Redacción Canal Abierto | “De abril a abril, entre 2019 y 2020, el precio del barril de petróleo en el mundo bajó alrededor de un 80%, lo cual está en parte vinculado con el escenario de parate económico del coronavirus y además también por un contexto internacional de puja que hay entre Estados Unidos, Rusia, y Arabia Saudita. El Estado nacional debe aprovechar la coyuntura particular para que, desde el control que tiene del 51% de las acciones de YPF, decida ir a más”, sostiene Gustavo Lahoud, especialista en energía y geopolítica del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP).

Y es que en un informe titulado La cuestión petrolera en el marco de la pandemia, Lahoud junto al director del Banco Nación Claudio Lozano, desarrolla un análisis que hace hincapié en las características de un escenario extraordinario que, sin embargo, produce en el sector empresario las reacciones habituales.

“Sobre esta delicada situación se ha estructurado un nuevo lobby empresarial de los hidrocarburos con el objetivo de volver, en la emergencia, a precios de referencia internos que remedan la política del ‘barril criollo’ que había sido instrumentada hacia 2014”, analiza el informe.

 

Otra vez la sopa del barril criollo

Con la intención de mantener el funcionamiento de las cuencas productivas de petróleo más importantes del país (las de Neuquén, y la del área Golfo de San Jorge, en Chubut), el barril criollo fue una política pública que compensó a las empresas productoras de energía con un precio por encima del valor de mercado cuando éste estaba en caída. Según las cuentas del IPyPP, esto significó que el Estado argentino les transfiriera casi US$ 3.000 millones sólo en los dos primeros años.

Esto concluyó en octubre de 2017, cuando el entonces ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren ató el mercado local al funcionamiento del mercado internacional, y dolarizó así las tarifas en un contexto donde los precios se habían recuperado y el sector tenía rentabilidad asegurada. Pero las cosas han cambiado, y por estas fechas el precio del barril se arrastra entre US$ 25 y US$ 30, muy por debajo de los US$ 60 que valía hasta febrero apenas. Es así que las hidrocarburíferas, lejos de bajar el precio de los combustibles, reclaman un barril local a US$ 46 y que el Estado pague la diferencia.

“Ese es un modo de estar presente en la actividad que es regresivo para el conjunto de la comunidad porque lo que hace es sostener el nivel de la tasa de ganancia de un sector oligopólico que, cuando se ve afrontado a un problema de riesgo empresarial, en vez de asumirlo como debiera ocurrir en todo subtema capitalista que se precie de tal, presiona sobre el Estado para obtener ese precio sostén”, asegura el especialista.

 

La importancia de YPF

En cambio, desde el IPyPP proponen otra alternativa: aprovechar que las acciones de YPF se desplomaron, y comprarlas.

“Eso sería reestatizarla por completo y discutir un cambio de estatuto societario, que pase de sociedad anónima a sociedad del Estado inicialmente –detalla Lahoud-. Aplicar una política de shock que suponga convertir a YPF en la real empresa testigo de todo el sector hidrocarburífero, garantizando el trabajo que hoy existe en todos los yacimientos, que los niveles productivos que estamos teniendo sigan en funcionamiento, y proponerle al resto de las empresas privadas elaborar un esquema de trabajo en función de analizar caso por caso el tipo de costo de explotación y de rentabilidades que tiene cada una, que es algo que hace mucho que no se hace en la Argentina”.

Para los expertos, que el Estado retomase íntegramente el control de YPF significa recuperar la capacidad exploratoria en otras cuencas nacionales, que se ha perdido en los últimos años. También la posibilidad de repensar Vaca Muerta con “un desarrollo que sea limitado y que esté en función de sostener estratégicamente el abastecimiento interno, teniendo en cuenta que los hidrocarburos son un insumo estratégico y fundamental para el proceso productivo”.

“Tenemos que salir del modelo promercado, del modelo de liberalización económica de desregulación que rigió en los últimos 30 años. La energía deja de ser un bien sometido sólo al control de la transacción del mercado, y necesita ser redefinido como un bien público, de utilidad pública, y que en tal sentido es estratégico para la producción y que configura, además, en sí mismo, también, un derecho”, concluye Lahoud.

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