Redacción Canal Abierto | Urbanización, a secas, parecería traer “per se” buenas noticias. Pero la urbanización de las villas 31 y 31 bis encarada por el gobierno de la Ciudad y su fuerza de ocupación, la SISU (Secretaría de Integración Social y Urbana) no es una novedad prometedora para las vecinas y vecinos del barrio Carlos Mugica.

Los pobladores del sector Bajo Autopista están siendo relocalizados en viviendas construidas por el Gobierno de la Ciudad. Así, a vecinos que lucharon por su pedazo de tierra, construyeron sus casas, soportaron todos los inconvenientes para acceder a servicios y derechos básicos, se les ofrece una hipoteca y una deuda a 30 años. Y si no ceden… se los aprieta.

“Yo no me quiero ir a las viviendas nuevas que está haciendo el Gobierno porque no quiero tener una deuda por 30 años, y por la manera en que están hechas las viviendas. No está hecha con los materiales que nos dijeron, no son los metros que dijeron que nos iban a dar. Y tampoco estoy de acuerdo con la manera que nos tratan”, sostiene Camila Ramos (26 años, 14 viviendo en el barrio), del Bachillerato Popular Alberto Chejolán de la CTA Autóma Capital.

El 13 de diciembre de 2018, la Legislatura de la CIudad aprobó la Ley N° 6.129 que ordena la re-urbanización del barrio. Esta normativa, la Ley N° 3.343 y la Ley Nacional N° 27.453 prohíben cualquier tipo de desalojo forzoso, tanto administrativo como judicial, en el barrio «Carlos Mugica» como parte de las acciones estatales orientadas a la integración social y urbana.

Las familias, el mismo día que se van, antes de partir, firman la escritura y el compromiso hipotecario de la vivienda nueva. Cuando se llevan sus cosas, una brigada de la SISU desconecta el agua y la luz y después hacen una demolición que consiste en romper el piso, el baño, la bacha y perforar las losas de techo y primer piso”, cuenta Camila. Recién ese día, con paquetes y valijas en las manos se anotician claramente de las condiciones de un acuerdo que gravitará sobre sus vidas las próximas tres décadas.

Las casas del barrio suelen tener varias plantas y estar unidas pared con pared. Las brigadas utilizan martillos neumáticos y sacuden las estructuras de casas que ya de por sí no se encuentran en las mejores condiciones. En muchas ocasiones provocan rajaduras en paredes y losas, además de pánico en los pobladores de las casas vecinas. Muchas veces la brigada arranca con las demoliciones sin avisar a los vecinos, asustando a los niños.

“Prefiero seguir quedándome en `mi cueva´, como me dicen ellos (los funcionarios de la SISU), pero es mi `cueva´ y no la que me ofrecen ellos, que no es gratis. Eysser, el encargado de las demoliciones, me dijo `vas a tener que irte porque yo voy a seguir haciendo demoliciones. Tenés que irte porque esto va a seguir empeorando´”, relata Johanna González, vecina de la manzana 33 del Bajo Autopista. Lo que hace la SISU es hostigamiento psicológico. Pero además, a esta familia, a consecuencia de las demoliciones de las casas vecinas, cada vez que llueve se le inunda la casa.

A las demoliciones se suman la quita de los cerramientos –ventanas y puertas– y el enrejado provisorio o tapiado de los accesos. “Las demoliciones se hacen sin ningún plano de demolición, ni responsable técnico, ni expediente. Aquí han demolido de cualquier manera y sin ningún tipo de evaluación estructural, poniendo en riesgo a las familias que aún permanecen en la vecindad”, describe María Eva Koutsovitis, de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria de la Facultad de Ingeniería de la UBA.

El proceso de virtuosa re-urbanización del barrio esconde a todas luces una única intención: hacer de las carísimas tierras de la villa 31, a metros de la Recoleta y el Barrio Norte, un fabuloso negocio inmobiliario. Todo esto, a pesar de las más de 40 mil personas que las habitan, algunos hace más de 40 años.

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