Redacción Canal Abierto | Uno de los primeros actos del gobierno de Cambiemos fue quitar las retenciones a la minería. Allá por febrero de 2016, mediante el Decreto 349/2016, el presidente Mauricio Macri eliminó las retenciones a las exportaciones mineras, que representaban para el Estado algo más de US$ 200 millones anuales.

Si bien el marco institucional que sustenta la actividad fue perfeccionado en los años noventa, las organizaciones ambientales denuncian que su versión más virulenta -la megaminería- se vio profundizada durante el kirchnerismo.

De hecho, en 2008, la por entonces presidenta Cristina Fernández vetó un proyecto elaborado por la diputada Marta Maffei y aprobado por el Congreso que buscaba poner un freno a las empresas del sector. Años mas tarde, ya con aval oficialista, ese mismo texto serviría de base para la Ley de Glaciares que en el día de ayer ratificaría la Corte Suprema al desestimar una “acción declarativa” de inconstitucionalidad promovida por las empresas Barrick Exploraciones Argentinas SA y Exploraciones Mineras Argentinas SA, y que contó con el apoyo de las autoridades de la provincia de San Juan.

A la eliminación macrista de los aranceles luego le seguiría el Pacto Federal Minero rubricado por el Gobierno nacional y gobernadores, mascarón de proa del intento de modificación de la legislación sancionada en 2011.

Como corolario de esta seguidilla de guiños al lobby minero, en 2018 salió a la luz un documento interno y secreto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a cargo de Sergio Bergmann, que adelantaba al menos 44 proyectos -entre los construidos y a construir- en clara violación de la Ley de Glaciares.


“Se ha hecho todo lo posible para esquivar la aplicación efectiva de la norma, entonces se la empieza a interpretar. Uno empezó a decir que no, que sólo los glaciares de más de una hectárea (se pueden considerar tales), cuando la ley dice ‘cualquiera sea su forma y/o dimensión’”, explicó entonces a Canal Abierto el abogado ambientalista, Enrique Viale.

Entre los fundamentos del reciente fallo de la Corte, los jueces recordaron que la norma  tiene por objetivo proteger “los glaciares y al ambiente periglacial, como reserva estratégica de recursos hídricos para el consumo humano, para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas”, y advirtieron que “ninguna interpretación es constitucionalmente admisible si vacía de contenido el modelo federal del Estado o el proyecto ambiental de la Constitución”.

En declaraciones al programa radial Sobre la Hora de Radio Cooperativa, Marta Maffei celebró el reciente fallo de la Corte, aunque advirtió: “ahora que ver es qué va a hacer el gobierno que venga. Porque, para ser honestos, ninguna de las alternativas políticas en competencia ha hecho profesión de fe respecto de los recursos naturales y la protección del medioambiente”.

“Acá hay poderosos intereses económicos en juego que están imbricados con fuertes intereses políticos”, lanzó la diputada mandato cumplido.

El año pasado la justicia federal confirmó el procesamiento de los ex funcionarios de medioambiente Sergio Lorusso, Jorge Mayoral y Beatriz Domingorena por la falta de control que derivó en el derrame de solución cianurada en la mina Veladero, en San Juan. Pese a las múltiples denuncias por contaminación, la empresa Barrick Gold continúa operando.

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