Redacción Canal Abierto | Luego de asumir la presidencia en marzo de 2018 tras la dimisión de Pedro Pablo Kuczynski, el gobierno de Martín Vizcarra estuvo signado por una constante confrontación con un Congreso nacional dominado por el fujimorista partido opositor Fuerza Popular.

Sin embargo, fue en las últimas horas que se desató lo que pareciera ser el capítulo más ruidoso y polémico de la contienda, cuando el Ejecutivo ordenó la disolución del Parlamento y convocó a elecciones el 26 de enero para su nueva conformación. En respuesta, el órgano legislativo -de mayoría opositora- votó la inmediata suspensión del mandatario y tomó juramento a su vicepresidenta, Mercedes Aráoz.

Carente de legalidad, legitimidad y con el riesgo de sufrir un proceso por usurpación de funciones, la fugaz mandataria renunció vía Twitter y puso fin a un papelón institucional que no duró ni 24 horas.

Si bien es cierto que una mayoría de integrantes del Congreso, compuesta por el fujimorismo y  bancadas satélite, desconocen la medida tomada por el presidente Vizcarra, otros optaron por acatarla. Entre los últimos, el hasta hace dos días parlamentario de la bancada liberal, Alberto de Belaunde no sólo defiende el carácter constitucional de la decisión presidencial, también celebra una solución “a través de las urnas, y no con golpes militares, como supo suceder en el pasado”.

En esta entrevista con Canal Abierto, el ex congresista explica los pormenores de esta crsis, en qué consistió la maniobra fujimorista que terminó en escándalo y cuál podría ser el desenlace. “Hoy el único presidente que tenemos es Martín Vizcarra”, asegura.

¿Hoy Martín Vizcarra es el presidente legítimo de Perú?

-Sí, por supuesto.

¿Cómo podrías explicar la crisis política que sacude al país en estos días?

-En América Latina, los regímenes políticos suelen ser presidencialistas. Por lo tanto, no estamos acostumbrados a la posibilidad de una disolución del Congreso por parte del Ejecutivo, una acción más propia de regímenes parlamentarios. Sin embargo, las constituciones peruanas -la de 1979 y la hoy vigente de 1993- contienen esta figura para determinadas situaciones.

Una de ellas, como la que desencadenó los últimos sucesos, es cuando el Congreso niega dos veces el voto de confianza a un mismo gobierno. La primera de esas negativas fue en 2017, contra el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (renunció en marzo de 2018); y la segunda, esta semana, cuando el gobierno de Martín Vizcarra (vicerepresidente de Kuczynski, y sucesor de este tras su dimisión) planteó una cuestión de confianza vinculada a la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

Hay que aclarar que no se trata de un cierre del Congreso ni de un golpe de Estado: se disuelve el Parlamento pero se mantiene la comisión permanente del Parlamento –donde están representadas todas las bancadas-, un órgano que va a tener funciones acotadas en estos meses. Y en paralelo, se convoca de inmediato a elecciones parlamentarias para que los nuevos legisladores completen el mandato en curso, es decir, hasta el 26 de julio de 2021.

Mientras tanto, las demás instituciones del Estado, como el poder judicial y el TC, funcionan con normalidad. No se ha suspendido ningún derecho ciudadano, ningún derecho político. Los únicos que nos hemos quedado sin trabajo somos los congresistas.

En mi caso, hoy en día mi condición es de un ciudadano común y corriente, pero ex parlamentario.

¿Y el intento del Congreso de suspender al presidente?

-Es una figura absolutamente irregular. Buscaron crear una sensación de caos, juramentando esa misma noche a la vicepresidenta como Presidenta, en un intento por generar revuelo internacional.

Naturalmente, fueron horas de confusión para medios de comunicación internacionales. Sin embargo, luego, todo se alineó de manera bastante clara: la OEA emitió un pronunciamiento en el que saludó la convocatoria a elecciones y dejó en claro ninguna objeción a lo ocurrido; las Fuerzas Armadas respaldaron al presidente Vizcarra (algo que no tendría que ser necesario, pero que no está demás si tenemos en cuenta la historia reciente de nuestros países).

¿Por qué la vicepresidenta llegó a jurar en el cargo y qué hizo que durara pocas horas?

-Lo que sucedió es que se le complicó mucho el panorama a la vicepresidenta Mercedes Aráoz porque en el Código Penal de Perú tenemos la figura de usurpación de función pública, delito que se castiga con prisión. Yo imagino que en las horas posteriores a juramentar debe haber consultado con sus abogados y, por eso, al día siguiente renunció. Después dijo que había sido algo simbólico y no una verdadera juramentación.

Se asustó…

-Exactamente. Y el día de hoy, como debió haber sucedido en primer lugar, ya no hay dudas: el verdadero presidente constitucional de Perú es Martín Vizcarra.

¿Qué hay detrás de esta crisis?

-En primer lugar, el fondo del problema es que, en 2016, el fujimorismo obtuvo casi dos tercios de los parlamentarios, y han sido oposición de un Ejecutivo que casi no tuvo bancada. Desde Alberto Fujimori hasta la actualidad, este espacio siempre tuvo una impronta autoritaria que terminaría propiciando esta crisis institucional.

