Redacción Canal Abierto | En Argentina, cada tres horas una niña de entre 10 y 14 años entra en una sala de parto; 1 de cada 5 niñas -y 1 de cada 13 niños- han sufrido abuso sexual en la infancia; en la mayoría de los casos el agresor es varón y suelen ser del círculo familiar de las víctimas; 3 de cada 4 casos es familiar directo o una persona de confianza.

Hace exactamente un año, 38 senadores le dijeron NO al proyecto de “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”. Pero los pañuelos verdes seguirán en la calle hasta que sea ley.

El aborto legal puede haber sido negado por el Congreso, pero en las calles el debate se instaló y ganó. Y gracias a esto, muchos casos –ocultos en la oscuridad de la clandestinidad- salieron a la luz. Apenas unos días después de este rechazo, al menos 3 mujeres perdieron la vida como consecuencia del aborto clandestino, y los casos de “niñas madres” fueron aumentando en las pantallas y diarios.

El aborto ha existido y lo va a seguir haciendo más allá del marco legal o no (entre 370.000 y 520.000 abortos legales y no legales por año). Y esa clandestinidad en la que los legisladores deciden mantenerlo no posibilita la medición exacta de abortos, ni de muertes, ni de personas que quedaron con secuelas psíquicas y físicas por la práctica ilegal. Ese subregistro alcanza el 17%.

La clandestinidad no se festeja

  • Actualmente el Estado no asegura la Intervención Legal del Embarazo, pero sí se hace cargo de internaciones y tratamientos como consecuencia de los abortos clandestinos.
  • Luego de la legalización siempre se registran aumentos, principalmente porque se empieza a hacer un registro, ya sin miedo a las represalias.
  • El aborto legal reduce los costos y las complicaciones porque se realiza de manera medicamentosa (misoprostol y mifepristona ) y es ambulatorio.
  • La clandestinidad hace que el precio de este medicamento sea tres o cuatro veces más caro, que circule de manera ilegal, con componentes y en dosis que no son las adecuadas.
  • Desde 1983 a 2018, 3030 mujeres, niñas y adolescentes murieron por complicaciones generadas por abortos clandestinos inseguros –de las que se tiene registro-.
  • La muerte materna es mayor donde la tasa de abortos inseguros es mayor.
  • La prevención –educación sexual integral y anticoncepción- es siempre menos costosa que el tratamiento por una práctica insegura. Hoy el acceso a la prevención es desigual, por eso es necesario que tanto IVE como ESI sean nacionales.

El proyecto que se niega

La falta de información genera más ignorancia porque el comentario se replica. Hay quienes afirman fervientemente que la Intervención Legal del Embarazo habilita un aborto incluso hasta los 9 meses de gestación.

  • La IVE es medicamentosa en el 90% de los casos.
  • Es legal hasta la semana 14 por voluntad de la persona que la requiere.
  • A partir de la semana 15, por las causales expuestas en el Código Penal (Riesgo de vida, violación, salud integral).
  • El feto se considera viable fuera del útero a partir de la semana 24. A partir de ese momento es un parto.
  • El proyecto penaliza a quien realice un aborto luego de la semana 15 si no es por las causales antes mencionadas.

Educación sexual para decidir

La educación sexual es un derecho humano. Según la ley 26.150 la ESI es obligatoria desde 2006 y se reconoce el derecho a ella desde el jardín de infantes hasta la secundaria en todas las escuelas públicas y privadas del país.

Es precisa e integral, con base científica y es clave, entre otras cosas, para identificar situaciones de violencia, prevenir abuso sexual y embarazos no intencionales. Pero…

  • 6 de cada 10 estudiantes no reciben información sobre cómo prevenir el abuso sexual y sobre métodos de prevención de embarazos pese a que cada 3 horas hay un embarazo de una niña de 10 a 14 años, y la mayoría son producto de un abuso sexual.
  • 8 de cada 10 adolescentes no recibe ESI en la secundaria.
  • 7 de cada 10 embarazos adolescentes son no intencionales.
  • 3 de cada 4 partos de adolescentes de 18 o 19 años son de jóvenes que no terminaron el secundario.
  • La proporción de nacimientos de bajo peso y de partos prematuros se incrementan en partos de niñas y adolescentes.
  • El 41% de las muertes maternas en adolescentes de 15 a 19 años fue consecuencia de embarazos terminados en aborto y otras complicaciones del puerperio.

ILE

Desde 1921, el Código Penal establece al aborto legal por causales como: peligro para la vida y la salud, y casos de violación. Actualmente, sólo la Ciudad de Buenos Aires y otras 15 provincias tienen protocolos para realizar un aborto legal.  De ellas, sólo 10 jurisdicciones cuentan con protocolos que se adecuan a los estándares fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Fallo FAL (2012): Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe, y Tierra del Fuego.

Siete son las provincias que tienen protocolos que imponen requisitos por fuera de los estándares que fija la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Ciudad de Buenos Aires (que se encuentra suspendido parcialmente por orden judicial), Córdoba (también suspendido parcialmente por orden judicial), La Pampa, Neuquén, Provincia de Buenos Aires, Río Negro y Salta.

Hasta el momento, existen 8 jurisdicciones que aún no tienen protocolos ni han adherido al del Ministerio de Salud: Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.

Recibí más periodismo de este lado

Nuestros temas