Redacción Canal Abierto| El 3 de abril de 2016 se daba a conocer la mayor filtración de datos vinculada a las empresas inscritas por el estudio Mossack Fonseca de Panamá. El affaire, difundido por en Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, tomó relevancia mundial con el nombre de Panamá Papers. A partir de la difusión de estos datos quedaron en evidencia las maniobras que los propietarios de las grandes fortunas del planeta hacían para no tributar los impuestos correspondientes en sus respectivos países.

En Argentina, los Panamá Papers lograron una repercusión importante al encontrarse involucrado el propio presidente de la Nación Mauricio Macri. Otros pares suyos como los primeros ministros del Reino Unido, David Cameron, y de Islandia, Sigmundur Gunnlaugssonm, renunciaron tras conocerse el escándalo.

A tres años de aquellos sucesos, la Fundación SES hizo un revelamiento de las consecuencias palpables en las órbitas judiciales y políticas. Este sondeo dio como resultado que en América Latina «en el 65% de los países se iniciaron investigaciones judiciales o administrativas vinculadas a las revelaciones de los Papeles de Panamá. Las maniobras analizadas involucran a poderosos empresarios y políticos. Un 12% de los países latinoamericanos relevados registra sentencias en los casos asociados a la filtración. Son apenas 2 países donde se observan definiciones judiciales mientras que en otros países las causas iniciadas no registran avances o fueron desestimadas. La mitad de los países de la región recuperaron una porción de los impuestos evadidos a través de las abusivas maniobras que fueron expuestas en los Papeles de Panamá»

«En el 29% de los países se registraron detenciones o renuncias/desplazamiento de funcionarios. Esos hechos fueron observados a lo largo de los últimos tres años en Ecuador, Venezuela, Brasil y Uruguay. Existen cinco países que donde se registraron modificaciones legislativas, normativas y regulatorias para intentar abordar los abusos vinculados al mundo offshore» agrega el informe.

Si bien Argentina es uno de los países que introdujo normas regulatorias, las investigaciones fueron escasas y las condenas o renuncias, nulas. La ley que facilitaba el blanqueo de capitales, no obligaba a que estos fueran repatriados, sino sólo a pagar los impuestos correspondientes y la multa del caso.

Consultado por Canal Abierto, Adrián Falco (*), se refirió a la metodología del revelamiento: «empezamos de a poco a relevar información y terminó siendo un informe en el cual se puede ver en cada uno de los países de América Latina y algunos miembros del G20 en qué estado está, cuál fue el alcance en la región de esta problemática que ha surgido luego de la filtración. Es darse cuenta de que existen cientos y cientos de guaridas fiscales que protegen el dinero de los ricos globales y que terminan, en última instancia, pagando los impuestos que deberían en nuestros países».

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La Fundación SES se conformó en 1999 con el objetivo de promover la inclusión de los jóvenes en situación de riesgo, impulsando el desarrollo de sus derechos. Consultado por la incumbencia de esta investigación en sus objetivos iniciales, Falco argumentó que nos preocupa el financiamiento de políticas públicas: «Nosotros venimos promoviendo promoviendo la inversión en educación, programas de empleo y de empleabilidad para jóvenes. En determinado momento nos dimos cuenta que no era solamente un tema de presupuesto. No es que no hay un porcentaje mayor de la torta para repartir, sino que se trata de ampliar esa torta. Ahí empezamos a investigar temas como la cooperación internacional, el endeudamiento, la justicia fiscal y cómo eso afectaba a nuestro países.

«Esta línea de investigación nos lleva a estos temas, a ver como hay dinero en otros lugares del planeta que podrían ser parte de los presupuestos de educación, de salud, de seguridad, de vivienda pero que terminaban escondidos en guaridas fiscales y cooptados por las grandes empresas de auditoría que operan a nivel mundial y que extraen la riqueza de nuestros países para llevarlos a otros lugares en los que no pagan impuestos. Es un argumento más en esta lucha por generar mayor financiamiento de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la gente, de proponer que hay una discusión que tiene que ver con dinero escondido en guaridas fiscales, con empresas que no cumplen con las regulaciones, con cierta clase de política que es permeable a las decisiones de las multinacionales y que en algún sentido gobierna también para ellas. Nos metimos en ese tema para dar un argumento más de por qué es necesario trabajar en estas cuestiones y mejorar el financiamiento público», concluyó Falco.

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«Esta investigación nos lleva a ver como hay dinero en otros lugares del planeta que podrían ser parte de los presupuestos de educación, de salud, de seguridad, de vivienda pero que terminaban escondidos en guaridas fiscales y cooptados por las grandes empresas de auditoría que operan a nivel mundial y que extraen la riqueza de nuestros países para llevarlos a otros lugares en los que no pagan impuestos».

(*) Adrián Falco es coordinador del Programa de Integración Regional y Financiamiento para el Desarrollo en Fundación SES (Sostenibilidad, Educación y Solidaridad). Secretario de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe

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