Por Carlos Saglul | La detención de Julián Assange perseguido por los Estados Unidos como terrorista deja al desnudo la hipocresía de las democracias de Occidente, su defensa de la libertad de prensa e información y del respeto por los derechos humanos. Diluidas las primeras acusaciones que intentaron descalificarlo como un maniático sexual, quedó en evidencia que el verdadero “delito” que no se le perdona es haber puesto al desnudo ese Estado criminal que encubre el gobierno norteamericano y sus socios europeos.

Periodistas acribillados desde drones mientras sus asesinos se ríen a miles de kilómetros como divirtiéndose con un videojuego; nóminas de ciudadanos que por error fueron “desaparecidos” y terminaron torturados en cárceles clandestinas de la CIA; un sistema de vigilancia que transforma al mundo en una prisión gigantesca donde todos son seguidos a través de las  cámaras de vigilancia, celulares, internet, compras de supermercados, tarjetas de transporte; una sociedad donde el derecho a la intimidad -garantizada constitucionalmente-, es una farsa, quedó en evidencia través de Wikileaks.

Ese Estado criminal que no quiere ser puesto en evidencia, no existe sólo en Estados Unidos. Espías a sueldo del Estado, ex policías, fiscales, periodistas oficialistas con amplía consideración en la publicidad oficial y prefectos son parte del elenco de la organización “paraestatal” que investiga el juez, Ramos Padilla y que cada vez parece más una dependencia pública. ¿Su “trabajo”? Estaba destinado a incriminar en hechos de corrupción -verdaderos o no-  a funcionarios del anterior gobierno y opositores, incluida la ex presidenta Cristina Kirchner. El chantaje a empresarios en forma aterradoramente similar  al que se dio durante la dictadura cívico-militar. Es el caso, por ejemplo, de Gerardo Ferreyra a quien habrían intentado quebrar para que ceda su participación a través de Electroingeniería en la construcción de dos centrales en Santa Cruz (la concreción de la obra exigida por China, que la financia, como requisito para mantener otras inversiones en el país, contraría los deseos del gobierno que pretendió paralizarla). El Seguimiento de integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Planes para plantar droga en autos de abogados de testigos relacionados con  causas que implican al gobierno K. Participación en accidentes que implican a un diputado. Boicot de operaciones comerciales de empresarios argentinos con Irán. Colaboración en supuestas operaciones antidrogas publicitadas oficialmente. Todo gira en torno al gobierno y sus aliados. “¿Una sucesión de casualidades?”.Alguna de las operaciones de la organización, jamás se podrían haber realizado sin contar con contactos fluidos con  la inteligencia de los Estados Unidos que, no pocos sospechan, Marcelo D Alessio integró.

¿Se puede pensar que el gobierno puede caer en estos manejos? Hace días, el dirigente Camionero, Hugo Moyano denunció a Mauricio  Macri en base a declaraciones del juez Luis Carzoglio, quien afirmó haber sido presionado por los servicios de inteligencia para ordenar el arresto de Pablo Moyano. Los agentes le dijeron que el jefe de Estado, estaba “obsesionado” con el tema y hasta se ofrecieron a mandarle la orden por escrito, para que la firmara.

La investigación del juez Ramos Padilla puede atravesar aún el blindaje de medios que poco y nada hablan del tema, a pesar de su gravedad institucional. La corrupción es el costo que paga el gran capital por las trasformaciones que se iniciaron en la Argentina en 1976 y hubieran sido imposibles cuando se termino la dictadura, sin captar para ese proyecto a gran parte de los dirigentes de las fuerzas políticas mayoritarias. No reconocerlo es tan hipócrita, como desconocer que quienes pagan esas coimas son empresarios que como los Macri, crecieron mientras el país se achicaba. Una cosa es la investigación de la corrupción. Otra, su utilización para perseguir opositores, recurso utilizado a lo largo de todo el siglo pasado por la derecha argentina  y que tuvo como víctimas, desde Hipólito Yrigoyen  a Juan Perón.

Luego del Estado genocida que inauguró el ciclo de gobiernos neoliberales,  a poco de andar la democracia se comenzó a hablar del “Estado ausente”. Cada experiencia neoliberal fue peor. Hoy la falta de medicamentos, la emergencia alimentaria entre ancianos, niños, los sectores más desprotegidos: mata. Es un genocidio por goteo.

La oligarquía que nació de otro genocidio, el de los pueblos originarios, no siempre estuvo en guerra y a veces firmó acuerdos de paz con las tribus pero solo para seguir matando más adelante. Y entonces “calmaba a la indiada” dándole azúcar, harina, caballos, y pipas de aguardiente para los caciques. ¿Quién conoce los planes para generar empleo de este gobierno? ¿Los de vivienda? Solo reparte planes sociales. Es su vieja costumbre de “entretener a la indiada con alimentos”. Pero la masacre no se detiene.

Siempre conservando las apariencias de la “civilización”, el Estado ausente -no solo desde la economía-  se transformó en criminal. Cuando una sociedad pierde la capacidad de indignación frente a la Injusticia se queda indefensa. “Solo la comunidad de cómplices puede garantizar (mientras dura) que el crimen no sea llamado crimen y castigado como tal”, dice Zygmunt Bauman. Más que un Estado ausente, nuestro problema, es un Estado criminal y admitirlo es el primer paso para desterrarlo.

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