La cuestión aquí es que uno de los pocos contrapesos del fujimorismo viene siendo el Tribunal Constitucional, compuesto de siete magistrados nombrados por el Congreso por un periodo de cinco años. En estos momentos se tenían que renovar seis de las siete plazas. Y lo que el fujimorismo quería era avanzar en un procedimiento sin ningún tipo de transparencia, para renovar un TC que le sea cómodo y en función de sus intereses.

¿A qué te referís cuando decís que el TC vino ejerciendo una función de contrapeso?

-En estos años, el TC ha tenido una serie de sentencias que han puesto límite a esta actitud abusiva en el Congreso. Por ejemplo, rechazó el indulto al ex presidente Alberto Fujimori y declaró inconstitucional una ley contra la prensa que había impulsado y aprobado este sector fujimorista del Congreso.

¿Cómo llegó el fujimorismo a obtener esta mayoría parlamentaria?

-En el fondo, hay una situación de disfuncionalidad de nuestro sistema político. Si bien en 2016 el fujimorismo sacó menos del 40% de los votos, se tradujo en más del 60% de los escaños parlamentarios. Entonces, el hecho de ser un Congreso tan pequeño (la Constitución establece 130 legisladores para un país de 30 millones de personas) y tener sistema electoral disfuncional, hizo que tengamos esta mayoría artificial. Pero la realidad es que el fujimorismo no representa el 60% del electorado. Si fuera así, hoy tendríamos a Keiko Fujimori como presidenta.

Por otra parte, cabe decir que -producto de esta actitud autoritaria y de varios escándalos públicos- hoy el Congreso es una de las instituciones más desprestigiadas, con menos del 10% de aprobación.

Más allá del plano institucional y republicano, ¿cuáles son las principales diferencias que existen entre oposición y oficialismo en materia de políticas económicas y sociales?

-Es interesante. Por poner un ejemplo, yo llegué al parlamento con el grupo político de Kuczynski e integraba la bancada liberal, pero renuncié a ese espacio cuando aquel ex presidente indultó a Fujimori. Mis colegas de bancada y yo somos un grupo de centro liberal que cree en las libertades económicas, que cree en el modelo económico actual. Pero en el Parlamento, para enfrentar el autoritarismo fujimorista, nuestros aliados naturales son las bancadas de izquierda.

Entonces, hoy más que una división en lo que respecta a lo social, creo que lo que nos opone son los valores en torno a la democracia frente a un espacio que no sólo identificaría de derecha, sino también sobre una cuestión ética. De hecho, hoy su máxima lidereza –Keiko Fujimori- está siendo procesada por el poder judicial.

Entonces, el conflicto no pasa por una disputa de modelos económicos y sociales…

-A mi entender, es fundamentalmente institucional. Esa es mi hipótesis, pero puede que alguien tenga una interpretación distinta.

¿Cuál puede llegar a ser el desenlace de esta crisis? ¿Hay un horizonte de resolución?

-Por ahora, imagino un escenario en el que congresales del fujimorismo continuarán intentando minar la autoridad presidencial. Sin embargo, creo que esta presión se irá diluyendo con el paso de los días.

De todos modos, y más allá de esta situación coyuntural la gente irá a las urnas en enero para decidir la nueva conformación del Parlamento. Y si bien es un escenario sui generis, creo que lo que está pasando es una buena noticia. En el pasado, este tipo de crisis institucionales se solucionaron con golpes militares y la violación flagrante de la Constitución. Acá estamos viendo que una crisis política se encamina a una solución dentro de cauces institucionales.

Y en tu caso particular, ¿pensás continuar en política?

-El año pasado tuvimos un referéndum que aprobó la no reelección de congresistas, una prohibición que se aplica para el proceso electoral de 2021 pero que todavía, y esto aún está por verse, no se sabe si aplicará para las próximas elecciones.

Independientemente de las consideraciones legales, creo que la gente está esperando que se renueve todo el Congreso y que ninguno de los 130 legisladores participe. Todo, pese a que algunos gocemos de cierto reconocimiento.

En definitiva, no veo viable mi candidatura en el corto plazo, pero seguiré en política activa tratando de consolidar un espacio centro liberal.

En los últimos días se dieron a conocer nuevos índices que reflejan el incremento de la pobreza en Argentina -donde hoy gobierna un neoliberal como Macri-, mientras que las estadísticas de Perú -con un proyecto liberal- reflejan una tendencia a la inversa en las últimas décadas.

-Creo que hay que hacer una diferencia conceptual importante: yo y mis ex compañeros de bancada nos consideramos liberales, más no libertarios. Es decir, no somos lo que en otros países se conoce como neoliberales, una corriente con un profundo desprecio por el Estado que sostiene que toda actividad económica debería estar únicamente en manos privadas y donde el Estado no tiene que cumplir ningún rol en la economía. Nosotros no estamos en esa línea. Creemos en una economía social de mercado, donde la libre competencia sí es un elemento importante. Pero con un Estado que garantice que esa competencia se realice sin abuso de posición de dominio, sin carteles ni elementos que responden más a un esquema mercantilista que buscan muchos neoliberales en Latinoamérica. La fórmula neoliberal que, en cierta medida, se aplicó en Perú durante los 90, y tuvo algún éxito económico en una determinada coyuntura.

No me atrevería a sugerir fórmulas a otros países y realidades. Creo que cada país tiene procesos históricos y sociales determinados, y realidades institucionales determinadas.

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