Redacción Canal Abierto | Las primeras noticias hablaban de una persecución a un Fiat 147 blanco que no había detenido la marcha ante la voz de alto. En aquella supuesta huida, el auto terminaría embistiendo a un acoplado estacionado. El trágico hecho terminó con las vidas de Gonzalo Domínguez (14), Camila López (13), Danilo Sansone (13) y Aníbal Suárez (22).

A las pocas horas, a raíz de las declaraciones de testigos y las imágenes de las cámaras de seguridad, se terminaría desmontando lo que hasta ese momento era un operativo de encubrimiento en marcha. Hoy son 12 los detenidos por la masacre, entre efectivos policiales y el secretario de Seguridad municipal, Claudio Martínez, acusado por “encubrimiento” y “falsedad ideológica”.

Fue gracias a Alexis Rodríguez -trabajador del centro de monitoreo que resguardó y difundió los videos- que se truncó la maniobra de ocultamiento. “Viendo que quisieron tapar todo, no me arrepiento de haber hecho lo correcto”, aseguraba días atrás en diálogo con Canal Abierto.

“Al día siguiente de que se difundieran las imágenes, el miércoles -durante mi franco- me llegó la notificación de que no me presente a trabajar. Ahora no sólo continúan recriminándome haber divulgado el video, pretenden que cambie mi turno para trabajar desde la medianoche hasta las 6 de la mañana”, cuenta.

Además de reconocer algún tipo de culpa en su accionar, consentir la modificación significaría para Alexis la resignación de un ingreso económico imprescindible para su economía: “desde hace 10 años me dedico a lo que es seguridad en bares, boliches y eventos, una situación que conocen en el municipio, y entre ambos trabajos apenas llego a un sueldo medianamente decente”.

“Prefiero mil veces cagarme de hambre con el trabajo de seguridad que no cagarme de hambre trabajando con esa clase de gente que en las últimas semanas creo que dejaron bien en claro que no les importa nada”, sentencia.


Sin embargo, el calvario que viene sufriendo el trabajador del centro de monitoreo no es el único coletazo del pacto de impunidad sobre la masacre que consternó a los argentinos. Las familias de la masacre de Monte y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) expresaron su rechazo a la designación de María Alejandra Cotignola como titular de la Dirección de Asuntos Institucionales del Municipio, cargo que implica el control de las fuerzas de seguridad en la ciudad. Cotignola fue agente de la Policía Bonaerense, es familiar de uno de los agentes detenidos por la persecución mortal y, como abogada penalista, defendió a policías involucrados en otros delitos.

“A las familias que somos víctimas de este crimen atroz, no sólo nos indigna, sino que también nos revictimiza y vulnera”, señalan familiares de Aníbal, Camila, Danilo, Gonzalo y Rocío en una carta que presentaron a la intendenta de San Miguel del Monte, Sandra Mayol.

La presentación, realizada de manera conjunta con la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y los abogados patrocinantes de las familias, advierte que la designación de Cotignola contiene un mensaje político claro: la confirmación de una política de seguridad y el amparo de las prácticas criminales de agentes policiales que generaron las condiciones de posibilidad para la consumación de la masacre del 20 de mayo pasado.

“Esperábamos un cambio y que el municipio pudiera desarrollar acciones tendientes al control del accionar policial. Esta designación implica la reconfirmación de una política que nos ocasionó un daño enorme e irreparable, es asumir que no hay nada que revisar”, cierran las familias en la carta entregada a la intendenta.

promoción

Nuestros temas