Por Leo Vázquez | En el marco de una desembozada y efervescente campaña mediática -en la que también cabalgan altos dirigentes de la oposición-, que busca instalar la idea de que el gobierno pretende una amenazante suelta de criminales peligrosos  para disminuir el riesgo de contagio que representan las cárceles, hoy se realiza una nueva reunión entre presos, familiares, organismos, Estado y justicia en el penal de Devoto.

Entre la dificultad infranqueable que impone el hacinamiento carcelario para intentar alguna especie de aislamiento –lo que implica riesgo mortal para presos, guardias, médicos, cocineros, proveedores, abogados y todos los integrantes de la fauna penitenciaria-; la reducción de personal que generaron la pandemia y la cuarentena; y el contagio real que comenzó a propagarse en las últimas semanas, el agua del coronavirus llegó al techo en las unidades penitenciarias.

Roberto Carles, directivo de la  Asociación Internacional de Derecho Penal y de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, asegura a Canal Abierto que “los que dicen que se está por liberar masivamente a violadores y asesinos, buscan algún rédito político”.

“Lo que dice Berni no tiene sentido, está apelando a un sentido común subiéndose a información falsa”, dispara el destacado penalista que fue propuesto por Cristina Fernández en 2015 para ocupar el lugar que había dejado vacante en la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni.

¿Cuál es la óptica con la cual se debe observar el conflicto en las cárceles que genera la pandemia?

– Frente a esta problemática hay que tener una respuesta pragmática, estamos frente a una pandemia de una enfermedad infectocontagiosa sumamente peligrosa y desde el momento que tuvimos conocimiento de la existencia del coronavirus supimos que las cárceles iban a ser un problema, porque en todo el mundo lo fue, lo fue en España, en Italia, porque son lugares donde la gente está hacinada, y más en nuestro contexto en donde tenemos una sobrepoblación del 100%, era evidente que esto iba a pasar y lo sabíamos hace dos meses.

Ahora ya tenemos casos de coronavirus adentro de las unidades penitenciarias. ¿Qué es lo que se debe hacer?, lo que están recomendando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, con Michelle Bachelet en el Alto Comisionado por los Derechos Humanos, el Papa, la Conferencia Episcopal Argentina y todos los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, que es bajar la población carcelaria; lo han hecho en Estados Unidos.

Esto se hace como lo vienen encarando las autoridades, la cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires y la cámara de Casación nacional, ordenando la libertad de aquellos que estén en condiciones de obtener ese beneficio, y la prisión domiciliaria, sobre todo de los que integran la población de riesgo y que no hayan cometido delitos violentos. Y si faltan tobilleras o medios electrónicos para controlarlo, habrá que disponer de efectivos de las fuerzas de seguridad  para que hagan la custodia, lo que no se puede es tener gente en condición de riesgo en las cárceles.

¿Cuáles son los argumentos que permiten intervenir contra la campaña mediática que pretende instalar la idea de la liberación masiva de delincuentes peligrosos?   

-El problema no es de argumentos, es la falsa información, las fake news, la infodemia como lo ha calificado la OMS. En un contexto tan delicado como este, los que salen a decir que se está por poner en libertad a no sé cuántos violadores y asesinos es porque  están buscando obtener rédito político de esta situación, lo que hay que decir y aclarar es que esto no es así. En primer lugar no se está hablando de concederle la libertad a nadie, sino prisión domiciliaria a aquellos que sean parte de la población e riesgo. Y en segundo lugar se ha hecho una lista y un protocolo que excluye a los autores de delitos violentos, sobre todo cuando eso implique la posible re victimización de la víctima del delito. También es cierto que si un autor de un delito violento ya cumplió la pena, no se lo puede tener preso por las dudas. Pero teniendo tantos casos de pequeños delitos patrimoniales, tantas personas presas por narcomenudeo, por comercio de estupefacientes a bajísima escala, un montón de presos sin condenas firmes, hay mucho para descomprimir sin necesidad de llegar a liberar a personas que han sido condenadas por delitos violentos.

¿Qué opinión le merece la manera en la que se está gestionando la crisis en el penal de Devoto?

– La respuesta a la protesta de la semana pasada fue correcta. Fue una respuesta en la que intervinieron todas las partes, intervino la Procuración Penitenciaria, la justicia, organismos de derechos humanos, y entablaron un diálogo y eso siempre es positivo. Me parece que se debería haber empezado a actuar antes, sobre todo teniendo en cuenta que esto se veía venir hace más de dos meses, y que ya había pasado en otros países. Se respondió bien, pero se debería haber actuado antes.

El ministro bonaerense Sergio Berni ha expresado una posición que pareciera ser contraria a la que prima en el gobierno…

– Yo no opino de las cuestiones políticas, pero si veo que lo que dice Berni no tiene sentido, está apelando a un sentido común subiéndose a cierta información falsa que ha circulado en los medios últimamente. No se trata de liberar masivamente asesinos y violadores peligrosos sino de descomprimir una población que el gobierno anterior dejo en condición de crisis humanitaria.  Estamos hablando de una sobrepoblación del 100%. Entonces, frente a esta situación que ya era peligrosísima antes de la pandemia, quien no vea que en este contexto hace falta tomar decisiones y que esas decisiones no pueden ser otras que la de reducir las población carcelaria, es un necio y será responsable de las muertes que ocurran, no solamente de los presos sino también de los penitenciarios que están tan en riesgo como los presos.

¿Cuál es el partido que está jugando la Corte Suprema en el campo de la pandemia?

– Yo hace rato que digo que esta es una corte desprestigiada, una corte que adolece del pecado original de que dos de sus miembros hayan aceptado entrar por la ventana, ser nombrados por decreto por el presidente Macri. Es la corte que convalidó el 2×1 para genocidas y que después, para retractarse de lo que había hecho ante la respuesta popular, hizo algo peor, que fue aplicar retroactivamente una ley penal. Es una corte que le ha dado la espalda  a una jurisprudencia en materia de derechos sociales que había venido desarrollándose sobre todo con la corte de los siete miembros, esta es la pérdida más grande.

Creo que el gobierno debería pensar en ampliar la Corte, y en nombrar mujeres. Sería una buena señal para los tribunales inferiores y para todo el sistema de justicia. Tener una corte con paridad sería un gesto muy potente.

 

Ilustración: Marcelo Spotti

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