Redacción Canal Abierto | Mediante el decreto 465/2019 de la Secretaría de Energía, hoy el Gobierno oficializó el llamado a licitación para la construcción de un gasoducto que conecte al yacimiento de gas no convencional de Vaca Muerta en Neuquén con Buenos Aires.

El texto publicado en el Boletín Oficial convoca a licitación pública nacional e internacional, a los fines de adjudicar una licencia para la prestación del servicio de transporte de gas natural que contemple como obligación el diseño y la construcción de un gasoducto que conecte la subzona Neuquén, en las proximidades de la localidad de Tratayén, con la de Salliqueló (Buenos Aires). Se calcula que la inversión del tramo inicial costaría US$ 1.200 millones.

Para explicar el porqué y el para qué de esta preocupante obra, Canal Abierto dialogó con el especialista en energía del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, Gustavo Lahoud.

¿Qué implica esta obra que entra en licitación?

-Esta obra se proyecta en encarar un nuevo gasoducto después de 30 años, y después de que no se hicieron los llamados gasoductos troncales, es decir, de gran porte en cuanto a la capacidad de transporte. El último se hizo en el 88 en la zona patagónica.

Tiene que ver con la producción excedentaria que estamos teniendo de gas no convencional de los pozos del yacimiento de Vaca Muerta. Lo que hay es una previsión de gas en exceso que en el período veraniego vamos a tener de más y deberá ser evacuado, es decir, poder ser comercializado a distintos mercados. Y esa infraestructura, por cierto, no existe en la Argentina porque en realidad el país viene de un periodo de insuficiencia en el abastecimiento de gas que derivó en que, desde el 2008 y de manera creciente, tuviéramos que importar gas de Bolivia y gas natural licuado.

Entonces, ¿la producción de gas creció en estos años?

– Durante el 2018 la producción de gas se incrementó casi en un 6%, en relación al año anterior, y este año lleva un impulso sostenido de la mano de los incentivos millonarios que les garantizan a través de los programas de estímulo de la producción de gas no convencional que venían, por un lado del gobierno anterior, y ahora que este gobierno ha modificado a través de la llamada resolución 46 del 2017 que, desde el 2018 al 2021, les reconoce precios diferenciales del gas que están entre los US$7,5 y US$6 por millón de BTU.

Entonces, ese gas que se está sacando hoy no puede transportarse porque no hay capacidad de transporte en la estructura gasífera argentina. Este gasoducto le daría la posibilidad a este gobierno de disponer mediante su transporte de ese gas en excedente desde Vaca Muerta.

El decreto otorga un Régimen Especial Temporario (RET) por un plazo de 17 años contados a partir de la suscripción de la licencia. ¿Qué significa esto?

-Cuando ese proyecto está en marcha, la licencia haya sido otorgada y se firme con el actor privado que se haga cargo de esa licencia, va a regir un período inicial que se llama régimen inicial temporario de 17 años.

Dentro del marco de otorgamiento en años de la licencia de transporte de gas, que establece la ley 24.076 – marco regulatorio del gas que heredamos de la época de las privatizaciones a comienzos de los 90-, este tipo de licencias pueden extenderse hasta 35 años.

Lo que se va a establecer es un régimen especial que básicamente implica que se puedan negociar tarifas libremente entre los cargadores (industrias, empresas de generación eléctrica, exportadores) y la empresa que tenga el manejo del gasoducto. Teniendo en cuenta el esquema en el que funciona el negocio del gas en Argentina, seguramente terminen siendo tarifas dolarizadas.

Esto preocupa, porque al crear un régimen especial, si es dolarizado, va a implicar que nosotros sigamos persistiendo en este problema grave que tenemos que es que los precios mayoristas de energía. En este caso del gas en dólares siguen siendo muy caros y están en línea con generarle la mayor rentabilidad posible a las empresas privadas del sector, entre ellos también a YPF, pero que actúa como una empresa privada más para que sigan extrayendo el recurso. Por lo tanto, de que en un futuro cercano los precios del gas a los usuarios bajen, aún está por verse.

¿Cómo se debería entender esta licitación entonces?

– Es una estructura general del negocio del gas que este gobierno está pensando para fortalecer la futura capacidad exportadora de Argentina y volver a transformarla en un jugador importante en el negocio hidrocarburífero, como se vivió en los 90.

Uno pensaría que este excedente pueda llegar a cubrir la necesidad histórica insatisfecha de gas natural en provincias como las del noreste argentino por ejemplo, o tener un gas a un precio más competitivo para ser volcado a las necesidades industriales y comerciales. Pero eso no está claro porque este gobierno –tarifazo de por medio- está deteriorando las políticas de acceso a la energía como derecho humano.

Otra cosa que tampoco queda clara es qué pasará con el acuerdo gasífero que hoy tenemos con Bolivia, porque de hecho, este tipo de políticas son coincidentes con la reducción de los envíos de gas boliviano que estamos recibiendo hoy.

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