Redacción Canal Abierto | Por primera vez con Sabina Frederic a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación, se reunió el Consejo Federal de Seguridad que nuclea a los ministros de esa cartera de todas las provincias. Y, por primera vez en la historia, este organismo convocó a actores externos para hacer foco en uno de los conflictos salientes que marcó la gestión de Patricia Bullrich: la cuestión mapuche.

“Nos invitaron para dar nuestra perspectiva sobre la situación vinculada al pueblo mapuche en particular, porque la gestión del Consejo de Seguridad anterior venía con un estilo para encarar el problema y esta gestión está pensando en encararlo desde otra perspectiva, recuperando el conocimiento que el sistema científico-tecnológico argentino viene produciendo sobre la realidad mapuche hace muchos años. Es algo que nunca había ocurrido antes”, explica Laura Kropff, antropóloga, investigadora del Conicet y docente de la Universidad Nacional de Río Negro.

Hace más de 20 años que Kropff estudia los conflictos por la tierra relacionados con los pueblos originarios en Río Negro, conocimiento que jamás fue requerido por la gestión de Bullrich para abordar una situación que se cobró dos muertos a manos de las fuerzas de seguridad y múltiples heridos y detenidos sólo en Río Negro.

“La hipótesis que manejaba la gestión anterior del Ministerio de Seguridad era que había una red terrorista con contactos internacionales que provocaba la desestabilización y la conflictividad y que había que atacar esa red –analiza la especialista, en diálogo con Canal Abierto-. Y el informe que generó es muy difícil de sostener porque los datos que presenta son erróneos y cuando son reales son interpretados mal. Sacan una foto de un serrucho, una hoz, un martillo y un rifle y lo interpretan como armamento cuando en realidad son herramientas de trabajo. Nunca apeló a la investigación que el propio Estado financia. Esta nueva gestión está buscando esa sinergia interinstitucional que es necesaria, porque si no están invirtiendo mal los recursos de todos nosotros”.

De la represión a la responsabilidad

Desde la academia y el trabajo de campo, los investigadores aportaron un giro de 180 grados sobre el abordaje que el Estado debe darle al conflicto con los pueblos originarios, que está directamente vinculado con la tierra.

“Nuestro punto de partida es entender que el Estado tiene una responsabilidad para con los pueblos preexistentes porque constituyó su propio territorio sobre la base de espacios en los que eran soberanos esos pueblos, y eso se hizo a través de realizarles un profundo daño físico, psicológico, económico, cultural, político –sostiene Kropff-. El Estado tiene que reconocer ese daño y generar una política de reparación, y tiene herramientas para hacerlo porque gracias a la lucha de las organizaciones de los pueblos indígenas de Argentina existe un marco normativo en este país que reconoce los derechos de los pueblos indígenas como sujetos específicos, derechos que les corresponden a ellos. Pero el Poder Judicial ignora el derecho indígena cada vez que tiene que dirimir conflictos”.

En rigor, la Constitución Nacional reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, su derecho al respeto de su identidad, a una educación bilingüe e intercultural, y a la propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, establece que, en caso de no ser suficiente, se deben gestionar otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano.

Sin embargo, y pese a que la ley 26.160 establece un relevamiento territorial de todas las comunidades originarias del país para cumplir con esta normativa, éste está paralizado desde 2013.

Por otro lado, no hay un protocolo para otorgar títulos comunitarios de propiedad, que difieren de los títulos individuales ya que se trata de tierras que no puede entrar en el mercado inmobiliario y son intransferibles, entre otras particularidades.

En este sentido, la investigadora destaca: “Desde que el territorio patagónico fue incorporado al Estado nación, los pueblos originarios han sido desplazados de sus tierras porque el proceso de concentración de territorio se continuó dando, no se dio de una vez y para siempre. Los capitales extranjeros tienen prioridad, el racismo sigue siendo una práctica estructural. Los cordones de pobreza de las ciudades se siguen llenando de gente desplazada por estos motivos. Eso genera mucha bronca. Y aún en ese contexto es sorprendente que el pueblo mapuche haya tenido, históricamente, una estrategia de negociación y diálogo y demanda. Por eso no es sólo darles títulos de propiedad de las tierras que ocupan, sino de otras tierras aptas para el desarrollo humano. Si no se avanza en esa dirección, lo que vamos a tener es una olla a presión”.

Como resultado de la reunión del Consejo de Seguridad, y atendiendo esta nueva mirada aportada por los especialistas, se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el de Seguridad, el INAI, y la Administración de Parques Nacionales para constituir una Mesa de resolución alternativa de conflictos territoriales con los pueblos originarios. La misma está integrada por representantes de todas las partes que deberán ser elegidos en el transcurso de un mes. Su primera actividad será la elaboración de un protocolo de actuación. La mesa podrá ser activada por pedido de cualquiera de esos organismos, de las provincias o de las comunidades y la misma, a su vez, podrá convocar a otros actores, como los especialistas, si lo considera pertinente.

“Soy optimista –asegura Kropff-. Porque todo lo que dijimos y aportamos fue recibido incluso por ministros de seguridad que parecían más duros, más alineados con la forma de resolución anterior del conflicto. Algunos reconocieron que pueden no estar de acuerdo ideológicamente con esta nueva perspectiva, pero que la anterior no les sirvió porque siguen teniendo conflictos e incluso muertos. Que hay que ensayar otra cosa”. 

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