Redacción Canal Abierto | A 15 días de la asunción de la próxima gestión, el Gobierno de Mauricio Macri intenta condicionarla con la homologación por decreto de un régimen de Alta Dirección Pública que no cuenta con el consenso de la parte gremial, e implicaría la perpetuación de funcionarios jerárquicos propios.

El decreto 788/19, firmado esta semana por Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica es -ni más ni menos- que la ratificación unilateral del fallido intento de modificación Convenio Colectivo de Trabajo para la administración pública firmado el pasado 6 de junio junto a la Unión de Personal Civil de la Nación firmaron (UPCN).

En aquel momento, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) había logrado suspender la movida que, de concretarse, no solo amenazaba con flexibilizar los requisitos para acceder a los cargos de dirección y coordinación del Estado, sino también la aplicación de aumentos en torno a los $100.000 para sueldos que en la actualidad ya superan los $135.000.

El meollo de la cuestión -como argumentaba el gremio que conduce Hugo “Cachorro” Godoy- es que en la otra punta, el aumento para un trabajador estatal que cobra $20.000, según la paritaria firmada por el gobierno y UPCN de 28% en 5 cuotas, terminará siende de $3.600.

En una entrevista realizada en junio de este año, Flavio Vergara, delegado paritario de ATE, denunciaba que detrás del pacto Macri-UPCN se escondía el intento de crear “una casta de conductores del Estado, por fuera de los convenios colectivos, con una maniobra para enquistar gente en los cargos de conducción”.

Ahora, el gobierno insiste en su denodado esfuerzo por atornillar en puestos jerárquicos a su propio “chetaje militante” (en relación al latiguillo con el que promovió los despidos masivos al comienzo de su Gobierno). Esta vez, a través de un decreto de necesidad y urgencia, y a menos de 15 días de dejar el poder.

En concreto, lo que establece el decreto en sus anexos es que se crea el «Régimen de Alta Dirección Pública», que incluye a directores generales, nacionales o equivalentes, directores y coordinadores. Todos pasan a tener estabilidad por cinco años. El texto además instituye que, para remover los cargos jerárquicos que pretende perpetuar el gobierno saliente, el Estado deberá pagar una indemnización equivalente a los sueldos del tiempo que resta para completar ese plazo de cinco años.

“Este régimen, aprobado a tan poco tiempo de la asunción del próximo Gobierno, debe ser suspendido en su aplicación y puesto a revisión nuevamente en el marco de la negociación colectiva involucrando a actores que efectivamente tienen visión respecto de los cargos de gerencia pública y del mejor funcionamiento de los Convenios Colectivos de Trabajo, acorde con la necesidad de regular el empleo de los cargos de dirección del Estado”, señaló en las últimas horas Flavio Vergara.

Por su parte, la Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) cuestionó que el régimen de ingreso dispuesto por el decreto de Macri para cargos jerárquicos tiene «exigencias mucho más laxas de idoneidad técnica y profesional que el vigente, un sistema de remuneraciones desproporcionadamente alto con respecto al resto, y otro indemnizatorio inédito para el caso de pérdida de la función -con retención de categoría-, pergeñado con la obvia intención de facilitar la permanencia de los funcionarios designados discrecionalmente por el Gobierno saliente”.

 

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