Redacción Canal Abierto | Legisladores de la Ciudad del Frente de Todos, el GEN y la Izquierda proponen estatizar la red del Subte y poner fin a las concesiones. Actualmente, existen cinco proyectos de ley en la Legislatura porteña presentados por los bloques de la oposición. Con algunas variantes, todos confluyen en trasladar la operación de la red al Estado.

La concesión del subterráneo de Buenos Aires está vencida desde el 2013 y se originó en 1994. En ese año, en plena fiebre privatizadora menemista, la red, propiedad de la empresa estatal SBASE (Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado) fue concesionada a Metrovías, operadora privada perteneciente al Grupo Roggio.

La licitación pública para concesionar el subte por 12 años más (con opción a prórroga por tres años) se inició en febrero de 2018. A la misma se presentaron tres oferentes en competencia: la actual concesionaria Metrovías; el grupo francés Keolis, en conjunto con la Corporación América, encabezada por Eduardo Eurnekian, y Transport for London, operadora del subterráneo londinense; y RATP Dev, empresa del grupo RATP que maneja el Metro y otros transportes urbanos de París.

El transporte público, en este caso el subterráneo de la Ciudad, no puede ser visto como un negocio, sino como un servicio que respete derechos fundamentales que el Estado debe garantizar, como la seguridad”, dijo a Télam Lorena Pokoik. La legisladora es coautora del proyecto presentado por el FDT a fines de 2018, que propone una “re estatización bajo el control de los trabajadores y usuarios”.

En este proyecto, se propone a SBASE como operadora del servicio, con un directorio de 10 miembros. El mismo estaría compuesto por  cinco representantes del Poder Ejecutivo de la Ciudad, dos representantes de los trabajadores, dos de los usuarios, y uno designado por la Legislatura.

Lo cierto es que el gobierno de Larreta se encarga de dormir estos proyectos en el recinto y continúa el negocio, con tendencia a beneficiar a sus amigos. Tras varias postergaciones y con un panorama económico y político bastante distinto al del momento en que se presentaron las ofertas de licitación, primero se retiró RATP y, en los últimos días, también los franceses de Keolis, dejando allanado el terreno para que la operadora del Grupo Roggio continúe al frente de la concesión.

En diálogo con Canal Abierto, el abogado y presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, explicó: “Esto es la crónica de una privatización anunciada y de un concesionario ganador. Cuando fue el debate por la nueva privatización del subte -a fines de 2017-, donde se intentó dar la discusión para que vuelva a manos del Estado operado por SBASE, quedó implícito que el futuro concesionario no sería Metrovías, porque fue una operadora con demasiados déficits”.

En una suerte de “show mediático” del jefe de Gobierno de la Ciudad, realizó una gira por Europa para conseguir inversores para privatizar el subte. En ese contexto, la Legislatura aprobó la privatización, pero hubo una deficiencia en la votación de la ley. “Nosotros acudimos a la Justicia y denunciamos este proceso como viciado, porque la privatización del subte se hizo con mayoría absoluta –no con mayoría agravada– y sin audiencia pública previa”, agregó Baldiviezo.

Por ejemplo, para autorizar la cesión precaria de un inmueble a una asociación civil por diez años, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se requiere de un proceso de doble lectura, es decir, que se vote una vez, se convoque a una audiencia pública y se vote una segunda vez con una mayoría de 40 votos. En este caso, eso no pasó y representa una violación a la Constitución de la Ciudad.

Normalmente, para justificar la privatización de un servicio público suelen usarse dos argumentos: la falta de financiamiento estatal por lo que hace falta la inversión de capitales privados o porque se necesita de un operador con la capacidad técnica para hacerlo.

“En este caso Metrovías toma el control de la operación de lo que ya existe pero no invierte un peso. No compra coches, no hace obras, no hace nuevas estaciones. Toma el servicio como está y el Estado le paga mensualmente ¿El gobierno en ocho años no pudo aprender a gestionar el subte siendo un servicio público ya activo?”, se pregunta el abogado.

Y finalizó: “El gobierno planificó esto. Metrovías continúa al frente de la concesión y el negocio queda entre los amigos. No tiene fundamento técnico más allá de seguir haciendo negocios con lo público, que es el eje transversal de las políticas del macrismo en la ciudad”.

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