Redacción Canal Abierto |Se intenta establecer una paritaria para chetos en el Estado Nacional, con aumentos de salarios siderales, con una estabilidad extraordinaria, y con posibilidad de indemnizaciones futuras, que es algo inédito. Este régimen beneficia a un universo muy reducido de trabajadores y perjudica a los 200 mil trabajadores restantes que conformamos la Administración Pública Nacional”, lanzó el secretario adjunto de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar Aguiar.

En el día de ayer, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) movilizó a la Secretaría de Modernización (Diagonal Norte y San Martín, CABA) para rechazar un nuevo pacto entre el siempre oficialista Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la administración saliente.

Es que, a tan sólo días de la asunción de la próxima gestión, el Gobierno de Mauricio Macri busca condicionarla con la homologación por decreto de un régimen de Alta Dirección Pública que no cuenta con el consenso de la parte gremial, e implicaría la perpetuación de funcionarios jerárquicos propios.

El decreto 788/19, firmado la semana pasada por Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica es -ni más ni menos- que la ratificación unilateral del fallido intento de modificación Convenio Colectivo de Trabajo para la administración pública firmado el pasado 6 de junio junto al titular de UPCN, Andrés Rodríguez.  

En aquel entonces, ATE había logrado suspender la movida que -denunciaban- no solo amenazaba con flexibilizar los requisitos para acceder a los cargos de dirección y coordinación del Estado, sino también la aplicación de aumentos en torno a los $100.000 para sueldos que en la actualidad ya superan los $135.000.

El meollo de la cuestión -como argumenta el gremio que conduce Hugo “Cachorro” Godoy- es que en la otra punta, el aumento para un trabajador estatal que cobra $20.000, según la paritaria firmada por el gobierno y UPCN de 28% en 5 cuotas, terminará siende de $3.600.

“Mayoritariamente, los funcionarios que ocupan esos cargos y que se beneficiarán con este Decreto son amigotes de Macri y de UPCN, por eso ellos lo legitiman. El Gobierno y UPCN entonces firmaron a favor, mientras que nosotros rechazamos los proyectos propuestos e hicimos reserva de iniciar las acciones gremiales, administrativas o legales necesarias para que esto se derogue”, planteó Delegado Paritario Nacional de ATE, Flavio Vergara.

En una entrevista con Canal Abierto de junio de este año, Flavio Vergara denunciaba que detrás del pacto Macri-UPCN se escondía el intento de crear “una casta de conductores del Estado, por fuera de los convenios colectivos, con una maniobra para enquistar gente en los cargos de conducción”.

Ahora, el gobierno insiste en su denodado esfuerzo por atornillar en puestos jerárquicos a su propio “chetaje militante” (en relación al latiguillo con que promovió los despidos masivos al comienzo de su gestión).

Por una cabeza…

Que el gremio conducido por Andrés Rodríguez -más conocido en el mundo gremial por su excéntrica afición a la cría de caballos de raza que por defender derechos de empleados públicos- tiene buena sintonía con el gobierno de Mauricio Macri, no es desconocido por nadie. De hecho, Rodríguez –partidario de todos los oficialismos- fue uno de los cerebros de cada intento por frenar los distintos paros generales de los sindicatos más disconformes con las políticas macristas.

Miembro de la Sociedad Rural y poco afecto a las cámaras y las revistas, el “Centauro” Rodríguez oficia de Gerente General de UPCN hace 29 años y desde 2015 asumió el rol de virtual director de la oficina de Recursos Humanos en el Estado de la gestión Cambiemos, firmando acuerdos a la baja que depreciaron el poder adquisitivo de los estatales sistemáticamente; y aceptando y hasta justificando despidos, como nunca. Por eso, más convendría pensar que el sindicato mayoritario es co-autor de la pretendida propuesta del vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra (en su rol de empleador), que un mero actor que aceptó complaciente la oferta de su patrón.

 

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