Redacción Canal Abierto | «La Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia (Ajunaf) se opone a la baja de la edad de punibilidad sin que se introduzcan por parte del Poder Ejecutivo políticas públicas debidamente financiadas, destinadas a mejorar y asegurar la calidad de vida -efectividad de derechos económicos, sociales y culturales- de toda la infancia y la adolescencia», expresa un comunicado del colectivo integrado por jueces de menores de distintas jurisdicciones del país.

Este lunes 7 de enero la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich anunció que el Gobierno intentará bajar la edad de imputabilidad a 15 años. Lejos de solucionar los problemas de fondo pero fiel a un discurso punitivista, el Gobierno pretender arremeter una vez más contra niños y adolescentes pese a que –según estadísticas oficiales- sólo el 1% de los delitos son cometidos por menores.

Lo cierto es que lamentablemente el anuncio no reviste novedad, sobre todo siendo este un año electoral. Sin embargo, cabe atacar esta pirotécnica verbal que corre el eje de las cuestiones centrales en la materia: es que -según datos recientes del INDEC- el 48% de los niños y adolescentes de 0 a 17 años ve vulnerados al menos uno de los derechos básicos relacionados con la educación, el saneamiento y la protección social.

En este sentido, el pronunciamiento de Ajunaf señala que “la reforma del sistema de responsabilidad penal juvenil no puede darse sin advertir la vulneración actual de los derechos económicos, sociales y culturales en que vive la infancia y la adolescencia de la República Argentina”. Los magistrados incluso plantean que la actividad estatal no debe reducirse a la acción penal, “sin atender centralmente a los derechos sociales de la infancia, cuyo aseguramiento financiero estatal se ha visto recortado en educación, protección integral, y salud -entre otros derechos- a la luz del presupuesto nacional aprobado para el ejercicio 2019”.

En esta misma línea se pronunciaron representantes de organismos de Derechos Humanos, como el coordinador de la Federación Nacional Territorial de la CTA-Autónoma y referente en el área de niñez y adolescencia, Omar Giuliani: “Hay más de 6 millones de pibes bajo la línea de pobreza y un Estado que ni siquiera puede garantizar el primero de los derechos que es el derecho a la alimentación. Si uno toma las estadísticas del Ministerio de Justicia, en el 1% o menos de los delitos graves hay participación de menores. Es una construcción falsa que tiene que ver con la identificación de un enemigo público que es la juventud”.

“Podemos afirmar que la reforma no reducirá por sí misma la cantidad de delitos cometidos por adolescentes, y menos los índices de la inseguridad”, concluyen.

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