Por Juan Carlos Giuliani* | A una década de sancionada por el Congreso de la Nación, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es letra muerta por obra y gracia del gobierno de Macri que desde el primer día, y respondiendo a los intereses de la corporación de medios hegemónicos, se dedicó a desmantelarla, destruyendo ladrillo por ladrillo esa construcción colectiva que, aún con imperfecciones, había sido parida legislativamente con un fuerte consenso social.

Uno de los principales fantasmas que agitó el oligopolio informativo para oponerse con furia a la sanción de una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, fue que produciría una hemorragia de despidos de trabajadores de la comunicación. De acuerdo con ese libreto, periodistas, locutores, operadores, camarógrafos, productores, administrativos y el resto de la constelación de laburantes de los medios audiovisuales, vivirían con la guillotina sobre sus cabezas por la aplicación de la nueva legislación que vino a reemplazar a la heredada de la dictadura cívico-militar.

Una provocación despreciable de parte de una patronal blindada por la impunidad del poder. Basta observar hoy los resultados de las políticas comunicacionales del gobierno de Cambiemos con cierres de medios por doquier y más de 4.500 trabajadores de prensa y comunicación despedidos para desbaratar esa falacia.

Enarbolaron entonces un discurso perverso, oscurantista y se cuidaron muy bien de decir lo que es una verdad de Perogrullo. A mayor cantidad de medios de comunicación, promovidos por la desconcentración de la propiedad a la que apuntó la Ley aprobada el 10 de octubre de 2009 por el Senado de la Nación, mayor demanda de trabajo. Por el contrario, a más concentración y monopolio, menor cantidad de puestos de trabajo disponibles. Así de sencillo.

El cuco no existe. Sólo sirve para asustar a los chicos a la hora de la siesta. La verdad es que los trabajadores nos merecemos una nueva Ley de Radiodifusión anti monopólica, plural, democrática, capaz de distribuir la palabra con justicia social.

La Ley 26.522 consagró la comunicación como un derecho humano y reivindicó la identidad cultural mediante la producción nacional de contenidos a través de medios públicos, comunitarios y comerciales. Principios de rango constitucional que se completaron luego mediante las leyes Argentina Digital y Argentina Satelital, que consideraron a Internet, el espectro radioeléctrico y la infraestructura de conectividad como recursos públicos, federales y soberanos.

Lamentablemente, por la inoperancia de las autoridades de la anterior autoridad en la materia (AFSCA) no se avanzó en la aplicación integral de la norma, fundamentalmente cumpliendo y haciendo cumplir el capítulo que otorga el 33 por ciento del espacio radioeléctrico a las organizaciones libres del pueblo, sin fines de lucro. Nunca se dispuso el relevamiento del espacio radioeléctrico en todo el país, requisito indispensable para otorgar las licencias a los medios comunitarios, que se cansaron de peregrinar por los despachos oficiales sin obtener ninguna respuesta satisfactoria.

Después de dar testimonio de lucha por una nueva Ley de Medios desde el retorno de la democracia, como miembros fundadores de la Coalición por una Radiodifusión Democrática redactora en 2004 de los 21 puntos que sirvieron de sustento argumental a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en 2009 -derogada de un plumazo por el Gobierno de Macri a poco de asumir- desde la CTA alentamos y participamos junto a más de cien organizaciones sociales, académicas, sindicales, políticas y culturales nucleadas en la renovada Coalición por una Radiodifusión Democrática para resistir el avasallamiento de las corporaciones, poner otra vez el tema en debate y garantizar que la multiplicidad de voces sea un derecho del pueblo.

La proliferación de medios barriales, locales, regionales, comunitarios, de pueblos originarios en los diferentes soportes que actualmente habilita el desarrollo tecnológico, va forjando la articulación, todavía incipiente y deficitaria, de una red de comunicación popular que se erige como el mejor antídoto al oligopolio comunicacional, promueve la comunicación propia y contribuye a romper el cerco informativo.

La prensa hegemónica forma a sus propios periodistas con el formato ideológico que comulga con sus intereses dominantes. Por eso desde la CTA Autónoma venimos planteando desde siempre la necesidad de avanzar en los medios de comunicación propios y formar a los trabajadores de la comunicación con otra matriz, que incluya el manejo de la autogestión, porque gran parte de los chicos que egresan de las carreras de Ciencias de la Comunicación no van a tener un trabajo formal.

El mejor homenaje que podemos hacer a los 172 periodistas desaparecidos durante la tiranía oligárquico-militar es saldar esta deuda pendiente de la democracia y sancionar una nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que erradique el monopolio informativo, garantice la pluralidad de voces y de cuenta de las necesidades de los trabajadores y las organizaciones del Movimiento Popular.

 

*Vocal de la Comisión Ejecutiva Regional de la CTA Autónoma Río Cuarto. Congresal Nacional de la CTA-A en representación de la provincia de Córdoba

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