Redacción Canal Abierto | De acuerdo al derecho internacional, todas las personas gozan del principio de presunción de inocencia, según el cual, una persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Esto implica que, salvo excepciones, tiene derecho a esperar una sentencia en libertad y debe garantizarse su derecho de defensa ante la justicia.

A través de artilugios legales que permiten total discrecionalidad a jueces, hace tiempo que Argentina no estaría cumpliendo con este paradigma. Según informó a principios de 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solo la mitad de los presos bonaerenses tiene condena firme o en primera instancia. El resto permanece a la espera con prisión preventiva. Son casi 20 mil hombres y mujeres en cárceles hacinadas a merced de la decisión de una justicia colapsada.

Similar situación atraviesa el sistema federal: el 56,85% (8.192 personas) están bajo prisión preventiva y el 43,15 por ciento (6.213) tienen condena, según datos del Servicio Penitenciario Federal.

A todas luces, nuestro país no cumple el precepto internacional y la legislación local que plantea la prisión preventiva como una medida excepcional. “Aunque muchas veces se utilicen otros argumentos para privar de la libertad a una persona sin condena, el derecho es claro respecto a que solo cabe frente al peligro de fuga o entorpecimiento de la causa. De hecho, en términos procesales, en la mayoría de las provincias las reglas son claras en relación del uso excepcional de la prisión preventiva”, asegura la abogada y directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey.

“Si bien hoy la cara visible de la prisión preventiva son los ex funcionarios detenidos, en la gran mayoría de los casos las personas afectadas son de bajos recursos o poblaciones vulnerables”, explica la letrada, y agrega: “no se trata de una realidad que nació en estos últimos cuatro años, sino que lleva tiempo. Es un patrón estructural que es preciso atacar de raíz, y que pone en riesgo el paradigma del principio de inocencia y las garantías procesales”.

En una carta abierta, Amnistía Internacional pide a la Corte Suprema de Justicia que se expida inmediatamente sobre la situación de Jorge Enrique González Nieva, detenido hace más de 13 años en prisión preventiva.

El 19 de julio de 2006, González Nieva regresaba del trabajo a su casa, en el barrio La Blanquita, Merlo, provincia de Buenos Aires, cuando fue interceptado por oficiales de la bonaerense. Lo detuvieron y llevaron a la comisaría. De acuerdo al testimonio de González Nieva, lo golpearon y extorsionaron para que entregase dinero a cambio de no ser incriminado en un robo seguido de muerte ocurrido en mayo de 2006.

Segun su relato, González Nieva se negó a la extorsión, lo que provocó que se diera inicio a una investigación judicial por la que recibió una condena de 25 años de prisión en el año 2010. La sentencia fue apelada, y la decisión aún no está firme. Desde 2015 su causa se encuentra a estudio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), mientras González Nieva espera una resolución judicial para recuperar su libertad.

Los policías que participaron de su detención fueron condenados por encubrimiento, falso testimonio, tentativa de extorsión, por haber involucrado a personas en supuestos delitos para luego amedrentarlas y extorsionarlas. A su vez, el fiscal de la causa fue suspendido de su cargo en 2017 por su actuación en este y otros procesos judiciales.

“En este caso, el silencio de la Corte -en su rol de organismo garante de la Constitución- hace imposible el avance de la causa”, plantea García Rey. “Sin duda, cuando se pronuncie, va a sentar un antecedente que podría llegar a los tribunales de todo el país”.

La Fundación Innocence Project Argentina –organización internacional que busca revertir la condena de personas que por fallas del sistema han sido injustamente condenadas- tras analizar el caso, sostuvo la inocencia de González Nieva, para lo que aportó nuevas pruebas. Incluso una de las coautoras del robo –quien se encuentra condenada por los hechos– aseguró que González Nieva no participó del hecho; y el testigo que supuestamente lo había identificado denunció que no lo había reconocido, a pesar de haber sido presionado por la policía para culparlo, y que el acta de reconocimiento fue falsificada.

Todos estos elementos de prueba fueron puestos en conocimiento de la CSJN por su defensa -a cargo de la Defensoría de Casación- pero hasta tanto el Tribunal no resuelva el recurso que se encuentra pendiente desde hace más de tres años, González Nieva no puede cuestionar los fundamentos de su detención y continúa en la cárcel. Se le impide así su derecho de defensa.

 

Foto: Valerio Bispuri (www.valeriobispuri.com)

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