Redacción Canal Abierto | “Demuelen 16 años de autogestión de vecinos. Demuelen un espacio abierto a la comunidad, de libre tránsito y permanencia, por fuera de estructuras partidarias, cuyo motor radica en la autogestión y en la heterogeneidad de los individuos y colectivos que la transitan, siempre enfocada en las necesidades que emergen desde y para las personas que a ella se acercan”.

Así expresaron su tristeza e indignación en su cuenta de Facebook quienes integran la Asamblea de Villa Urquiza. El espacio se gestó durante la crisis del 2001 y se convirtió en un emblema para el barrio. El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, no brindó ningún espacio alternativo o solución para que el espacio siga existiendo.

En diciembre de 2018, en un operativo realizado esta madrugada por efectivos de la policía Federal, de la Ciudad y Gendarmería, se concretó el desalojo tras una larga resistencia encabezada por los vecinos. Ahora, poco más de un año después, demuelen ladrillo a ladrillo el local de la ex pizzería “La Ideal”.

“En Marzo de 2017, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) nos intimó al desalojo en diez días. Nos aplicaron la ley 17.091 que se creó en el gobierno de Onganía para desalojar concesionarios privados, y que no debiera aplicarse en espacios comunitarios sin fines de lucro, como lo es la asamblea, ni tampoco en vivienda”, comentó Rocío, integrante de la Asamblea.

Esta ley tenía por objeto autorizar desalojos sumarios en caso de concesión de inmuebles de propiedad del Estado que estuviesen destinados principalmente a actividades lucrativas. La Ley N° 17.091 autoriza, en estos casos, que la Justicia ordene el desalojo sin otorgar el derecho de defensa en forma previa al desalojos.

La Asamblea de Villa Urquiza no era concesionaria del Estado Nacional ni realizaba actividades lucrativas. Por lo tanto, no correspondía la aplicación de esta ley. Y en un entendimiento contrario, la orden de desalojo sin brindar derecho de defensa constituye una violación grave de los derechos de la Asamblea y de cada uno de sus integrantes. En la sentencia dictada por el Juez  Ernesto Marinelli, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1, que ordenó el desalojo se expresa que la decisión judicial fue adoptada «sin más trámite» e «inaudita parte».

Los abogados de Villa Urquiza presentaron un descargo que la Justicia nunca respondió. Se inició un juicio del que tampoco tuvieron conocimiento y los sentenciaron al desalojo. La ley tampoco da derecho a defensa a la parte demandada. Cuando les llegó la sentencia, en el expediente figuraban como vivienda y ocupantes.

“Hicimos un pedido de nulidad exponiendo que somos una asamblea barrial, que hacemos actividad comunitaria, que existimos hace 16 años. Nos rechazaron el pedido y se termina presentando la oficial de Justicia, acompañada de la policía, para efectuar el desalojo”, agregó la asambleísta.

El desalojo llega a partir del proyecto de rezonificación de esa manzana bajo el argumento de estar ociosa. “No lo estaba, porque aparte de la asamblea hay viviendas, siete familias que no van a tener acceso a otra casa, hay comercios y un complejo deportivo”, explicó Rocío.

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