Redacción Canal Abierto | Con el combate a la inseguridad como uno de los ejes de campaña en los el oficialismo que pretende poder mostrar algún logro, la Procuración General bonaerense presentó un informe que da cuenta que este pilar de Cambiemos tampoco puede ser exhibido con mucho orgullo.

En el informe anual sobre el fuero correccional y criminal presentado por el Departamento de Estadísticas de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires, se da cuenta que los robos y hurtos aumentaron un 63% durante 2018, período en el cual también se registraron un 25% más de homicidios en ocasión de robo, un 50% más de secuestros y un 55% más de estafas.

Al momento del desglose de los delitos contra la propiedad, el informe afirma que el aumento de hurtos es del 29,6 por ciento, el de robos del 17,2 por ciento y el de robos agravados con arma de fuego un 3,8. También se consignó que hubo un 5% de aumento en los hurtos agravados contra automóviles estacionados en la vía pública. Los datos son tomados a partir de las denuncias penales realizadas durante todo el 2018 y contrastadas con las cifras del informe correspondiente al año anterior.

Consultada por Canal Abierto, la directora de la Comisión Provincial por la Memoria Sandra Raggio planteó que desde ese organismo «hemos insistido con que las política de mano dura, exacerbación del punitivismo, la saturación policial o la doctrina Chocobar, no eran políticas de seguridad estrictamente ni que tenían que ver con combatir el delito. Quien quiera hacer esto tiene que trabajar sobre los mercados ilegales, con la organización de los grupos delictivos y no estar todo el tiempo persiguiendo a los eslabones más débiles de la cadena delictiva» .

Y agegó: «hay otros elementos a atender a la hora de pensar las políticas de seguridad. Además hay que pensar a quien capta el sistema penal. Esos son siempre los sectores más débiles porque son los captados por la policía en la flagrancias. Estos son de delitos que la policía encuentra en grado de flagrancia. Entonces no se trata de delitos que se descubren ni causas que se abren a partir de investigaciones judiciales en líneas de investigación contra la criminalidad como pareciera hacernos creer la ministra Bullrich cuando habla de la guerra contra el narcotráfico o las mafias. Si uno mira quienes están presos en la provincia de Buenos Aires, se trata delitos de 4 años de prisión y al salir son reincidentes. Así que es un circuito que lo único que hace es generar mayores de inseguridad, seguir acrecentando los niveles de violencia y que son absolutamente inficaces para la prevención y la disminución del delito, porque el delito está asociado con otras variables que tienen que ver con la situación económica y social y con como se organiza el crimen».

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A modo de ejemplo, Raggio se refiere al robo de automotores: «el sistema penal capta al que roba y no desarma el mercado ilegal de autopartes, ese que trabaja en el último eslabón de ese mercado ilegal que es robar el auto, obviamente que va a ser rápidamente reemplazado en el circuito. Además es reemplazado porque hay personas disponibles que están por fuera del aparato productivo y tienen problemas para poder mantenerse y mantener a su familia. Entonces también hay que atender a esa situación, ver si el delito no crece porque ha crecido la pobreza y se han destruido puestos de trabajo».

«Es una política de seguridad altamente ineficaz porque no es una política de seguridad. Es básicamente una política de control de las poblaciones que viven en los márgenes, de las poblaciones más pobres y vulnerables, que es el sector al que capta el sistema penal. Esto no es la persecución del delito, que no está alojado en la pobreza. La organización del delito está en otras órbitas sociales de nuestra sociedad y a escalas globales» concluyó Raggio.

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