Redacción Canal Abierto | En un extenso y lapidario informe, la Comisión Bicameral Investigadora del ARA San Juan, determinó las responsabilidades del Gobierno Nacional y de la Armada tanto en el hundimiento como el el destrato y acoso posterior a los familiares de los 44 tripulantes de la nave.

A lo largo de 300 páginas, la Comisión dejó constancia de que el submarino no estaba en condiciones de salir a altamar por no contar con las instancias de mantenimiento necesarias. Esta responsabilidad le cabía tanto al Gobierno Nacional como a los altos mandos de la Marina. Si bien plantea que esa desidia era anterior a la asunción de Cambiemos, éstos debieron tener conocimiento de la situación.

En cuanto al trato a los familiares de la tripulación, se dejó constancia de actitudes de hostigamiento que incluyeron tareas de inteligencia sobre ellos. «Más allá del destrato, de la falta de empatía, se han cometido delitos que hemos denunciado: encubrimientos, pinchaduras de teléfonos, todas maniobras que están muy alejadas de lo que debería ser» sostuvo Luis Tagliapietra, abogado de los familiares.

«Esta construcción del secreto de estado como algo de seguridad nacional, es falaz, porque el submarino y los chicos no están más. Así que no hay nada que afecte a la seguridad nacional. Nosotros hemos denunciado penalmente al ministro de defensa sobre estos delitos de encubrimiento que ha cometido. Y, en abstracto, porque no podemos saber quién fue, las intervenciones telefónicas ilegales. Son investigaciones que están en curso» agregó el letrado, quien es además padre del teniente de corbeta Alejandro Tagliapietra.

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Tagliapietra también se refirió al rol de la jueza federal de Caleta Olivia Marta Yañez, a cargo de la inestigación de los hechos. «También pedimos el juicio político de la jueza, porque denunciamos un pacto de impunidad con el ministro Esto se deduce de los encuentros secretos que tuvieron y que gracias a los medios se han desnudado algunos. No conocemos los contenidos de estos encuentros, pero no condicen con las responsabilidades que tiene un juez federal respecto de su investigación y los vínculos con los demás poderes y respecto de quien está en las líneas de responsabilidades!.

Además remarcó las contradicciones en el discurso de la magistrada en torno a la realción con los otros poderes republicanos. «Lo paradójico es que defiende estos encuentros secretos con el ministro y la cúpula de la armada y con la Comisión Bicameral, amparándose en la división de poderes, no ha compartido ni la causa ni documentos que en repetidas ocasiones los legisladores le solicitaron. Así que esta situación es alarmante y en medio de todo esto, el dictamen de la Comisión es una bocanada de aire fresco porque hace públicas consideraciones que nosotros ya las sabíamos, responsabilidades que ya sabíamos y que dentro de tanta podredumbre es un gran paso» afirmó Tagliapietra.

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Sin embargo, el abogado planteó el problema de que los resultados de la investigación no sean vinculantes con los planteos judiciales. «Lamentablemente no es vinculante de la justicia federal. De hecho, la jueza en un medio hegemónico, fue bastante desconsiderada con el dictamen. Dijo que es «una punta más», término que no entra en una jerga jurídica muy destacada. Y es una jueza federal. Habló de así desconociendo los aspectos del informe, Por un lado es un gran paso que tiene que ver con hacer público por intermedio de personas objetivas como los legisladores, los expertos técnicos y la secretaría de la bicameral lo que los familiares ya sabíamos y veníamos denunciando. No es lo mismo que lo diga alguien que es parte a que lo planteen estos senadores y diputados en el marco de una ley que conformó esta comisión y de una investigación que en su gran mayoría fue pública y que pudo ser seguida a través del canal Senado TV» colcluyó Tagliapieatra.

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