Por Lucía Maina para La tinta | En plena etapa de pruebas del juicio iniciado por Monsanto/Bayer en el sur cordobés, la multinacional decidió abandonar la pelea judicial contra el municipio de Río Cuarto, a la que había demandado por “ilegitimidad” al negarle la instalación de una planta experimental de semillas en 2013. Según los funcionarios municipales, esta situación descarta definitivamente la posibilidad de que la planta que la multinacional ya tiene construida en la ciudad pueda ponerse en funcionamiento y también los temores de que el estado local tuviera que pagar montos millonarios a la corporación.

“Estamos muy contentos porque, en definitiva, esto redunda en mejor calidad de vida para toda la ciudadanía y queda claro cómo hemos avanzado en concientizarnos sobre los daños hacia el ambiente”, expresaron ayer sobre esta noticia desde la Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos, que, desde el año 2012, junto a diversas organizaciones y sectores de la Universidad Nacional de Río Cuarto, protagonizó la movilización contra la planta y denunció las irregularidades cometidas por la multinacional, que, finalmente, derivaron en el rechazo municipal. Una medida que se fundó, por un lado, en que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa había sido desaprobado por el ente encargado de autorizar este tipo de emprendimientos y, por otro, en la necesidad de “garantizar la paz social”.

El cierre de este juicio también fue celebrado por Juan Jure, el por entonces intendente de la ciudad que firmó el decreto negando la instalación: “Es una buena noticia porque significa que se van a preservar los intereses y derechos de los riocuartenses”.

“Era uno de los juicios más importantes. Es un alivio importante”, expresó por su parte el fiscal municipal Julián Oberti a La tinta y señaló que, a partir del cierre de esta instancia judicial, el edificio de Monsanto, que hasta el día de hoy permanece abandonado en un predio ubicado al sur de la ciudad, ya no podrá funcionar “bajo esta modalidad de planta de semillas”, aunque aclaró que “si les interesa, podría llegar a funcionar de otro modo, pero no con esta modalidad que querían hacerlo”.

Además, desde la actual gestión municipal, explicó: “A nosotros nos preocupaba no solamente este juicio, que definía si se hacía o no lugar al permiso, sino que, en caso de que hubiera sido positiva la respuesta de la Justicia a la demanda, el problema era que podían iniciar acción por daños y perjuicios, que hubiera implicado un monto importante para las arcas del municipio”.

Imagen: Puntal

Hace poco menos de un mes, en los Tribunales de Río Cuarto, se había dado la primera instancia de pruebas del juicio con la declaración de testigos, después de cuatro años de idas y vueltas entre instancias judiciales y administrativas que, finalmente, permitieron llevar a juicio la demanda iniciada por Monsanto en 2014.

En este sentido, Oberti, quien confirmó la decisión de Monsanto de abandonar el proceso judicial, expresó: “Nos sorprendió porque, si bien habíamos conversado informalmente con su abogado, no había nada oficial ni formal. Incluso, el juicio estaba en plena etapa probatoria, se habían tomado testimonios, se habían enviado oficios, pedidos de informes. Nosotros estábamos ejerciendo la defensa de acuerdo a la directiva de la actual gestión, que era defender el tema con toda las armas que nos da la ley”.

De legitimidades y corporaciones

¿Pero cuáles fueron los motivos para que la propia corporación decidiera abandonar un juicio que impulsó durante más de cinco años, poniéndole fin a esta batalla judicial entre un pequeño municipio del sur global y la mayor multinacional de los transgénicos a nivel mundial? Aunque estos fundamentos no fueron explicitados por la empresa, distintos factores locales y globales, legales y sociales parecen haber jugado en contra de Monsanto/Bayer.

“La empresa se dio cuenta de que la ciudadanía estaba muy firme en el no y que no iba a conseguir nada yendo por la fuerza”, expresó Lucía De Carlos, abogada e integrante de la Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos.

Entre las causas que habrían motivado la decisión de Monsanto, Lucía también subrayó que había muchas posibilidades de que la Justicia refrendara el decreto municipal que les impidió instalarse en noviembre de 2013. En el mismo sentido, se expresó el fiscal municipal: “La empresa habrá analizado con su grupo de abogados que no tenían chances de salir airosos en este juicio y, para evitar una condena en contra, tomaron la decisión de desistir de las acciones del derecho. Es un razonamiento que hago yo desde lo jurídico: cuando uno desiste, hace una análisis de cómo va el juicio, cuáles son las pruebas y, para evitar males mayores, se decide desistir”, dijo a La tinta.

Es que, además del rechazo de gran parte de la población, existen diversos documentos y análisis técnicos y legales de especialistas que denuncian distintas irregularidades cometidas por la empresa en su intento de instalación. La más evidente, y que fue sostenida también por los especialistas Nelso Doffo y Raúl Montenegro citados a declarar en este juicio, es que Monsanto realizó el pedido de autorización de su planta cuando, paradójicamente, la misma ya estaba construida.

