Redacción Canal Abierto | Tras más de dos semanas de protestas y una brutal represión, Chile continúa movilizado. “Esto aún no termina”, dicen los llamados por redes sociales.

Es que, pese a una serie de anuncios paliativos por parte del Gobierno, la rabia sigue apuntando contra cuestiones de fondo: contra un Estado ausente en educación, salud y pensiones, y ante un modelo económico de libre mercado que sólo beneficia a una minoría privilegiada. Es a raíz es ello que se multiplican las voces que piden una nueva Constitución superadora de la actual, herencia de la dictadura de Augusto Pinochet ​(1973-1990).

Para entender mejor las razones del descontento y el devenir de las protestas populares, Canal Abierto habló con el abogado y director de la ONG Observatorio Ciudadano de Chile, José Aylwin.

En pocas palabras, ¿cuáles son las principales razones detrás de las masivas protestas en Chile?

-Los principales desencadenantes son la larga situación de inequidad económica y un marco institucional heredado de la dictadura.

En materia de violaciones a los derechos humanos, ¿cuál es la situación que se vive?

-El Instituto Nacional de Derechos Humanos, organismo público pero autónomo, ha documentado 20 muertes, pero según otros organismos la cifra ascendería a 25. Hay al menos 2 desaparecidos y 4500 detenciones -entre ellos 500 menores- y 1500 heridos (500 de perdigones y 40 de bala). Como los disparos muchas veces son a corta distancia y al cuerpo, hay al menos 150 personas con daño ocular.

Todo esto conforma un cuadro de violación sistemática y masiva de derechos humanos, como no veíamos desde la dictadura. Es una situación que nos preocupa.

Pese a algunos anuncios del Gobierno, las protestas continúan. ¿Por qué?

-El Gobierno parece no entender el clamor que tiene paralizado a Chile y movilizada a la ciudadanía. Piñera se resiste a entender que esto no tiene vuelta atrás, que la demanda ciudadana es por un nuevo pacto social.

La demanda central es un pacto social sobre una nueva constitución sancionada por una asamblea constituyente. Esto es lo que aglutina a movimientos sociales, sindicatos y pueblos originarios. No es una demanda nueva: desde 2010 venimos reclamándolo.

El Presidente Sebastián Piñera atraviesa una crisis de credibilidad, ¿sucede lo mismo con la clase política en su conjunto? 

-La credibilidad del Gobierno, el Parlamento y los partidos políticos es sumamente precaria. Las encuestas más recientes muestran que la demanda por una nueva asamblea constituyente asciende al 70% de la población.

En la Constitución de 1980 se esconde lo que muchos analistas entienden como una trampa. Y es que para una reforma constitucional se requieren dos tercios del Congreso. De hecho, la asamblea constituyente no está prevista en esta Constitución.

-Desde los organismos de Derechos Humanos planteamos que la soberanía reside en el pueblo.

Hay un grupo de 20 diputados del Frente Amplio, muchos de ellos de partidos jóvenes, que vienen levantando un proyecto de reforma de la Constitución que se basa en la realización de un plebiscito –figura que si existe en nuestra Constitución- para consultar a la población si están de acuerdo con una nueva Constitución, y cuál sería el mecanismo.

A todo ello se agrega el Poder Judicial, desde donde surgen algunas voces que plantean la legitimidad de la reforma de la Constitución y la urgencia de un cambio de ésta.

El escenario jurídico e institucional es complejo. Pero varios países de Latinoamérica mostraban escenarios similares y debieron cambiar por las demandas ciudadanas.

¿Cuáles serían los aspectos centrales a modificar de la actual Constitución?

-En su corazón, la Constitución de 1980 es de un corte neoliberal heredado de la dictadura e impide al Estado asumir un rol activo en la economía, concibe el Estado como subsidiario y otorga a los privados la conducción de la economía, protege fuertemente el derecho a la propiedad –incluyendo el agua y los recursos del subsuelo- y desprotege los derechos económicos, sociales y culturales. A su vez, no considera a los pueblos indígenas y limita la participación política.

¿Cómo crees que va a continuar el reclamo?

-Las próximas semanas van a ser decisivas. Uno ve en el pueblo y las organizaciones sociales una voluntad de seguir adelante. A pesar de la represión, eso genera optimismo de que ocurra un cambio.

Los poderes del Estado tienen que escuchar este clamor porque, de otra manera, la gobernabilidad se va a volver insostenible.

Fotos de Valparaíso: migrarphoto.com

 

También te puede interesar: “Chile ha demostrado ser un Estado psicópata”

Recibí más periodismo de este lado

Nuestros temas