Por Pablo Bassi (@pablobassi_) | El juez Álvaro Maynet penó a Leandro Rodríguez Lastra a un año y dos meses de prisión en suspenso y al doble de inhabilitación profesional por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, al continuar en abril de 2017 el embarazo de una joven que había iniciado un aborto no punible en el Hospital de Cipolletti.

La Justicia de Río Negro había encontrado culpable a Rodríguez Lastra en mayo pasado y ahora, en un segundo juicio, le adjudicó una pena que, si bien es excarcelable, sienta un precedente importantísimo en materia de salud pública. 

En enero de 2017, la víctima llegó al hospital de la localidad aledaña de Fernández Oro, dijo haber sido violada y firmó la declaración jurada para poder interrumpir su embarazo como indica el protocolo nacional de acceso al aborto no punible, aprobado por la secretaría de Salud de la Nación y al que adscribió la provincia de Río Negro en 2014, y ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Fal.

Cuando la médica de guardia intentó derivarla al Hospital Moguillansky de Cipolletti, el jefe del Servicio de Ginecología, Rodríguez Lastra, anticipó que no iba a recibirla y exigió un examen psiquiátrico, algo que no es requisitorio en la ley 4796 de atención sanitaria.

A principios de abril, la joven regresó al hospital de Cipolletti bajo los efectos de pastillas abortivas, fue internada por Fernández Lastra y obligada a parir un bebé entregado luego en adopción

Durante los alegatos que tuvieron lugar días atrás, el fiscal Santiago Marquez Gauna pidió un año y ocho meses de prisión para el victimario, mientras que el defensor Damián Torres solicitó sólo tres meses. Ambos reclamaron el doble de inhabilitación especial.

En una entrevista concedida a Canal Abierto, el fiscal Márquez Gauna consideró que los médicos “no pueden poner lo individual por encima de la necesidad de la gente. Rodríguez Lastra además de objetor es obstructor, como decimos nosotros”.

Rodríguez Lastra, militante del aborto ilegal y objetor de conciencia declarado luego del plazo establecido por la ley, participó durante este año de encuentros Pro Vida, como el realizado días atrás en la ciudad de Salta. Además, fue precandidato durante las PASO a diputado nacional de la ciudad de Buenos Aires por el Partido Demócrata Cristiano, que obtuvo 18.112 votos y no logró perforar el piso necesario para competir el próximo 27 de octubre.

La defensa anticipó que apelará la sentencia y se estima que el caso podría llegar a la Corte Suprema.

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