja, en el que el sueldo promedio no supera los 14000 pesos. Ese 10% hasta ahora tenían tarifas social y ese porcentaje se incrementa si tenemos en cuenta a quienes les hemos dado facilidades de pago o los hemos atendido con una herramienta local es el fondo solidario. Si tomamos esas dos situaciones, es un 24% de la población que hace meses que tiene dificultades para poder afrontar el pago de sus factura. Lo que hace que a nosotros nos pase lo mismo con nuestros costos operativos. El mes pasado tuvimos dificultades para pagarle a Cammesa. Tuvimos que hacer un plan de pagos en tres cuotas, pero el interés que nos cobran es usurario. Son 15 millones de pesos de intereses, cuando la tarifa social representa 6 millones. Si ven la información de Cammesa verán que CALF es una de las pocas distribuidoras que no mantiene deuda histórica con Cammesa ni la tuvo. Muchas distribuidoras argentinas han renegociado deudas, mientras que CALF siempre ha pagado en tiempo y forma la materia prima a costa de no invertir en obras o hacer cosas que son absolutamente necesarias para el servicio».

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