Redacción Canal Abierto | En octubre pasado, la Cámara Segunda de Paraná, resolvió prohibir todo tipo de fumigación aérea (3 mil metros) y terrestre (mil metros) en inmediaciones de escuelas rurales, pese a la apelación que el gobierno provincial ejecutó.

Entre Ríos es una de las provincias más fumigadas de Argentina. El número de casos de aparición de cáncer es alarmante. Sin embargo, lo que preocupa más son los recientes diagnósticos pediátricos, donde muchos niños presentan diferentes tipos de esta enfermedad y el elevado registro de malformaciones.

En diálogo con Canal Abierto, María Fernández Benetti, abogada de la Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM), explicó la realidad de una provincia cuyo modelo productivo ha producido una fractura ambiental y cultural importante en los últimos 20 años.

“Hay una desruralización importante. Se ha producido una migración del campo a la ciudad, voluntaria e involuntariamente, provocando la desaparición de fuentes de trabajo y del pequeño productor”, comentó Benetti.

Hablar sólo del modelo sojero en Entre Ríos no sería lo adecuado. Transgénicas o no, la producción hortícola, citrícola e incluso lo forestal está atravesado por el veneno. Ante los estragos que esta situación genera en la salud de los habitantes rurales, distintas organizaciones ambientales y sociales iniciaron caminos legales para hacer frente a esto.

“En agosto presentamos un amparo ambiental contra el gobierno provincial y el Consejo General de Educación en pos de la protección de los niños de áreas rurales y de las 1.032 escuelas distribuidas en todo Entre Ríos, que no tenían una legislación específica que las proteja. No había ninguna franja de seguridad que las proteja, era una laguna legal”, explicó la abogada.

Lo que se pretendía era trasladar la protección legal de la que gozan quienes habitan en la ciudad –con una legislación vigente que prohíbe fumigaciones a 3.000 metros– hacia la rural.

Sin embargo, el amparo tuvo una repercusión adversa y una decisión política directa por parte del gobernador Gustavo Bordet. “A los dos días de tener un fallo positivo de la Cámara Segunda de Paraná, el gobernador se reunió con la mesa de enlace y el abanico de agroindustria en franco apoyo hacia ellos y sus necesidades. Vimos registros de cómo los productores y dueños de campos hablaban con los directores de escuela y les decían: si me denuncias, los padres de tus alumnos van a quedar sin trabajo”, aseveró Benetti.

A pesar del fallo confirmado por la Corte Provincial, Bordet apeló la decisión a la Corte Nacional. Desde las organizaciones están a la espera de la resolución que el Supremo Tribunal de Entre Ríos debe tomar en cuanto al recurso extraordinario presentado.

“Ante la duda de si hace daño o no, por supuesto que hay que frenar la actividad. Nosotros entendemos que hay pruebas de sobra de esto y que ya no da para más. Si hiciéramos un análisis de todo lo que estamos pagando en sistema de salud, ya económicamente no le conviene a la provincia sostener esto”, sentenció la representante de AJAM.

 

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