Imagen: Lucía Maina

Desde la asamblea, destacaron, en este sentido, que las pruebas testimoniales y documentales presentadas en el juicio “influyeron de manera contundente porque se vuelven a reflotar los inconvenientes técnicos que tenía el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), que no eran temas menores, sino graves falencias, como que faltaba la Línea Base o el radio donde se iba a producir. Se podría atacar el fundamento de la paz social, pero subsistían graves inconsistencias técnicas que no se podían dejar pasar”.

Ante este panorama, Lucía De Carlos interpreta que la decisión de mantener la vía judicial resultaba perjudicial para la multinacional: “Ya en su momento, construir la planta les salió una buena cantidad de dinero, mantener el juicio también porque hay que pagar abogados de las dos partes y sostener un juicio por tanto tiempo no es conveniente económicamente, más cuando casi todos los juicios que tiene Monsanto a nivel mundial están fallando en contra de la empresa”.

Desde 2013 hasta hoy, los cuestionamientos al accionar de Monsanto/Bayer han crecido en todo el mundo y han, incluso, sido probados por la Justicia en el caso de EE.UU., donde la empresa ya fue condenada a pagar sumas millonarias por las enfermedades causadas por el glifosato y donde ya suma 42.700 denuncias en su contra por parte de personas afectadas por usar su producto estrella, el herbicida más utilizado a nivel mundial.

A esto, se suma la compra de la multinacional por parte de Bayer ocurrida en los últimos años, una de las mayores fusiones empresariales de la historia que también conlleva cambios en el manejo de su imagen. En ese sentido, Oberti también consideró que otra posibilidad es que la decisión de abandonar la vía judicial “se deba a un cambio de política de la empresa ahora que fue adquirida por Bayer“. Desde la asamblea, señalan que “una sentencia en contra afectaría de otro modo a la empresa. Ahora lo que hacen es desistir, decidir no seguir el juicio, que no es lo mismo que tener una sentencia en su contra”.

Ambiente, participación y democracia

Como el resabio de una época pasada, las acciones judiciales de Monsanto contra la Municipalidad de Río Cuarto trajeron al presente las luchas que se dieron en la provincia de Córdoba años atrás contra la multinacional. Años que quedaron grabados en la historia como un triunfo del pueblo cordobés contra una de las mayores corporaciones a nivel mundial. Años en los que la movilización de cientos de personas, organizaciones, instituciones y asambleas en defensa del ambiente y la salud impidió la instalación de una planta experimental de semillas en la ciudad del sur cordobés y una de las mayores plantas de acondicionamiento de semillas transgénicas del mundo en la localidad de Malvinas Argentinas. Es decir, la expansión de los agronegocios a una escala aún mayor de la que hoy se vive en Argentina, el país que más agroquímicos por persona aplica en el mundo.

Más allá de estos rechazos, la multinacional es un actor omnipresente en la provincia y en el país, ya que sus productos, semillas transgénicas y agrotóxicos abastecen a gran parte de las más de 19 millones de hectáreas sembradas con soja, monocultivo que ocupa hoy alrededor del 60% de la superficie cultivada de Argentina.

Desde la asamblea de Río Cuarto, destacan que, en ese sentido, Monsanto sigue presente en la región: “Hay muchos productores que siguen apostando al paquete tecnológico con transgénicos y agroquímicos en vez de abrirse a maneras más amigables de producir”. Pero agregan que hay “mucha gente que está apostando cada vez más por lo sano y por consumir productos agroecológicos: tarde o temprano, va a tener que haber un cambio en el modelo porque va a haber un cambio en los consumidores”.

El municipio también reconoce que las fumigaciones son hoy una preocupación para localidades con actividad agropecuaria: “Se están haciendo seguimientos importantes, no solo desde el municipio, sino también recibiendo denuncias de vecinos”, dijo Oberti, ya que es un “tema que preocupa al municipio y que tiene que ver con la defensa del medio ambiente”.

Además de la cuestión ambiental, el juicio que ayer se dio por terminado abre reflexiones en torno a la participación ciudadana y al rol del Estado en las democracias actuales. El propio Jure expresaba este miércoles en los medios: “Casi como una casualidad, recibimos esta buena noticia un 30 de octubre, cuando se cumplen 36 años de democracia. Y es como honrar a Alfonsín y a la democracia, porque son las decisiones que tienen que ver con privilegiar el interés general, los derechos de los vecinos, frente a un interés particular”, dijo.

De cualquier manera, el proceso judicial, que ahora llega a su fin por decisión de la propia empresa, deja resonando un debate local y global sobre el poder que tienen hoy los estados frente a las corporaciones para decidir sobre su propio territorio en representación de la voluntad popular, es decir, para ejercer el sentido más esencial de la democracia.

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