Por Pablo Bassi | Luego de la movilización que encabezaron ayer los movimientos sociales desde el santuario de San Cayetano en Liniers a Plaza de Mayo, diputados de Red por Argentina y el Frente Para la Victoria presentaron un proyecto de ley que extiende por tres años la Emergencia Social sancionada en diciembre de 2016.
El escrito fue entregado por la diputada del Movimiento Evita Silvia Horne, junto a Esteban “Gringo” Castro, referente de la CTEP, Daniel Menéndez de Somos Barrios de Pie y los secretarios adjuntos de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy y Claudia Baigorria.
La ley 27.200, que vence el próximo diciembre, pide ser extendida hasta fines de 2022 y faculta al Poder Ejecutivo a realizar las asignaciones presupuestarias necesarias para su cumplimiento. Además de la firma de Horne, lleva las de Felipe Solá, Victoria Donda, Agustín Rossi, Leonardo Grosso, Lucila De Ponti y Daniel Arroyo, entre otras.
En declaraciones a Canal Abierto, Horne aseguró que “las condiciones económicas exigen un nuevo programa dirigido al pueblo más desprotegido” y que, en esta oportunidad, “debe materializarse en más salarios sociales complementarios y programas de trabajo”.
La sanción en 2016 de la ley de Emergencia Social asignó más de 30.000 millones de pesos a la creación de un registro nacional de trabajadores de la economía popular y un salario social complementario para todos aquellos que no alcanzan el mínimo vital y móvil.
El incumplimiento efectivo de la ley fue motivo de tensiones entre los movimientos sociales y el gobierno de Mauricio Macri, expresados en constantes movilizaciones para contener el hambre en los barrios más pobres de la Argentina.
Durante la primera marcha de San Cayetano impulsada por la CTEP, la CCC y Barrios de Pie en 2016 se selló la alianza de los movimientos populares y su decisión de avanzar en el debate con senadores y diputados de la ley sancionada meses después.
Hasta entonces, el Gobierno había aumentado en un 700% las facturas de electricidad, 100% el transporte, 28% las naftas y 20% los alimentos. El endeudamiento para sostener la nueva paridad cambiaria y el acuerdo con los fondos buitres alumbraban ya las intenciones de poner en pie un proyecto de crecimiento con deuda.
Durante junio de 2018, el tridente y la CTA Autónoma realizaron una Marcha Federal que salió desde cinco puntos del país y llegó a Plaza de Mayo cinco días después. Demandaba una ley de emergencia alimentaria, de urbanización de villas y asentamientos, emergencia en adicciones, infraestructura social y de agricultura familiar. Sólo la integración de barrios populares logró ser aprobada semanas después.
