Redacción Canal Abierto | En 2018, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires inició un proceso de “urbanización” de la villa 31 y 31 bis. Este incluyó la relocalización compulsiva de muchas familias que fueron reubicadas en viviendas sociales que deben pagar con un crédito “blando” a 30 años.

Los vecinos debieron abandonar sus terrenos y sus casas construidas con esfuerzo y comprados con sus magros ahorros para pasar a ser deudores hipotecarios de una vivienda que en un futuro podría llegar a ser propia.

Este proceso implica una ingeniería de reapropiación por parte del gobierno y del capital inmobiliario de estas tierras conquistadas para el uso y la vida del pueblo a través del endeudamiento y la financiarización de las vidas villeras. Se configura un caso más de gentrificación que el aparato estatal lleva como estandarte mientras disfraza de virtuoso un proceso de lenta expulsión.

En el barrio Padre Mugica, la evaluación que hicieron los vecinos de la gestión Cambiemos tuvo su respuesta en las últimas elecciones. El oficialismo sufrió una contundente derrota a pesar de la inmensa inversión publicitaria, el trabajo de punteros, las amenazas a las cooperativas, el reparto de mercadería y la “urbanización”. Larreta perdió por más de 30 puntos ante el candidato del Frente de Todos, Matías Lammens.

 

Lorenza y los gatos

La inteligencia gubernamental no previó, al momento de censar a las familias para la reubicación, a las mujeres ausentes de su casa por ser víctimas de violencia de género. Este es el caso de Lorenza y sus dos hijos, y de otras tres mujeres que quedaron en un limbo jurídico administrativo, con riesgo de perder lo poco que tienen.

Lorenza vive en la manzana 12 del sector Cristo Obrero de la villa 31. Su casita se erige entre un mar de escombros provenientes de las casas demolidas de sus vecinos que se trasladaron a los nuevos edificios del sector La Containera. Dejaron escombros y también a sus gatos, que se refugian en la casa de Lorenza.

La Secretaría de Integración Social y Urbana (SISU) ejecuta el proceso de urbanización de la Villa 31 con fondos del Banco Mundial y bajo sus lineamientos generales. Para la SISU la casa de Lorenza no debe existir, es un error en los planos. Por otro lado, la Justicia quiere tomar la custodia de sus hijos porque corren peligro al habitar en esa vivienda.

Frente al desamparo estatal, el movimiento feminista que crece en el barrio acudió al auxilio de Lorenza y las otras mujeres en riesgo. La Asamblea Feminista de la Villa 31 y 31 Bis la acompaña, colabora en dar difusión a su caso y la asiste para seguir su causa en la Justicia donde la jueza Elena Liberatore ha fallado a su favor pero aún no de forma contundente. En su fallo, la responsable del Juzgado Nº 4 en lo Contencioso Administrativo reconoce “que es una mujer sola a cargo de sus dos niños, víctima de violencia de género por parte de su ex pareja y sin red familiar ni social de contención tanto económica como afectiva, y en inminente situación de calle”, pero luego falló en línea con la SISU que accionó judicialmente para impugnar el amparo, bajo el argumento de que al momento de realizado el censo de las familias de la manzana 12, en 2016, Lorenza no estaba en su casa.

Lorenza, las tres mujeres y sus hijos esperan una respuesta. La violencia machista las vejó, el Gobierno las castiga y la Justicia patriarcal las abandona. Pero la organización villera y feminista las ampara.

 

La organización feminista

Visitamos a Lorenza en su casa entre escombros del barrio Cristo Obrero. Nos acompañó un grupo de mujeres organizadas en la Corriente Clasista y Combativa que a su vez participan de la Asamblea Feminista de la Villa 31 y 31 bis. En esta están representadas la mayoría de las colectivas de mujeres y las travestis del barrio, suelen reunirse en la Casa de la Diversidad Trans Villera de la que este año partió la Primera Marcha del Orgullo Trans Villero realizada este año.

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