Por Gonzalo Manzullo y Mariano Vázquez | Australia, con una estrategia de semiconfinamiento, consiguió aplanar la curva de contagios de coronavirus. Con 25 millones de habitantes, registra al 13 de mayo 98 muertes y unos 6.980 contagios.

En esta entrevista exclusiva, Glenn Thomposon, de la directiva nacional del Consejo Australiano de Sindicatos (ACTU) y corodinador de la Red Sindical del Sur Global (Sigtur), analiza cuál es la situación en su país, las repercusiones para los trabajadores, y cómo será el mundo que la pandemia dejará. 

A pesar del coronavirus, en Australia las actividades económicas están en funcionamiento, ¿cómo es la situación en el país?

-La situación en Australia varía según la región. Mientras los casos de COVID-19 disminuyen y algunos estados registraron varios días seguidos sin contagios nuevos, las restricciones están retrocediendo lentamente. Nueva Gales del Sur (en el sureste de Australia) y en Victoria (en el extremo sur), que son los dos estados más populosos, han sido los más afectados por la enfermedad. La mayoría de las industrias continúan operando, ya sea con teletrabajo o en sus lugares habituales con la correspondiente adaptación que permita el distanciamiento físico.

¿Cuál es el rol de la clase trabajadora en este contexto y las principales demandas de ACTU?

-Las principales demandas de ACTU consisten en la licencia paga por enfermedad para asegurar que ningún trabajador disperse la enfermedad ante la falta de alternativa financiera que lo obligue a continuar trabajando. Por otra parte, exigimos las correspondientes regulaciones para la salud y seguridad en el trabajo, y la extensión de la notificación de enfermedad a los reguladores de salud y seguridad. ACTU también motorizó la demanda por un subsidio salarial a los trabajadores afectados por el COVID-19. Australia introdujo este subsidio por un monto de 1.500 dólares australianos cada quincena, no obstante, ACTU estima que cerca de un millón de trabajadores han sido excluidos por no cumplir con los criterios para cobrar este subsidio. Esto incluye, por ejemplo, a los trabajadores informales y migrantes.

¿Cuáles han sido los empleos más afectados?

-Los sectores más afectados son aquellos relacionados con el turismo, hotelería, recreación y deporte, y comercios minoristas.

¿Cuál debería ser el rol del Estado en este contexto y que es lo que ocurre en Australia actualmente, teniendo en cuenta la proliferación de tendencias, partidos y discursos de derecha en el mundo y también en la coalición que gobierna Australia?

-Creo que el Estado debería asegurar que la licencia por enfermedad ante el COVID-19 esté al alcance de todos los trabajadores, así como extender el alcance del subsidio salarial para que ningún trabajador sea excluido. En Australia, el discurso está virando actualmente hacia el debate respecto de las políticas post-pandemia. El gobierno de derecha quiere abandonar el subsidio salarial en cuanto se supere la pandemia y también reducir el monto del seguro de desempleo, lo cual significaría dejar un gran número de australianos en la pobreza. También asoma el riesgo de la emergencia de una batería de políticas de ajuste con el pretexto de solventar la deuda y el déficit generados por el combate a la pandemia.

¿Cómo evalúa la reacción internacional en este contexto?

El COVID-19 resultó en una ola de racismo y búsqueda de chivos expiatorios inflamado por los discursos de la derecha. Por tal razón, debemos ser activistas para combatir este racismo y asegurar que todos los trabajadores y las trabajadoras, sin importar su nacionalidad, sean apoyados por los gobiernos alrededor del mundo.

Usted es coordinador de Sigtur, ¿cómo califica el rol de esta red y las acciones en los países miembros?

-La información disponible y las acciones en cada país varían. Sigtur tiene un papel importante que jugar junto a otras organizaciones. La difusión de información, la solidaridad internacional y el apoyo entre nuestras centrales es fundamental en estos tiempos de incertidumbre y crisis. La pandemia ha puesto en primer plano el papel de los trabajadores. La crisis mostró que el experimento neoliberal, una vez más, abandonó a las grandes mayorías y sigue beneficiando a unos pocos. Mostró que es necesaria una reestructuración a nivel global de la configuración política para poner en el centro a los trabajadores en un contrato social que apunte a la justicia.

¿Cuál es la evaluación del pueblo australiano en cuanto a la respuesta gubernamental frente al COVID-19, teniendo en cuenta las críticas que la gestión actual recibió, por ejemplo, frente al manejo de los incendios en el país a mediados de agosto del año pasado?

-La respuesta del gobierno fue proactiva, incluyendo un diálogo social colaborativo con el movimiento sindical, focalizado en mantener los puestos de trabajo y la relación laboral. El movimiento sindical hizo una fuerte campaña para que los trabajadores y trabajadoras recibieran el 80% de su salario mientras no trabajaran por la crisis. Esto fue inicialmente rechazado por el gobierno pero más tarde aceptaron en introducir el subsidio salarial quincenal para cerca de 5 millones de trabajadores. Nuestra demanda y campaña continúa en tanto que sigue existiendo un millón de trabajadores precarios y migrantes que han sido excluidos. A diferencia de lo que sucedió durante los incendios, el Primer Ministro (Scott Morrison) fue proactivo y estableció un gabinete especial con los gobernadores de los Estados, transversal a las diferencias partidarias, que desarrolló una respuesta nacional y coordinada para pelear contra la pandemia.

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